La centralización de compras consolidadas de medicamentos por el gobierno federal, propició su desabasto pues no se consideró quiénes serían los nuevos proveedores ni si había tenían la capacidad para atender la demanda de los hospitales y de distribuir en todo el país.

Dos años después de esa crisis, cientos de familias afectadas han interpuesto amparos, quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denuncias penales e incluso una petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para Enrique Martínez director del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica (Inefam), este nuevo modelo de compras no ha sido “exitoso” debido a que “lo hicieron sobre la marcha, con un mal diseño, solicitando mal las claves, definiendo precios que no eran consistentes con el mercado”.

A comienzos de 2019 no había un problema grave de desabasto, ya que la demanda de medicamentos se suplió con los procedimientos de compra del IMSS de 2018, en los que participó el equipo de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Casi dos años después de que la SHCP obtuvo el control, esta pretendida cruzada anticorrupción la pagaron los pacientes, debido al desabasto de medicinas. Además, se incrementaron la opacidad y las adjudicaciones directas, hubo investigaciones de mercado incompletas, compras con defectos y retrasos en la publicación de las convocatorias que llevaron a cifras récord de claves desiertas, según una información del diario El Universal.

De acuerdo con  funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Salud (Ssa) y del IMSS, este retraso fue provocado por la Oficialía Mayor pues los asesores en compras desconocían la materia: “Los de Hacienda querían demostrar que podían comprar medicamentos genéricos más baratos y que a los de patente le podían bajar el costo a la distribución”, expresó un ex funcionario de la Ssa.

“No sabían a lo que se enfrentaban, ese es el tema llegaron a un proceso con muy poca planeación (...) buena intención, torpe ejecución”, agregó otro ex servidor público de la Ssa.