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Críticos, activistas y opositores, blanco del espionaje en Puebla

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 Miércoles, Julio 5, 2017

A través del teléfono celular, es posible observar su ubicación, grabar sus llamadas entrantes o salientes, así como extraer contactos, mensajes y archivos guardados tanto en la tarjeta externa como en la memoria interna

Dirigentes y candidatos de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, dirigentes sociales, sindicales, ediles y periodistas figuran entre los personajes que fueron blanco de la red de espionaje construida en Puebla el sexenio pasado.

Con equipos de origen israelí, sus actividades eran seguidas a partir del teléfono celular, ya que con éste era posible observar su ubicación, grabar sus llamadas entrantes o salientes, así como extraer contactos, mensajes y archivos guardados tanto en la tarjeta externa como en la memoria interna.

Sólo uno de los aparatos destinados a tareas de intercepción telefónica tiene un costo estimado de 60 millones de pesos, mientras que otro artefacto clonador de números ronda los 15 millones de pesos.

Este martes e-consulta dio cuenta de que el Centro de Análisis y Prospectiva (CAP), creado por el anterior gobierno estatal, se convirtió al paso de los años en un sitio de espionaje de tipo telefónico, de infiltración, vigilancia y seguimiento, operado por ex integrantes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), quienes dieron un giro político a sus actividades.

Los espiados

Entre los archivos digitales que han recibido o comprado parte de los “espiados” en los últimos días se hace mención que existen audios y fotografías de personajes del PRI como el actual dirigente estatal Jorge Estefan Chidiac, los senadores Blanca Alcalá Ruiz y Ricardo Urzúa Rivera, así como los funcionarios federales Juan Carlos Lastiri y Enrique Doger Guerrero.

En su momento también tuvo marcaje Alejandro Armenta Mier, ex diputado federal por este partido y hoy integrante de la bancada de Morena.

Además están el ex dirigente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, y el actual regidor capitalino Félix Hernández Hernández.

Figuran participantes en la elección interna de presidente del PAN en mayo de 2014 y de las elecciones locales de Guanajuato y Michoacán, principalmente.

Por parte del PRD se encuentra la ex candidata a la gubernatura Roxana Luna Porquillo.

Sin embargo también a los de casa se les vigiló. Antonio Gali Fayad y su esposa Dinorah López de Gali destacaron entre las personas en la etapa previa a la elección del candidato del PAN a la presidencia municipal de la capital.

Así como el ex secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas.

Entre los números de teléfonos celulares intervenidos también se encuentran los de Israel Pacheco Velázquez, ex dirigente del Sindicato del Ayuntamiento de Puebla.

El de Juan Cervantes Hernández, líder de los inconformes de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) así como los concesionarios Delfino Juan Reyes Bocardo y Ángel Sierra de la Rosa.

Los de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” e integrantes de su organización de vendedores ambulantes.

Además los presidentes auxiliares que se manifestaron exigiendo el manejo del Registro Civil, después de que el Congreso les retiró esa facultad.

También tuvieron seguimiento periodistas como Alejandro Mondragón, Enrique Núñez y Rodolfo Ruiz.

Cómo trabajan los equipos

Desde tres oficinas o “nidos” localizados en las colonias La Paz, Chulavista y Adolfo López Mateos, se procesaban y transcribían audios de los personajes, obtenidos gracias a equipos adquiridos a proveedores israelíes.

Uno de ellos, para intercepción telefónica con clave CSM 7816 –que tiene un costo cercano a los tres millones de dólares- opera con un programa denominado Hawk-Owl, que detecta en un radio de hasta 5.2 kilómetros a la redonda las señales de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos con señales de wi-fi, blue-tooth, entre otras.

Es colocado en los nidos o en los vehículos de acuerdo con las necesidades y tareas específicas de espionaje.

En octubre de 2014 se adquirió otro equipo, un clonador de números telefónicos que funciona a través de un programa llamado “Hunter”.

Además de clonar el número telefónico con llamadas entrantes y salientes, también extrae la información tanto de la tarjeta SIM como de la memoria interna del equipo, ya sean contactos, mensajes de texto y archivos almacenados.

El programa ya era utilizado legalmente en Puebla por la extinta Procuraduría General de Justicia y la XXV zona militar, pues estaba concebido para combatir a la delincuencia organizada.

Otra característica de este equipo es que triangula la posición del GPS del teléfono, de tal forma que en tiempo real se puede determinar su ubicación y los movimientos del objetivo.

Si el equipo es apagado, se indica la última posición registrada en la red GSM y alerta cuando cambiaba el status.

Este sistema permite graficar horas, movimientos y rutas de una persona durante días, lo que ahorra vigilancias físicas.

El Hunter permite además mandar mensajes de texto a los contactos, usurpando la identidad del objetivo.

Supuestamente fue así como se ubicó al presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, a quien se le contactó a nombre de la ex diputada federal Roxana Luna Porquillo, para encontrarse en Cohuecan, donde fue aprehendido en noviembre de 2014.

Un software más utilizado es el “Captor”, que permite abrir el micrófono de un teléfono celular a distancia, aun cuando éste esté apagado y tiene la función de grabar lo que capte.

Para la operación de los equipos se colocaron antenas en los nidos para detectar las señales de cualquier aparato celular, aunque se tenían identificados los números telefónicos deseados.

Las antenas detectan señales de equipos Nextel, Telcel, Iusacell, Movistar y Unefon.

Una vez que se dio a conocer en 2015 la contratación de la empresa italiana Hacking Team por parte del gobierno del estado para infectar computadoras de poblanos y seguir sus actividades, estos centros fueron desmantelados, los equipos se trasladaron a otros domicilios y a la Fiscalía General del Estado.

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