En el ámbito de la educación la semana pasada transcurrió teniendo como macabro y deprimente tema central el caso del asesinato y desaparición forzada de alrededor de medio centenar de estudiantes normalistas de Ayotzinapa a manos de la asociación entre la policía municipal de Iguala, Guerrero –con la presunta y cada vez más probada participación del alcalde y su esposa- y un grupo de la delincuencia organizada.
Expresamos ya en el artículo anterior la condena hacia este hecho inaceptable en el que a través de la violencia hacia la juventud se manifiesta la terrible señal de una sociedad en descomposición que parece estar cancelando las posibilidades de un porvenir democrático, justo y humano.
Más artículos del autor
En la opinión pública se han multiplicado las expresiones de rechazo, protesta y exigencia de justicia en este caso que entre más se investiga aporta datos más aterradores sobre el nivel de deshumanización en que ha caído nuestra sociedad mexicana en estos años de degradación del Estado y empoderamiento de la delincuencia organizada que ha infiltrado prácticamente todas las estructuras institucionales.
Sin embargo, en una sociedad polarizada por las disputas políticas de los sexenios recientes y por las luchas de poder derivadas del largo proceso de crisis del antiguo sistema autoritario que aún no acaba de morir para dar paso a un sistema más claramente democrático, resultan preocupantes dos tendencias opuestas que pueden tener como consecuencia visiones subjetivas acerca de la exigencia de justicia que pueden entorpecer el urgente proceso de lucha contra la impunidad en México.
Estas tendencias pueden ser caracterizadas de manera sintética como la de una especie de canonización o mitificación de las víctimas y la de un tipo de criminalización de los afectados por la violencia.
En efecto, del lado de las expresiones que podrían denominarse progresistas o de izquierda, de las que simpatizan con las causas de los normalistas, los profesores de la CNTE y todos los grupos opositores al gobierno, se pueden ver múltiples expresiones en las que pareciera que la condena a las desapariciones y asesinatos de los estudiantes fuera dependiente de la nobleza y perfección de su comportamiento.
Un ejemplo concreto de esta tendencia es el artículo titulado: “Conoce el proyecto normalista de Ayotzinapa y por qué ha incomodado siempre al poder político y al narco en México”, publicado en la página de Radio Villa Francia y que fue compartido por muchas personas en las redes sociales.
“La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es un modelo de educación popular, autogestionada, horizontal y consciente que es digna de admirar…” señala esta publicación que plantea que por esta razón la normal ha sido “…Constantemente atacada por el abierto carácter combativo y los altos niveles de conciencia política de sus estudiantes…”
En estos términos elogiosos y acríticos esta planteada toda la nota que omite hablar del proceso de deterioro notable del nivel académico de esta y las demás normales rurales del país que respondieron a una necesidad de formación de docentes en un momento histórico determinado posterior a la revolución mexicana pero que desgraciadamente, como muchos otros proyectos positivos en su origen, se fueron pertirtiendo por el prdominio de lo político sobre lo académico hasta llegar a la situación actual en la que lo que menos se hace en estas instituciones es formar profesores con el nivel profesional que requiere nuestro país.
Se deja de lado también, por supuesto, el activismo político de los normalistas de Ayotzinapa que se hace usando medios que violan la legalidad y muchas veces promueven la violencia, lo que derivó el doce de diciembre de 2011 en la muerte de dos estudiantes y la de un empleado de una gasolinera que intentó sofocar un incendio que provocaron deliberadamente los normalistas.
Pero del lado opuesto, entre los grupos que pueden llamarse conservadores, surgen posturas que resaltan estos ángulos violentos y negativos del actuar de los normalistas y de otros grupos opositores al gobierno como si estos factores justificaran o al menos hicieran menos graves los acontecimientos ocurridos en Iguala.
Para muestra este cartón del excelente caricaturista Calderón en el diario Reforma de ayer donde se destacan los actos de ilegalidad y violencia de estos grupos y se afirma textualmente: “Cualquiera diría que si no se delinque no se tienen derechos humanos…”
Si queremos realmente cambiar este país, si deseamos construir una sociedad plenamente democrática resulta indispensable que tengamos claro que la exigencia de justicia no depende del grado de bondad o de pureza de intenciones y acciones de los normalistas o de cualquier otra víctima de violencia, sino de la necesidad de construir un país en el que las policías se dediquen a proteger a los ciudadanos y no a secuestrarlos y asesinarlos en complicidad con los delincuentes.
Los que creemos en la posibilidad de que en México se viva un verdadero estado de derecho tenemos que dejar muy en claro que la condena a los asesinatos y desapariciones de estos jóvenes no depende de que el proyecto de la normal rural de Ayotzinapa sea ejemplar o necesite urgentemente de reformas sino de la convicción objetiva de que una sociedad democrática y moderna no puede tolerar la impunidad y el desprecio por la vida humana, no puede permitir que la autoridad se dedique a proteger a grupos de narcotraficantes, secuestradores y asesinos en lugar de cumplir con su obligación de brindar seguridad y justicia a los ciudadanos.
La lucha contra la impunidad, la exigencia por esclarecer estos hechos y castigar ejemplarmente a los culpables, la causa de defensa de los derechos humanos de estos jóvenes desaparecidos y de cualquier ciudadano pasa por la convicción de que la justicia debe ser objetiva –sin adjetivos- y trasciende por tanto los dos extremos que encontramos hoy en los medios. Ni canonización de las víctimas ni criminalización de los afectados por la violencia.