El PRI en Puebla conserva como militante al exgobernador Mario Marín Torres y exigió al gobierno federal no ejercer persecución política en su contra, luego de que hace unos días le fueron congeladas sus cuentas bancarias a casi a un año de permanecer prófugo de la justicia.

El delegado nacional Américo Zúñiga Martínez declaró a e-consulta que el exmandatario no ha sido expulsado del partido, e incluso dijo desconocer si por lo menos existe un proceso de expulsión, como anunció el año pasado el exdirigente estatal, Lorenzo Rivera Sosa.

En entrevista descartó que la suspensión de las cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sean una “cortina de humo” del gobierno federal ante la contingencia por el Covid—19, pero puntualizó que su partido estará pendiente de que el asunto no se utilice con fines de distracción.

Si bien sentenció que el tricolor “no va a defender a nadie”, pugnó porque el exgobernador sea investigado y, en su caso, juzgado conforme a derecho.

El exalcalde de Xalapa advirtió que los priístas no van a permitir que por razones políticas no se respeten las garantías de alguno de sus miembros.

“Creemos que debe haber estado de derecho, no vamos a defender a nadie que haya cometido un ilícito, pero siempre vamos a exigir que se respete el debido proceso y las garantías constitucionales; no vamos a permitir que por cuestiones de naturaleza política haya excepciones y no se respeten”, enfatizó.

Aunque demandó que la justicia se aplique “sin miramientos políticos”, sostuvo que no tiene mayor información sobre la situación del exgobernador dentro del partido y tampoco por la vía jurídica.

El 15 de abril del 2019 se confirmó la orden de aprehensión contra Marín Torres por el delito de tortura en agravio de Lydia Cacho Ribeiro, desde entonces se encuentra prófugo, aunque la periodista ha denunciado repetidamente en redes sociales que el exmandatario se encuentra en México y es protegido por autoridades estatales y federales.

El pasado 22 de marzo la UIF, órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ordenó congelar las cuentas del exgobernador, derivado de una investigación por lavado de dinero y delitos fiscales.

La misma medida se aplicó al empresario textil Kamel Nacif Borge y al exdirector de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, ambos también involucrados en el caso de tortura en contra de Cacho Ribeiro.