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Política
El presidente del Congreso del estado, señala que los legisladores del blanquiazul deben cabildear y defender el DAP
Foto / Agencia Enfoque
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, advirtió que dependerá de los diputados del PAN la aprobación del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) 2023 para el municipio de Puebla.
Luego de que el alcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez, del PAN, anunció que pedirá al Congreso la aprobación del DAP para el siguiente año, Céspedes señaló que los municipios deben solicitar el cobro del alumbrado, sin embargo, en el caso específico de la capital dijo que dependerá del respaldo y cabildeo de los nueve diputados panistas.
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“Yo creo que sus legisladores consideraron que no le hacía falta más recursos al ayuntamiento de Puebla, si sus legisladores, de su mismo color no consideraban eso, nosotros estábamos de acuerdo con ello”, sostuvo.
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En conferencia de medios, el también coordinador de Morena insistió en que si los diputados locales del PAN consideran que al ayuntamiento de Puebla le hacen falta recursos deben respaldar al alcalde Eduardo Rivera.
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Céspedes Peregrina sostuvo que, en el Congreso del estado, además de que los diputados legislan para todos los ciudadanos, también hacen política y existen representaciones de todos los partidos políticos.
“Creo que sus legisladores son los que tendrían que defender sus causas, pero si ellos mismos dicen: no hay necesidad de que tenga más recursos, pues les creemos. Son los que tendrían que estar impulsando”, expuso.
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Los nueve legisladores panistas son Oswaldo Jiménez López, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Rafael Micalco Méndez, Guadalupe Leal Rodríguez, Erika Valencia Ávila, Nancy Jiménez Morales, Eduardo Alcántara Montiel, Karla Rodríguez Palacios y Aurora Sierra Rodríguez.
La madrugada del 24 de diciembre de 2021, 34 diputados locales negaron el cobro del DAP a los alcaldes panistas Eduardo Rivera Pérez, de la capital; Paola Angón Silva, de San Pedro Cholula, y Edmundo Tlatehui Percino, de San Andrés Cholula, sin embargo, sí lo autorizaron a 141 ayuntamientos.
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Luego de esto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que el cobro contraviene el derecho a la seguridad jurídica. A la fecha los recursos no se han resuelto.