Viernes, 22 De Mayo De 2026 | Puebla

Gobierno

Por segunda vez, juez suspende expropiación de ex hacienda de los Maurer

Se ordena al gobierno de Puebla que se abstenga de apropiarse de la ex hacienda mientras dicta una sentencia en el juicio

Por segunda vez, juez suspende expropiación de ex hacienda de los Maurer

Por segunda ocasión, un Juzgado de Distrito detuvo de manera temporal la expropiación de la ex Hacienda Tamariz, luego que otorgara un fallo a favor dentro del juicio de amparo que promovió Emilio Maurer Bretón.

Así se asienta en el último acuerdo del Juzgado Segundo de Distrito, publicado en el expediente 633/2014, el cual solicita a la autoridad federal su protección contra la Ley de Expropiación del estado de Puebla, reformada el pasado 11 de marzo.

Con esta medida cautelar, el juez federal ordena al gobierno del estado de Puebla que se abstenga de apropiarse de la ex hacienda mientras dicta una sentencia en el juicio.

Sin embargo, la suspensión definitiva fue negada para algunos actos y concedida para otros, los cuales no fueron especificados en los acuerdos.

El pasado mes de abril, el Juez Tercero de Distrito también suspendió la expropiación del predio; sin embargo, los amparos promovidos por la familia Maurer, que están radicados en ese juzgado, continúan en trámite.

Es preciso recordar que la expropiación de 747 hectáreas de la ex hacienda, localizada en Nopalucan, fue decretada por el gobierno del estado de Puebla bajo el argumento de “utilidad pública”, enfocada a la instalación de un parque industrial que concentre a los proveedores de la armadora alemana Audi, que se instala en San José Chiapa.

La ex Hacienda Tamariz, donde se encuentra una planta productora de lácteos, está registrada a nombre de Emilio Maurer Bretón, Carlos Víctor Maurer Suárez, Amelia Maurer Suárez, María Eloina Maurer Espinosa, Juan Carlos Maurer Bretón y Luis Maurer Espinosa.

Los recursos presentados ante los juzgados federales impugnan como primer acto de aplicación la Ley de Expropiación del estado, reformada el pasado 11 de marzo, a fin de permitir al gobierno estatal incautar bienes inmuebles o predios bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia”, sin que medie notificación previa por escrito.