El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta argumentó que por la contingencia sanitaria su administración determinó dejar en reserva obligatoria los nombres de las empresas y proveedores que han suministrado bienes y servicios para atender para atender la emergencia provocada por el Covid-19, así como los costos unitarios y marcas de los equipos médicos y hospitalarios que se adquirieron.

Esta información, justificó, se difundirá en el portal electrónico estatal, una vez que transcurra la emergencia. Ya quisiera e-consulta tener esos datos para hacer notas.

Cuauhtémoc Cruz Isidoro, secretario del capítulo en Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), descartó que la contingencia sanitaria amerite la reserva de la información mencionada, y consideró que, por el contrario, ello vulnera el derecho a la información.

Fue este jueves, cuando el gobierno estatal Puebla presentó un portal electrónico para dar a conocer los gastos durante la contingencia, los cuales ascienden a 1 mil 145 millones de pesos, pero sin reportar el nombre de los proveedores, cantidades de los artículos que se adquirieron y tampoco el procedimiento de la compra.

Transparencia opaca

En su conferencia de prensa de este viernes, Barbosa refirió que los datos mencionados no fueron publicados, debido a que es información sensible que es necesario mantener en la reserva durante la contingencia por el Covid-19.

“La parte que no está publicada, es de reserva obligatoria en este momento, después serán ya puestos y entregada la información”, refirió.  

Interrogado sobre el tema, el representante de la AMEDI refirió que el portal en cuestión representa un ejercicio de “transparencia opaca”, ante los faltantes mencionados.

Señaló que para cumplir cabalmente con la transparencia, es necesario difundir los contratos que se han firmado para la compra de insumos durante la contingencia, incluso, comentó que no hay formatos de datos abiertos, pues solo se publicaron formatos en Excel que son copias de archivos PDF.

Indicó que al no conocer los nombres de las empresas con las que se han adquirido los productos, no se conoce si estas son confiables o no.

El especialista indicó que no es posible hablar de un perjuicio por difundir la información en cuestión, pues no hay ninguna prueba de daño, por el contrario, hay una reserva discrecional.

En ese sentido, refirió que es necesario que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), tenga una participación más activa para exhortar al gobierno estatal a transparentar los contratos de las compras.