David Korenfeld renunció a la dirección de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el uso privado de un recurso público: utilizó un helicóptero de la Conagua para las vacaciones de su familia. Vista de manera aislada la noticia parece muy positiva. Da la idea de un país intolerante frente al menor acto de corrupción. Vista en contexto no hay razones para mucho optimismo: lejos de ser parte de una norma en un país que no tolera la corrupción parece que este caso es una excepción, un accidente por el que se sancionó a un funcionario mientras que otros muchos quedan en la impunidad.
El accidente, la casualidad, fue que un vecino del ahora exdirector de Conagua fotografió al helicóptero y subió las imágenes a las redes sociales. Al escándalo siguió la renuncia. Los antecedentes de Korenfeld no son malos. Al menos lo que se ha publicado en la prensa habla de un funcionario capaz, experimentado, eficiente, sin antecedentes de corrupción, experto y autor de dos libros sobre el tema del agua. Lo que no justificaría de ninguna manera la utilización patrimonialista del helicóptero. Pero el problema no está ahí. Está en que el hecho de que la constatación del hecho fue accidental y excepcional.
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Lejos de estar frente una regla general por medio de la cual se persigue y castiga la corrupción, estamos pues frente a un caso excepcional. El funcionario perdió el piso y tuvo el descaro de cometer un acto que pudo ser fotografiado por un vecino. Ciertamente más que el acto, lo grave aquí es la actitud: utilizar un bien público para una necesidad privada, que es la definición clásica de corrupción. La cuestión es que la mayoría de los actos de corrupción no son así, públicos y a luz del día. Son calculados y cuidados para que no sean vistos ni dejen huella.
Por eso la mayoría son conocidos solo por sus resultados mediatos: políticos excesivamente enriquecidos. Eventualmente surgen publicaciones de propiedades de funcionarios y exfuncionarios públicos totalmente desproporcionadas respecto a sus ingresos. “Enriquecimiento inexplicable”, le llamó alguna vez la legislación mexicana. La expresión tenía sentido: un enriquecimiento que no se explica por los ingresos legales de la persona. Pero la explicación sí existía: ingresos ilegales. Bienes públicos convertidos en bienes privados.
Estamos lejos de un sistema institucionalizado que prevenga y castigue los actos de corrupción. Sí hay muchas normas enfocadas a esa prevención, pero son ineficaces para evitarla, y más bien complican y dificultan la labor de los funcionarios. Pero poco pueden con los especialistas en desviar los diversos fondos públicos en beneficio propio.
Falta mucho por hacer, pero hay al menos una sensibilidad pública, una “opinión” que ya sanciona este tipo de hechos. Hubo un tiempo en que hasta los presidentes de la república caían en el cinismo, como López Portillo, célebre por algunas frases como “el orgullo de mi nepotismo” o “si viola la ley, yo pago la multa”.
No hubo cinismo, no lo ha habido, en el caso de Korenfeld. Aceptó su error y las consecuencias del mismo. Renunció a su cargo a los pocos días hacerse pública la utilización del helicóptero. Aunque como caso es todavía excepcional y accidental, esperemos que sea una buena señal y el señalamiento de un rumbo hacia un control de la corrupción y de las actitudes patrimonialistas.