Hasta en 39 por ciento crecieron las participaciones federales para los municipios involucrados en la “Ciudad Modelo” construida para alojar a los trabajadores de la planta de Audi en Puebla, que inició operaciones hace tres años.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que enviará un decreto al Congreso para desaparecer el organismo público descentralizado (OPD) creado en el gobierno de Rafael Moreno Valle para administrar los servicios en esta zona.

Cabe señalar que los municipios perdieron con este OPD la facultad de brindar servicios y cobrar por ellos, así como de impuestos, permisos y licencias.

Hoy la ciudad luce abandonada, pues los edificios de departamentos no están ocupados y solo opera el centro escolar “Doctor y General Rafael Moreno Valle” y un hotel instalado para los ejecutivos de la planta armadora.

 

Crecen lento

De acuerdo con información de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), entre el primer semestre de 2016, previo al inicio de operaciones de la planta, y el mismo periodo de 2019, las participaciones entregadas a San José Chiapa, Soltepec, Mazapiltepec, Nopalucan y Rafael Lara Grajales, crecieron entre un 27 y 39 por ciento.

 

 

Soltepec lleva la delantera, pues sus recursos pasaron de 8.9 a 12.4 millones de pesos en el lapso de referencia y los 3.5 millones más representan un crecimiento del 39 por ciento.

El aumento de Nopalucan alcanzó un 37 por ciento, debido a que las participaciones crecieron de 12.6 a 17.3 millones, la diferencia es de 4.6 millones más.

En Mazapiltepec sus recursos se elevaron de 3.2 a 4.2 millones de pesos, lo que implica una diferencia de un millón adicional.

Después se encuentra San José Chiapa, municipio en donde están las instalaciones de Audi, debido a que los recursos pasaron de 5.4 a 7.1 millones de pesos, lo que se traduce en 1.6 millones más, equivalente a un 31 por ciento.

Finalmente figura Rafael Lara Grajales, que registró un aumento del 27 por ciento, de 6.2 a 7.9 millones de pesos, es decir contó con 1.7 millones más.

En los primeros semestres de estos años se aprecia un incremento constante y en ningún caso se registraron reducciones.

El organismo público descentralizado que los diputados locales crearon en 2017 no permite a los municipios emitir permisos de uso de suelo o licencias de funcionamiento en esa zona y tampoco cobrar por algún otro servicio que preste a la misma.

Foto / Archivo e-consulta