Durante los 71 años de PRI, a partir de 1929, los 14 presidentes de la República vulneraron el federalismo mexicano y la soberanía de los estados. En Puebla, de 1957 a 1975, hubo ocho gobernadores entre interinos y sustitutos, es decir, dos años y tres meses por gobernador.

 En el centro de los conflictos gubernamentales, de manera recurrente aparecieron maestros y estudiantes universitarios. En 1960, el poder central decidió la destitución del gobernador Fausto M. Ortega, en medio de una crisis política, surgida por inconformidades en la base estudiantil de la Universidad Autónoma de Puebla.

Díaz Ordaz no salvó a Nava Castillo

Apenas cuatro años después, en 1964, el general Antonio Nava Castillo, abdicaba también a la gubernatura poblana. El motivo, su necedad de obligar a los lecheros de Cholula y Chipilo a vender toda su producción a la empresa que beneficiaría a su amigo Eduardo Cue Merlo. Apoyada la industria lechera por los estudiantes carolinos, de la Universidad Autónoma de Puebla, Nava Castillo dimitió sin que su paisano Gustavo Díaz Ordaz, presidente electo, pudiera salvarlo.

En el sexenio de Luis Echeverría, Puebla sufrió y soportó la caída de cuatro gobernadores. El primero fue el prestigiado doctor y general Rafael Moreno Valle por severas diferencias con el mesiánico Presidente.

Mario Mellado únicamente fungió un mes como gobernador, en tanto el sustituto del sustituto, Gonzalo Bautista, apenas pudo sostenerse 13 meses en el cargo. Concluyó el sexenio Guillermo Morales Blumenkron con menos de dos años en el cargo.

Apenas hace unos días el espurio y desquiciado gobernador Miguel Barbosa, ya tuvo la primera llamada del poder estudiantil universitario. Le reclamaron su incapacidad para frenar y contener a la Puebla bañada en sangre por el serial de feminicidios, levantones, atracos y demás actos delincuenciales. La última fue el reclamo airado de la muerte de tres estudiantes de medicina y un conductor de Úber.

Marchan más de 100 mil universitarios

La capacidad de convocatoria de los jóvenes universitarios fue de antología. Participaron en la magna protesta, más de 100 mil estudiantes de 80 universidades, y como rasgo distintivo, el apoyo de universitarios de los estados de Tlaxcala, Veracruz y Jalisco. El fantasma de la caída de Fausto M. Ortega en 1960 y de Antonio Nava Castillo en 1964 se le aparece a Barbosa Huerta ahora en el 2020.

Para enfrentar las protestas y reclamos, Luis Miguel Barbosa textual afirma: “No me estoy escondiendo, y estoy desmontando el sistema corrupto que existe en la entidad”. Lo malo es que Barbosa quiere desmontar (sic) un sistema corrupto y fundar el propio que le dé el control de ese sistema corrupto.

En Chiapas, partidas alteradas, usurpación de funciones

Para combatir la delincuencia habilitó a sus propios delincuentes. Importó del estado de Chiapas, al funesto ex procurador Raciel López Salazar entrenado para perseguir, encarcelar y reprimir a críticos y opositores de los dos mayores ladrones en la historia de Chiapas: Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello.

Por hoy apenas algunas de las veleidades del pillo López Salazar, al frente de la “procuración de justicia en Chiapas” y hoy de la seguridad pública en Puebla. Con el pretexto del combate a la delincuencia organizada, se le creó su propio Comité Técnico de Adquisiciones para evitarle pasar por engorrosos trámites de licitaciones públicas estatales y nacionales y así disponer sin restricciones de un fideicomiso cercano a los 100 millones de pesos anuales.

Bajo esa flexibilidad, los precios de cada producto se pagaron hasta en un 100 y 150 por ciento por arriba de su valor real. Ahí está documentado, con número de adquisición y empresa, la compra de armamento, medios de radio comunicación, sistemas de video cámaras para seguridad, aparatos para interceptar ilegalmente llamadas telefónicas y equipos para detección de armas, drogas y dinero en carreteras, descompuestos de inmediato por su mala calidad.

