El exmagistrado Carlos Loranca Muñoz impugnará la inhabilitación de 15 años que le impuso el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), denunció ilegalidades en su proceso y culpó de éste al difunto exgobernador Rafael Moreno Valle.


En el programa Ante la Corte, de e-consulta, por primera vez habló de la investigación en su contra derivada del escándalo por su vínculo empresarial con Othón Muñoz Bravo "El Cachetes", detenido el 20 de agosto de 2017.

A tres años y medio de la detención del gasolinero por posesión de droga y armas de uso exclusivo del ejército, el magistrado denunció "linchamiento mediático" en su contra y una serie de anomalías en el actuar del CJF.

 

Tras la sentencia en su contra anunció que impugnará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demandará al juez que resolvió su caso y demandará a más de 30 medios de comunicación locales y nacionales que lo vincularon con el crimen, sin pruebas.

Distractor de Moreno Valle

Loranca Muñoz se dijo víctima de Moreno Valle y el exsenador Javier Lozano Alarcón, a quienes acusó de filtrar información y orquestar el "linchamiento" en su contra como distractor, pues también tenían vínculos con "El Cachetes".

e-consulta documentó en 2017 que Muñoz Bravo colaboró en 2010 en la campaña de Moreno Valle a la gubernatura, y días antes de su detención apoyaba la aspiración presidencial del exmandatario, mientras que el periódico Central ventiló que Lozano Alarcón recibió del empresario una camioneta valuada en 1 millón de pesos.

A pesar de estos vínculos, reprochó que medios locales y nacionales solo se centraron en él para desviar la atención, porque Moreno Valle andaba de gira por todo el país en busca de la candidatura presidencial del PAN.

El exmagistrado vio el acto como venganza de Moreno Valle, con quien tuvo un diferendo en 2011, durante una comida a la que acudieron más de 40 jueces y magistrados federales.

Admitió que la reunión fue organizada por él porque era presidente nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados y hubo insistencia del entonces gobernador y su secretario de Servicios Legales, Juan Pablo Piña Kurczyn.

Aunque la comida fue pactada como acercamiento entre el gobierno estatal y los jueces, Loranca dijo que Moreno Valle se puso a "dar órdenes" de resolver a su favor los futuros pleitos que habría con el empresario Ricardo Henaine Mezher por "Valle Fantástico".

Loranca Muñoz afirmó que ante todos enfrentó al mandatario para defender la autonomía de los jueces; algunos lo respaldaron y otros prefirieron abandonar el lugar, pero esto provocó su enemistad con el gobernador.

Relación con "El Cachetes"

Loranca Muñoz aseguró que gracias a Lozano Alarcón conoció a "El Cachetes" y en 2014 se asoció con él para instalar una gasolinera en Acajete, en un predio de 2 mil metros cuadrados. El magistrado puso el inmueble y el empresario 6 millones de pesos de infraestructura.

La sociedad entre ellos duró tres años y afirmó que la abandonó en julio de 2017, un mes antes de la detención de Muñoz Bravo.

Con el escándalo nacional, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió iniciar un proceso administrativo en su contra y lo envió a un juzgado de distrito en Chihuahua mientras realizaba las investigaciones.

Dos meses después fue suspendido del cargo durante tres años, aunque con un sueldo mensual de 30 mil pesos, ya no de 180 mil.

El pasado 24 de febrero el CJF lo sentenció con la destitución y una inhabilitación de 15 años para ejercer cualquier cargo público, por no incluir en sus declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016 el valor de 6 millones de pesos del predio de la gasolinera que tuvo con "El Cachetes".

Denuncia anomalías

Loranca Muñoz dijo que en sus declaraciones incluyó el predio, pero con su valor rústico, de 1 millón de pesos, ya que la infraestructura de la gasolinera que elevó el valor a 6 millones no era de él, sino de Othón Muñoz.

Vio como excesivo el fallo en su contra porque nunca se había destituido e inhabilitado a un magistrado por una "error" en su declaración patrimonial, además de que se cambió dos veces la línea de investigación antes de tener sentencia.

El proceso administrativo inició para investigar posibles vínculos criminales, pues "El Cachetes" fue señalado de robo de combustible, pero a falta de pruebas solo fue vinculado a proceso por posesión de drogas y armas, sin embargo, luego de un año fue liberado.

Como no se encontró relación con el crimen, Loranca Muñoz denunció que, sin emitirse un fallo del primer proceso, se le inició otro, bajo la acusación de que había dictado sentencias para beneficiar a Muñoz Bravo y otros empresarios.

Al no hallarse pruebas tampoco de esto, se comenzó a investigar su patrimonio y ahí fue donde se detectó la incongruencia en el predio que derivó en la suspensión e inhabilitación.

Impugnará y demandará

Luego de 3 años y medio, tras ser destituido por algo muy diferente de lo que fue acusado y con "El Cachetes" en libertad, el exmagistrado anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la resolución en su contra, a fin de recuperar su cargo.

También reveló que demandará al juez que se encargó de su caso, por presunta fabricación de pruebas y falsos testimonios, además de que demandará o por daño moral a más de 30 medios de comunicación que lo señalaron como probable criminal y lo vincularon con el robo de combustible.