Existen reveladoras evidencias que demuestran que la relación del presidente Enrique Peña Nieto con el propietario de la constructora Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, va más allá, pero mucho más allá, del ámbito de la simple amistad.
Se trata de un nexo que públicamente se percibe como una relación de negocios coyunturales sospechosos entre un político, que desde el cargo gubernamental que ocupa y los que ha ocupado, ha tenido y tiene la posibilidad de influir en la asignación de trabajos de infraestructura y un empresario de la industria de la construcción a quien de manera preferencial le han otorgado numerosos y multimillonarios contratos de obra pública federal, en los estados de México, Querétaro, Nuevo León y Puebla, así como en la ciudad de México. Unos por adjudicación directa y otros mediante procesos licitatorios.
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Ahí radican y se fundamentan los sospechosos vínculos que evidentemente unen al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el próspero y afortunado empresario de la industria de la construcción. Vínculos que se iniciaron cuando Peña fue secretario de Finanzas de su tío Arturo Montiel Rojas, en la época que éste fue gobernador del estado de México en el período 1999-2005.
Esta relación se hizo más fructífera cuando Peña Nieto asumió la gubernatura de esa entidad federativa para el período 2005-2011.
Con la llegada de Peña Nieto a la Presidencia de la República la conexión con Juan Armando Hinojosa Cantú se potencializó y se volvió más productiva, en términos de contratos de obra pública y por consiguiente de utilidades financieras.
Utilizando como pantalla a la secretaría de Comunicaciones y Transportes y a su titular, Gerardo Ruiz Esparza, y aduciendo razones de seguridad nacional, Peña adjudicó directamente, al Grupo Higa, los trabajos relacionados con la obra de remodelación del hangar presidencial. Obra que no fue sometida a un proceso de licitación y cuyo costo oficial oscila en mil millones de pesos.
Con esta adjudicación el presidente Peña dio entrada a su contratista preferido al codiciado mundo de las obras públicas del gobierno federal.
Desde entonces ha continuado privilegiando ininterrumpidamente al Grupo Higa, que agrupa las empresas Constructora Teya, Autopistas de Vanguardia, IGSA, Publicidad y Artículos Recreativos, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Señales y Mantenimiento, además de otras como Eolo Plus, propiedad de su amigo –o socio– Juan Armando Hinojosa Cantú, otorgándole numerosos y cuantiosos contratos de obra pública y de prestación de servicios aéreos.
Un avión de la empresa Eolo Plus, antes mencionada, fue utilizado por Peña Nieto durante su campaña presidencial. Posteriormente ha proporcionado servicios aéreos a la secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En otro país, que no sea México. Donde nunca sucede nada y cuando sucede, nadie hace nada, la inocultable –y descarada– preferencia que durante más de 12 años ha demostrado Enrique Peña Nieto hacia el dueño del Grupo Higa, ya hubiera desencadenado una ola de protestas sociales, exigiendo el desafuero, investigación, remoción y hasta el encarcelamiento del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En Guatemala, por mucho menos, el presidente Otto Pérez Molina acaba de ser encarcelado. En México, paradójicamente, Enrique Peña Nieto goza de plena libertad para seguir atiborrando de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa Cantú. Llegó a tal grado de cinismo que lo tuvo como invitado de honor, en el Palacio Nacional, en ocasión de la lectura de su mensaje presidencial el 2 de septiembre.
Mientras Pérez Molina es acusado de participar en Guatemala en un fraude fiscal de 3 millones 700 mil dólares, de los cuales, según se dice, 1 millón 850 mil fueron para él y la expresidenta –también encarcelada– Roxana Baldetti, Peña Nieto asigna sospechosamente multimillonarios contratos de obra a un empresario de su predilección.
El que calla otorga…
Una nota de prensa del diario estadounidense The New York Times, fechada el 30 de julio de 2015, refiere que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el empresario de la construcción Juan Armando Hinojosa Cantú tienen una estrecha relación y que éste ha recibido del gobierno contratos de obra pública por alrededor de 2 mil 800 millones de dólares (equivalentes a 47 mil 600 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio de 17 pesos por dólar).
Aunque Peña Nieto probablemente no leyó la nota en los diarios del país, porque se sabe que no es adepto a la lectura (recuérdese que en la Feria Internacional de Libro de Guadalajara 2011, no pudo mencionar el nombre de 3 libros que hayan marcado su vida), alguien de su colaboradores debió comentarle la nota periodística del The New York Times.
Sabiéndose que en México está sólidamente arraigada la cultura del diezmo, que consiste en que los proveedores entreguen un moche (o comisión) del 10% a los servidores públicos que tienen la facultad de adjudicar contratos de obra pública o autorizar compras gubernamentales, resulta una ingenuidad creer que el presidente Peña Nieto no ha recibido ninguna retribución económica por parte del dueño del Grupo Higa.
Conociendo la forma como se desempeña en México la impresentable clase política (gobernantes, diputados, senadores, etc.) no creo que el presidente Peña Nieto sea una persona honesta. Dudo que no haya sido retribuido con importantísimas cantidades de dinero por parte del dueño del Grupo Higa. Su inocultable interés en beneficiar a las empresas propiedad de Hinojosa Cantú refleja que entre él y este señor existen intereses económicos muy profundos.
En estas circunstancias, el caso de la Casa Blanca que Hinojosa Cantú vendió a la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, aunque está valuada en 86 millones de pesos y la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, son peccata minuta. Ambos casos tienen un penetrante aroma a micro soborno.
En el asunto Peña Nieto-Hinojosa Cantú va a ser difícil realizar la auditoría que es deseable y necesario realizar. También es difícil proceder penalmente en su contra. Mientras sea Presidente de la República, en términos de la actual legislación, únicamente podría juzgársele por traición a la patria. No por otros delitos, debido a los huecos e insuficiencias que tiene la ley y conllevan a la impunidad.
Sin embargo, debe servir para detonar una reforma de la legislación del país. Impulsada por juristas independientes. Que no estén vinculados a gobernantes ni a partidos políticos. Debiendo empezar por introducir en la Constitución las figuras del desafuero y la revocación de mandato para el Presidente de la República.
Mientras esa reforma jurídica no se lleve a cabo, México estará en riesgo de seguir gobernado por más peña-nietos.