Al inicio de sus sesiones en septiembre del año 2012, las cámaras que componen la hexagésimo segunda legislatura del Congreso General promovieron una serie vertiginosa de reformas tendientes a que el país adaptara su organización institucional y su aparato productivo a las exigencias que llevaba consigo, en ese momento, inminente incorporación al Tratado Transpacífico de Comercio e Inversión; cuyas negociaciones, hoy por hoy, se encuentra entrampadas y en entredicho por la falta de aquiescencia a su adopción y suscripción final por parte del Senado de los Estados Unidos.
No constituye secreto alguno, el hecho de que el referido Tratado Transpacífico de Comercio e Inversión se habría erigido en un instrumento clave del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para contener el ascenso de China como potencia geopolítica, y que, sus lineamientos y postulados, estriban de manera fundamental en promover la más amplia desregulación y abaratamiento de costos laborales y ambientales que permitan optimizar utilidades a los consorcios que enfrentarán la competencia con China en los mercados que se abren al día de hoy en los litorales del Océano Pacífico y que se perfilan pujantes para el trascurrir de las décadas por venir del siglo XXI.
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Las diversas reformas en cuestión, han dejado sentir entre nosotros sus implicaciones de manera por demás variada, siendo, sin duda alguna, la que concierne a la educación pública la que mayor impacto y controversia social habría generado en nuestro diario acontecer.
Institución nacida en la etapa en que la industria exigía un mínimo de nivel estándar de preparación en el conjunto de la población, dada su base tecnológica de índole metal-mecánica, la escuela normalista se erigiría gracias a la visión Émile Durkheim durante la Tercera República Francesa, tomando los lineamientos de la educación que había sido promovida por la Iglesia, fundamentalmente bajo el liderazgo de la Compañía de Jesús; de suerte tal, que, la teología sería sustituida en las aulas por el estudio de la física, y en la misma tesitura la historia sagrada se sustituiría por el estudio de la historia patria y el latín por el de la lengua nacional.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y surgir nuevas formas de organización a la que Daniel Bell denominara con la expresión de “sociedad post-industrial”, La escuela se enfrentaría a una crisis profunda de la que saldría airosa como institución, al enfrentar una realidad que no había sido la que le habría dado origen, triunfo que se debe entre nosotros a la innegable visión de futuro de Jaime Torres Bodet, y que nos permite concluir que, si bien en cierto que la escuela como institución se encuentra en crisis en la era cibernética, también lo es que, no es reduciendo el gato público en educación, ni abaratando el costo laboral en dicha actividad como vamos a salirse adelante ante los retos que la referida crisis representa.
La tragedia vivida en Chihuahua por las familias que se vieron involucrados en el asesinato del niño Christopher Raymundo Márquez Alvarado da cuenta de la crisis social que la era digital comienza a perfilar, crisis que se incrementará sin duda alguna, ante un escenario de claudicación de las atribuciones gubernamentales en materia educativa, mismo que, por lo demás, no abonará a preservar o mejorará el tejido social a diferencia de lo que puede observarse en las escuelas públicas de la zona triquis de Oaxaca que, por cierto, sueles destacar ampliamente por sus resultados escolares.
Entronizar a nivel constitucional la inestabilidad laboral con miras a restringir el gasto público en educación, podrá claramente abaratar el gato corriente gubernamental, -si es que acaso resulta metodológicamente correcto contabilizar dicho rubro en el ramo concerniente al gasto corriente en vez de visualizarlo como inversión en capital humano-, sin embargo, lo que resulta claro a todas vistas, es que la astringencia presupuestal no nos permitirá afrontar mejor los retos que nos representa la denominada “sociedad del conocimiento”.
Abaratar costos para maximizar las utilidades de los consorcios de Norteamérica puede muy bien constituir una estrategia acorde a la decisión del Consejo de Seguridad Nacional de contener a China y a su asociación con Rusia y eventualmente con la India; estrategia que, ciertamente, no gravita en el mejor interés de México como sí lo haría el preparar a las generaciones futuras con miras a afrontar de denominada “sociedad del conocimiento” en un mundo multipolar y equitativo, al unísono de que se recompone el maltrecho tejido social del país.