Raciel López Salazar dispuso indebidamente del fideicomiso contra la delincuencia organizada. Bajo el rubro y el pretexto de estímulos mensuales, superiores a los 30 millones de pesos, compensó a sus más cercanos colaboradores. Emitió ilegales acuerdos para autorizar 500 mil, 400 mil, 250 mil, y 230 mil pesos, en vía de compensación por operativos exitosos, como si sus fiscales hubieran trabajado de gratis. Con ello Raciel usurpó funciones del Congreso del Estado, al alterar las partidas presupuestales autorizadas.

López Salazar, jamás aclaró la adquisición del helicóptero Bell-407 pagado dos veces. Una, con cargo al fondo estatal contra la delincuencia organizada y otra con el fondo federal de aportaciones para la seguridad pública.

Raciel también violó permanentemente la Constitución de Chiapas. Nombró fiscales de distrito a sus incondicionales aun cuando no cumplían con el mandato de haber nacido en Chiapas. Uno de los mayores beneficiarios fue su compadre Sergio Iván Cruz Ledezma, siete veces como encargado de una fiscalía para evadir el dispositivo constitucional, y a pesar de estar indiciado con averiguación previa en la Procuraduría General de la República.

Son ríos de tinta los que pueden escribirse sobre el nefasto ex procurador de Chiapas, hoy encargado de velar por la tranquilidad de los poblanos, cuando que Raciel es miembro conspicuo de la delincuencia organizada.
 

Un gobernador cada dos años, en promedio

En una alocución sin precedente, Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que la muerte de Rafael Moreno Valle y de su esposa Martha Erika Alonso, fue castigo de Dios porque “me robaron la elección”.  Interpretada a contrario sensu su infortunada declaración, ahora Miguel Barbosa se dice protegido de Dios al hacerlo gobernador para desgracia de los poblanos.
Pero que no alucine Barbosa. El repudio a su candidatura se dio en las urnas, en silenciosa protesta, ante la posibilidad de que la tragedia de los Moreno Valle haya sido un atentado y no un accidente.  Los resultados electorales exhiben una frágil gubernatura en decadencia.

El padrón electoral de Puebla es de 4 millones 667 mil electores. La abstención para hacer gobernador a Barbosa fue del 70 por ciento. Ello quiere decir que sólo un millón 400 mil ciudadanos sufragaron el día de la elección, en tanto que 3 millones 267 mil se abstuvieron de hacerlo. Lo malo fue que por Barbosa votó apenas el 44 por ciento del padrón (620 mil votos), lo que significa únicamente el 12 por ciento de los electores. Algo así como espurio, ilegítimo y sin el apoyo de Dios.

Pero Barbosa Huerta también es usurpador de profesión. Asegura que estudió derecho en la Universidad Autónoma de México. Durante toda la campaña el ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla, el candidato del PRI, Enrique Doger Guerrero y la candidata del PAN Martha Erika Alonso le exigieron la presentación de su cédula profesional. Nunca la exhibió y profesiones certificó la inexistencia del documento que lo acreditara como profesionista.

Curiosamente lo mismo ocurrió con Pablo Salazar en Chiapas, cuando candidato en el 2000 por el PAN, PRD, y el Verde. El mismo Doger Guerrero, entonces rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, extendió constancia de que el título y la cédula profesional de Pablo eran falsos, y que de 56 materias sólo había aprobado 22. Simpática coincidencia que los últimos 4 gobernadores de Chiapas y Barbosa de Puebla sean una farsa académica.

Otra curiosa casualidad entre Chiapas y Puebla es el tránsito de 11 gobernadores en 24 años. Ello hace un promedio de 2 años, 2 meses por gobernador en Chiapas, casi igual a lo ocurrido entre 1957 y 1975 en Puebla.