El exhorto que ayer se hizo desde cabildo para que los presidentes y jueces en juntas auxiliares tramiten matrimonios igualitarios no significa una garantía para las parejas poblanas del mismo sexo. Dependen ahora de lo que los funcionarios quieran o no hacer y de que se reforme por fin el Código Civil Para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Lo que ayer se aprobó con la votación de regidores visibiliza el problema y expone las fallas en las que incurrió el Congreso local al desechar esta unión en la última modificación propuesta por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pero queda como un llamado a misa que se puede ignorar, desde la perspectiva del activista Onán Vázquez Sánchez.

El integrante de No Dejarse es Incluirse A.C., una de las organizaciones del Colectivo Orgullo Puebla que ha impulsado amparos y quejas para acceder a este derecho, recuerda que en la práctica ya hay uno que otro juez poblano que accede a casarlos apegados a las resoluciones favorables de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Otros sin embargo ponen por encima de la determinación nacional el Código Civil del estado que no reconoce la figura y se niegan a prestar el servicio bajo ese argumento. Aunque el gobierno de la edil Claudia Rivera Vivanco aprobó el viernes una petición, las autoridades auxiliares podrán esgrimir que la ley local no los faculta, aunque ya se ha visto que en la decisión también impactan percepciones morales.

"Los jueces a final de cuentas no están obligados y nosotros lo que tememos es que todavía por cuestiones de homofobia haya jueces que se nieguen a otorgar el derecho de matrimonio. En ese sentido ellos se mueven generalmente de acuerdo a lo que indique el Código Civil y mientras el Código Civil no esté modificado ellos se pueden negar a otorgar el derecho", explicó en entrevista.

Ahora les queda la “prueba y error” para identificar a los funcionarios que sí valoren más lo determinado por la SCJN que lo que dice una ley estatal, o presentar una queja contra funcionarios que incumplen lineamientos municipales.

El pleito de fondo, sostiene Vázquez Sánchez, es el de la reforma al Código Civil, a fin de que, independientemente de las propuestas del gobernador y los legisladores poblanos, se reconozca en Puebla un derecho ya avalado para todo el país en las resoluciones de la SCJN.

Actualmente el Colectivo Orgullo Puebla  trabaja gratuitamente en nuevos amparos tras la reforma barbosista y espera resultados favorables como los que se tuvieron en otros 50 procesos legales que iniciaron en el gobierno del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Ampararse fuera del respaldo de organizaciones, llega a costar sin embargo, hasta 15 mil pesos en gastos de abogados.

Las modificaciones propuestas por Barbosa Huerta derivaron por otro lado en promoción de acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, a cargo de la Comisión de Derechos del Estado de Puebla (CDH)  en diciembre pasado y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se anunció en los primeros días del 2020.

La historia de la CNDH en que los magistrados dieron la razón, recordó Vázquez Sánchez, ya se vivió con la reforma morenovallista, por lo que se espera que ahora se resuelva nuevamente que el matrimonio igualitario es un derecho que el Código Civil debe reconocer en Puebla.

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