El Congreso de Puebla aprobó reducir el costo de la entrega de información pública a ciudadanos, tras el llamado de atención que recibió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2019.

En septiembre el máximo tribunal invalidó por "excesivos" los cobros de los ayuntamientos (que fueron validados por los diputados), así que este viernes el Poder Legislativo por fin corrigió la legislación estatal.

Antes se pagaba una cuota fijada a discreción por los municipios, pero ahora solo se cubrirá el costo real de los medios por los que se proporcione la información, ya sea un disco compacto, hojas de papel simples o copias certificadas.

Por ejemplo, hasta 2019 los ciudadanos de Puebla tenían que pagar 55 pesos por recibir información pública en un disco compacto, o 33.50 pesos por cada hoja digitalizada, lo cual era "desproporcionado", de acuerdo con la resolución de la Corte. 

La reducción de precios se concretó este jueves al reformarse la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla durante la sesión ordinaria del pleno realizada por internet.

Con 35 votos a favor, 5 abstenciones del PRD, MC y CPP, así como un voto en contra de José Juan Espinosa Torres (del PT), se avaló que los ayuntamientos, dependencias de gobierno u organismos descentralizados solo cobren a los ciudadanos el costo comercial de los materiales que se utilicen.

Las reformas aprobadas

Para la nueva disposición se agregó un párrafo al artículo 162, que dice: "en caso de existir costos de reproducción para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega, y no podrán ser superiores a la suma del costo comercial de los materiales utilizados".

En el mismo se precisa que, si los ciudadanos solicitan el envió de la información por paquetería, el costo de este servicio también deberá ser cubierto por ellos.

Corrigen diputados tras regaño de SCJN

Las modificaciones a la Ley de Transparencia se avalaron tras el llamado de atención que hizo la SCJN al Congreso del estado, pues en su fallo lamentó que el año pasado los diputados hayan aprobado los cobros que impusieron los municipios sin tomar en cuenta que esto obstaculiza el derecho al acceso a la información pública.

Por ello urgió a los diputados locales a corregir la legislación local y "abstenerse" de aprobar en el futuro cobros excesivos e injustificados.

La sentencia emitida por la Corte el 4 de septiembre fue resultado de cinco acciones de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso contra las leyes de ingresos de 109 municipios poblanos.