La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó una serie de historias que demuestran la forma en la que se compra y se vende el agua sin que el Estado proteja los recursos naturales.

La explotación irregular del agua ocurre debido a que el sistema de concesiones tiene fallas y a que los gobiernos no aplican la ley de manera correcta.

En 1992 se creó un reglamento para entregar concesiones de agua y desde entonces se denunció que tenía fallas.

Entre las irregularidades que reporta la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se encuentran casos en los que las mineras dejan secas a comunidades o que los empresarios acaparan volúmenes de agua que serían suficientes para atender las necesidades de una comarca entera.

En su investigación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad encontró casos de políticos que riegan sus ranchos sin problemas, mientras sus vecinos padecen la sequía, y también campesinos que fueron obligados a vender sus concesiones de agua a grandes compañías agrícolas.

“Las historias que se presentan en esta investigación muestran cómo el agua, un recurso de la nación, se compra, vende y explota como si se tratara de un bien privado abundante, mientras el Estado no pone ninguna traba. Esto ocurre más que por las fallas en el sistema de concesiones vigente en México desde 1992, por el diseño mismo de ese entramado legal y la debilidad de sucesivos gobiernos para aplicar las normas”.

“El fracaso de la gestión democrática de este recurso se refleja, además, en una profunda falta de información sobre cuánta agua extraen los privados, en la incapacidad gubernamental para vigilar cómo se explotan ríos y pozos, y en la inequidad en su distribución. El propio secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ha reconocido que existe un ‘uso indiscriminado y antidemocrático del agua’”.

“El sistema de concesiones de agua se creó en 1992, como parte de la Ley de Aguas Nacionales, y desde su origen comenzó a hacer agua. Entre las fallas que pronto fueron evidentes, por ejemplo, estuvo la entrega de títulos sin verificar cuánta agua realmente se extraía y para qué fines. Pasaron los años y los problemas en el sistema nunca se atendieron. Y se agudizaron conforme se entregaron más y más títulos para aprovechamiento”.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad afirma que desde 2003 se denunció que había personas que tenían una concesión de agua de uso agrícola y que la utilizaban para otros fines.

“Desde 2003 se alertó de esta situación. En un estudio —publicado entonces por la FAO, y cuyos autores son Marco Cantú y Héctor Garduño, quien fue subdirector general de administración del agua en la década de los noventa— se señaló que se habían identificado a usuarios que tenían títulos de concesión para uso agrícola, pero que utilizaban el agua para fines distintos, ‘incurriendo en delitos fiscales y en desviaciones del subsidio, ya que no solamente gozan indebidamente de la exención del pago de derecho (del agua), sino del subsidio que se otorga a los usuarios agrícolas en la tarifa eléctrica’”.

Aquí puedes ver el reportaje completo: https://contralacorrupcion.mx/explotadores-agua-mexico/