“El Oro o la vida” es la mesa redonda que llevarán a cabo miembros del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en la que expertos expondrán información que el estado ha omitido en el plan minero y extractivo que ya se lleva a cabo en el país.

Argelia Arriaga García, académica de la BUAP y analista de Megaproyectos, aseguró que existe una secrecía en los datos del estado mexicano al respecto, pues aun cuando existe un mandato de transparencia, la información que entrega el gobierno federal es desarticulada a propósito, incompleta y con reservas.

Explicó que como un reflejo de defensa colectiva, académicos y activistas han elaborado mecanismos de información creando la Red de Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, (RED M4) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) quienes han socializado documentos exponiendo al público en general la más completa información a la ciudadanía.

Arriaga convocó a la mesa redonda que se lleva a cabo en el marco de la exposición itinerante “El Oro o la Vida” Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple, que se abrió el pasado 15 de abril y concluirá el 10 de junio.

“La exposición itinerante así como la mesa redonda son foros con la intención de mostrar las consecuencias graves de estos proyectos que no sólo se registran  para la biodiversidad, con pérdida de flora y fauna, agua. Queremos señalar que la afectación alcanza las zonas arqueológicas, el patrimonio histórico cultural incluso la mancha urbanas”, señaló Arriaga.

Reveló que el coordinador Paul Hersch Martínez, investigador del INAH e integrante del Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a tajo abierto por metales, es el principal convocante a la difusión de información en torno al fenómeno que aunque no está oculto totalmente, no ha sido expuesto en todas sus aristas.

“Estamos preocupados pues el fenómeno extractivo crece”, dijo la académica y señaló que en junio de 2014, la Secretaría de Economía (SE) planteaba 25 mil 566 títulos vigentes de concesiones mineras, esto es 25.7 millones de hectáreas, es decir 12.85 por ciento de la superficie de territorio mexicano otorgado a empresas privadas que tienen derecho a explorar y explotar el suelo mexicano.

Señaló que aunque las licencias de uso tienen 50 años de vigencia pueden ser renovadas por los empresarios que no son mexicanos sino grandes extractoras canadienses y chinas que han obtenido concesiones en terrenos de cultivo y zonas de conservación de flora y fauna silvestre e incluso en reservas ecológicas.

Además, instaladas sin la consulta previa a las comunidades indígenas que serán impactadas.

Asentó que los colectivos también sienten el compromiso de visibilizar además del saqueo de los recursos naturales, la criminalización de defensores del territorio e incluso sus desapariciones y asesinatos, así como señalar responsabilidad de la legislación y del estado mexicano como generadores en estas situaciones.

La mesa redonda “El Oro o la vida” se llevará a cabo el jueves 26 de mayo a las 18:00  horas en la Casa de las Culturas Contemporáneas, en 2 Norte 1006, Centro Histórico, en Puebla.

Arriaga adelantó que participarán Alejandro Marreros Lobato, integrante del Consejo Tiyat Tlali, Sierra Norte de Puebla quien expondrá la defensa ciudadana emprendida en Puebla. Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la REMA-Guerrero dará un testimonio de devastación ambiental, social y cultural de  la minera en Carrizalillo en Guerrero. Participarán también Judith Chaffee Hopper CEDES-BUAP y Silvia Villaseñor Pineda, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

En Puebla, hasta mayo del 2014, había confirmadas 422 concesiones mineras cuyos permisos se concentraron en la zona sur del estado, en la Sierra Negra.