La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó los cobros de alumbrado público de 15 municipios de Puebla, aprobados por el Congreso del estado en las leyes de ingresos de este año.

El alto tribunal del país declaró inconstitucionales los cobros debido a que representan un impuesto que solo puede fijar el Congreso de la Unión.

Los ministros concluyeron que el poder Legislativo local (con mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia) invadió las facultades de la Legislatura federal y transgredió el derecho a la seguridad jurídica.

El revés a los diputados poblanos se dio como resultado de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La resolución se dictó en el juicio 97/2020, que tan solo es una de las 13 acciones de inconstitucionalidad que la CNDH ha promovido contra la legislatura actual.

El fallo se suma a las dos suspensiones que la Corte ha impuesto este mes al poder Legislativo, para que se abstenga de declarar la desaparición del Cabildo de Tehuacán.

Cobraban luz en 15 municipios

La SCJN invalidó el artículo 21 de las leyes de ingresos de 15 municipios, donde hasta ahora los ayuntamientos habían cobrado el alumbrado público a la ciudadanía.

Se trata de Xochiltepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Xochitlán Todos Santos, Yaonáhuac, Yehualtepec, Zacapala, Zapotitlán, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zinacatepec, Zongozotla, Zoquiapan y Zoquitlán.

La Corte concluyó que los cobros representan un impuesto a la energía eléctrica que debe cobrar la Federación, no los ayuntamientos, además de que establecer las tarifas le toca al Congreso federal, más no al local.

La CNDH impugnó los artículos de las leyes de ingresos al señalar que violentaban el derecho a la seguridad jurídica, lo cual fue confirmado por el máximo tribunal del país.

En razón de la anterior la SCJN ordenó cancelar los cobros y al Congreso le ordenó “abstenerse” de aprobar algo similar en el futuro.

El año pasado el poder Legislativo ya había sido reconvenido por aprobar cobros excesivos del servicio de transparencia en municipios, mismos que también fueron invalidados.

Las leyes de ingresos municipales se aprueban cada año por los Cabildos y son enviadas al Congreso del estado, donde los diputados deben revisarlas y aprobarlas para que surtan efectos los cobros y tarifas que contienen.