La transición mexicana desde un sistema autoritario de elecciones controladas y partido hegemónico a uno de elecciones libres y multipartidista fue un proceso largo y difícil. Nadie se imaginaba que el nuevo sistema iba a tratar de ser boicoteado por un grupo corporativo dentro del propio Estado, como ahora lo hacen algunos sectores de los maestros sindicalizados.
Las declaraciones y acciones de algunos grupos de este gremio en Oaxaca y Guerrero, y en menor medida en otros estados como Michoacán y Chiapas son insólitas. Han desafiado hasta al Ejército Mexicano, al desalojarlo de los consejos distritales del INE donde resguardaba el material electoral. Han cometido abiertamente delitos de muy diversos tipos. Y no pasa nada.
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En parte es el temor del Estado mexicano a aplicar la ley a movimientos más o menos masivos. Temor que en parte se comprende ante los movimientos de grupos muy desfavorecidos. Pero no es el caso de los maestros en Oaxaca y Guerrero. En el contexto de sus estados, de los más pobres del país, pueden considerarse hasta privilegiados. Gozan de un empleo estable y de salarios dignos, contrariamente a la mayoría de los oaxaqueños y guerrerenses. En algunos casos heredaron sus plazas, sin la menor prueba de que eran aptos para desempeñar el trabajo requerido. Estabilidad y buenos ingresos (relativos) a cambio de muy pocas exigencias.
Tan pocas que se niegan a ser evaluados. Otra piedra de escándalo. Las escuelas tienen entre sus actividades cotidianas la evaluación. Solo así es posible ver si los alumnos han adquirido los conocimientos y competencias que deben adquirir. Pero los supuestamente encargados de aplicar y transmitir esta cultura de la evaluación se han negado a la aplicación de leyes federales que, sensatamente, exigen que los profesores mexicanos sean sometidos a evaluación.
El caso se agrava porque no se trata de un sindicato cualquiera: es el de los empleados públicos encargados de la educación de los niños. Otro agravante es que se trata de los niños más pobres del país. La educación es el canal privilegiado para la movilidad social. Los hijos de familias pobres generalmente tienen solo una vía para dejar de ser pobres: educarse para abrirse paso en la vida. Los profesores de Oaxaca y Guerrero están cerrando ese camino.
Es significativo que el problema haya crecido en un gobierno federal priista. Se supone la existencia de algo así como un “gen priista”, con cualidades positivas y negativas. Entre las primeras estaría la capacidad de gobernar, de resolver problemas públicos complejos, como el que han creado las movilizaciones de los maestros del Pacífico Sur del país. Otros partidos, nacidos en la oposición, serían supuestamente menos hábiles que el PRI, nacido en el poder y habituado a enfrentar y resolver problemas públicos de todo tipo. Pero no ha pasado.
El sexenio pasado se habló de un Estado fallido, incapaz de poner en su lugar al crimen organizado. Ahora tenemos otra falla estatal, otra incapacidad de imponer la ley, el orden democrático y proyectos educativos que permitan a los mexicanos más pobres salir de su pobreza. No se trata de criminales que viven al margen de la ley comerciando sustancias prohibidas. Se trata de miembros del propio Estado, que viven de los recursos públicos, que supuestamente tienen una función pública que cumplir.
Reviso la página de internet de la CNTE y no encuentro argumentos que justifiquen su boicot al proceso electoral, ni su supuesta defensa de la educación pública, laica y gratuita. ¿Qué proponen en lugar de elecciones? ¿El viejo sistema priista? ¿Un sistema de partido único? ¿Un gobierno corporativo sin partidos? La única amenaza a la educación pública en todo este proceso parecen ser ellos. ¿Tienen realmente un proyecto educativo y político? ¿Solo defienden sus intereses corporativos? ¿Hay en sus acciones y dichos un nihilismo político que quiere llevarnos a una situación sin salida?