No es exagerado decir que el estado de Guerrero enfrenta una de las etapas más cruentas de su historia contemporánea. Hubo gobernadores que no concluyeron su mandato constitucional, como fueron los casos de Rubén Figueroa Alcocer, por la matanza del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez y Ángel Heladio Aguirre Rivero, por la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
Paradójicamente, Aguirre Rivero remplazó a Figueroa Alcocer en 1996 y éste, a su vez, el 23 de octubre de 2014, concluyó abruptamente su período constitucional, que empezó el 1 de abril de 2011, al ser relevado por Rogelio Ortega Martínez.
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El gobierno inconcluso de Aguirre Rivero fue desastroso, en todos sus aspectos. Nada logró hacer bien. La pusilanimidad y su falta de capacidad para aplicar la ley fueron el común denominador de su nefasta administración gubernamental.
Permitió que el problema de la seguridad pública se saliera del control de su gobierno y que se desbordara la inseguridad en perjuicio de la sociedad guerrerense. Fue incapaz de garantizar, a ésta, el orden y la tranquilidad en su cotidianidad.
La desaparición y probable asesinato de los 43 alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa fue la gota de agua que derramó la inconformidad que sentía hacia su gobernador la sociedad de Guerrero.
Ortega dejó hacer y pasar todo lo imaginable y también lo inimaginable. Los índices de extorsiones y asesinatos callejeros se multiplicaron. La falta de voluntad y capacidad para gobernar, reiteradamente demostrada por el sustituto de Aguirre Rivera, impulsó la criminalidad e impunidad, en vez de abatirlas.
El nuevo gobernador, Héctor Astudillo Flores, apenas está por cumplir un mes en el cargo y se enfrenta a grandes y graves problemas cuya solución, en el corto plazo, es imprescindible. Se trata de la reconstrucción de la seguridad pública, el abatimiento de la violencia y el restablecimiento del Estado de Derecho.
Diariamente se cometen asesinatos en diferentes partes de esa entidad federativa, particularmente en Acapulco y Chilpancingo. La población de esas ciudades vive azorada. No sabe en qué momento la delincuencia puede aparecer.
El lunes 16 de noviembre, por la mañana, en el puerto de Acapulco, fue asesinado de varios impactos de bala, el ex director de Gobernación del municipio acapulquense, Felipe Loyo Malabar. Con el asesinato de este ex servidor público, suman 728 los crímenes cometidos en Acapulco, durante el tiempo que ha transcurrido del año 2015.
Este crimen sucedió 3 semanas después que el gobernador Astudillo Flores y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciaron la puesta en marcha, en el estado de Guerrero, de un plan de seguridad pública encabezado por el Ejército.
Guerrero, es la entidad federativa que registra el índice más elevado de homicidios dolosos en México. Cifras oficiales revelan que en este estado se cometieron alrededor de 2 mil asesinatos entre enero y septiembre de este año.
La población escolar del nivel de educación básica se ha visto afectada en la impartición de clases, no sólo por las protestas de la CETEG contra la reforma educativa, sino también a consecuencia de los actos de extorsión que comete la delincuencia organizada contra muchos profesores a quienes pretende arrebatar sus aguinaldos.
Por problemas de inseguridad, en 52 centros escolares, situados en el municipio de Acapulco, el personal docente suspendió sus actividades hace una semana. Fuerzas armadas federales implementaron un operativo para garantizar la seguridad en 120 planteles educativos.
Esta situación se está haciendo insostenible para la sociedad civil. La delincuencia organizada avanza sin que ninguna autoridad la detenga. Es necesario que las fuerzas armadas federales ─Ejército, Marina y Policía Federal─, la fuerza estatal y los elementos de las policías municipales, emprendan acciones coordinadamente para frenarla. No puede haber términos medios. Se actúa con efectividad o se incurre en una conducta implícita de complicidad.
Otro asunto que debe atender el gobernador Héctor Astudillo Flores, en forma prioritaria e inaplazable, es el que se refiere al restablecimiento del Estado de Derecho.
Para materializar este propósito se requiere aplicar la ley, sin distinción de ninguna índole. De tal manera que todo mundo la respete y quien la transgreda se atenga a sufrir las consecuencias inherentes.
Lo que en este sentido, haga o deje de hacer Héctor Astudillo, servirá para que la sociedad guerrerense conozca la calidad de gobernador que tiene para los próximos 6 años.
En las condiciones políticas que prevalecen en el estado de Guerrero, aplicar la ley requiere voluntad, firmeza y disposición a correr riesgos.
A partir de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, grupos de estudiantes y profesores han cometido delitos de diversa naturaleza tanto en Chilpancingo como en Acapulco, bajo el pretexto de que Vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. Delitos como ataques a las vías generales de comunicación, robo agravado en pandilla, ultrajes a la autoridad, daño en propiedad ajena y lesiones, entre otros más, que hasta ahora han quedado impunes en perjuicio de los agraviados.
Quienes cometieron esos delitos, todavía se encuentran indebidamente en libertad. No se les ha juzgado penalmente. Disfrutan de la impunidad que las autoridades les han obsequiado con su actitud irresponsable y permisiva.
Quienes se asumen como luchadores sociales, deben saber que si aprovechando su participación en eventos políticos donde se ejerce la protesta social, cierran calles y carreteras; roban autobuses de pasajeros; asaltan camiones distribuidores de alimentos o de cualquier otro tipo de mercancía; destruyen e incendian oficinas públicas o de partidos políticos; toman casetas de peaje para apropiarse del dinero recaudado o cometen cualquier otro tipo de delito, indefectiblemente, tendrán que responder de su conducta delincuencial ante las autoridades judiciales.
En tal caso, el gobierno de Héctor Astudillo, tiene que proceder obligatoriamente a aplicar la ley a quienes delincan. Lo mismo tiene que hacer con los delincuentes comunes y la delincuencia organizada. Sólo aplicando la ley irrestrictamente se podrá restablecer el inexistente Estado de Derecho en Guerrero.
Toda persona tiene derecho a ejercer plenamente y sin restricciones su libertad de expresión y de manifestación. Ninguna autoridad puede ni debe conculcarlos. Se trata de derechos constitucionales que son inatacables. Pero no se puede permitir que con el pretexto de hacer uso de ellos se cometa cualquier cantidad de delitos.
El gobernador Héctor Astudillo, si se decide a romper la permisividad con que actuaron sus antecesores y a aplicar la ley, puede pasar a la historia de Guerrero como un buen gobernador.