En nuestros tiempos, la combinación de reforma del Estado y globalización acentúa una nueva dinámica en gobiernos locales con mayores competencias y con similares recursos, pero, a la vez, con una mayor evaluación por parte de la sociedad.
La cuestión que se plantea es en qué medida estas innovaciones son adecuación al ajuste, descarga de tareas y responsabilidades del Estado nacional y provincial hacia las comunas o descentralización y mayor participación de los ciudadanos a través de las gestiones locales.
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En América Latina, las transformaciones estructurales de fines del siglo XX representaban graves amenazas a la integración social porque la ciudadanía, realidad inacabada, se enfrenta a situaciones cada vez más restringidas por diferencias socioeconómicas crecientes. Estos límites pueden, sin embargo, ser visualizados como desafíos en tanto obligan a reformular el ámbito de las prácticas sociales y abren oportunidades para una reorganización social, planteando condiciones favorables para que el eje de la política se desplace del ámbito estatal al ciudadano.
Aun cuando el Estado entra en crisis, se percibe que se abre un espacio para el surgimiento de nuevas formas de democracia directa o participativa consustanciadas con los movimientos sociales y en variadas formas de participación ciudadana, reproduciendo la solidaridad y fortaleciendo la articulación entre Estado y sociedad civil.
En el inicio de un nuevo milenio se plantea un orden mundial en el que la globalización y la competitividad, factores nucleares de la presente situación, quedaron consagrados como valores fundamentales, dejando atrás el proteccionismo del bienestar colectivo y la planificación, estableciendo nuevas relaciones en el escenario social.
El rol del Estado es redefinido perdiendo su capacidad reguladora y su soberanía económica y política desertando de sus responsabilidades fundamentales con consecuencias políticas y sociales graves. Se aceleran las tendencias hacia una progresiva subordinación de las políticas públicas a la lógica de los criterios de mercado, privatización del poder estatal por la erosión de la autonomía de los políticos electos y de los partidos políticos, y refuerzo del poder estructural de los sectores líderes empresariales.
Si bien los ajustes se realizan para hacer frente a los compromisos externos, se presenta ante la sociedad como necesaria y única alternativa para impedir el caos hiperinflacionario, transfiriendo a las familias y la comunidad responsabilidades referidas a la cobertura de necesidades básicas que pertenecían a la esfera pública.
A partir de las reformas del Estado que se inician a fines de los 70 y se profundiza en los 90, en el gobierno se traslada las competencias a los gobiernos provinciales y éstos a su vez a sus municipios en un marco de descentralización y mayor participación ciudadana como uno de los factores de la consolidación del sistema democrático.
Estos límites, pueden ser visualizados como desafíos. El aspecto de las fronteras del poder obliga a reformular el ámbito de las prácticas sociales que se orientan a ejercer influencia. La invasión de la mercantilización en las relaciones sociales lleva a conceder expresa atención a la institucionalización de lugares y espacios sociales de tipo comunitario, donde los individuos puedan establecer libremente sus finalidades y desarrollar las prácticas adecuadas para alcanzarlas.
José Enrique Ortiz Rosas
Licenciado en Administración de Empresas y
Especialista en Administración Pública y Planeación Estratégica