Presuntos culpables ya no serán arraigados en Puebla; van 340 en tres años

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió a las entidades la ejecución de arraigos y estos sólo serán practicados por la federación, lo cual provocará que quienes estén bajo esa medida –como en Puebla- puedan presentar un amparo y queden en libertad aun cuando las autoridades no hayan concluido una investigación sobre su responsabilidad en algún ilícito.

Además, la nueva medida permite un tiempo únicamente de 48 horas para que los Ministerios Públicos (MP) locales integren una averiguación y determinar si algún acusado es responsable o no del delito que se le impute, pues ya no contará con la figura del arraigo para extender su indagatoria.

Es preciso destacar que en Puebla en los últimos tres años más de 340 personas han sido arraigadas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por delitos considerados graves, como el homicidio, secuestro, robo y extorsión. Y En lo que va de 2014 se tiene el registro de aproximadamente 21 personas arraigadas, de las cuales al menos la mitad ya fue consignada ante a un juez.

Bajo arraigo actualmente se encuentra Manuel Forcelledo Nader, quien es señalado de asesinar a su ex pareja, Karla López Albert. Así como seis policías municipales de San Andrés Cholula señalados de cometer el secuestro y homicidio de un chofer, el pasado mes de enero.

Este medio solicitó a la PGJ de Puebla su posición frente al fallo de la SCJN y la situación de los arraigados en Puebla, sin embargo hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

CNDH atacó esta figura en los estados

Este lunes la SCJN resolvió que ninguna entidad puede practicar un arraigo y que estos sólo pueden ser ejecutados por las autoridades federales, debido a que los primeros carecen de facultades para legislar y practicar esa figura.

El arraigo se entiende como una medida cautelar para detener a una persona acusada de algún delito en su domicilio hasta por un periodo de hasta 40 días, mientras las autoridades realizan una investigación y determinan la responsabilidad de esta en el ilícito.

La resolución de la Corte obedece a que el Congreso del estado de Aguascalientes emitió una ley que contemplaba la figura del arraigo, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad al considerar que esa medida lastimaba las garantías individuales de los arraigados.

En Puebla se aplica la medida desde el inicio del sexenio

Desde 2011 a la fecha, más de 340 personas han sido arraigadas por la PGJ bajo cargos de homicidio, secuestro, robo y extorsión.

En el primer año la PGJ sometió a 94 detenidos a esa medida cautelar por los delitos de robo, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, robo de vehículo, trata de personas y delincuencia organizada.

Asimismo, durante los dos primeros cuatrimestres de 2012, el número de arraigados aumentó a 130 sujetos investigados por su presunta participación en secuestros, robos, robo de vehículo, robo de infante, trata de personas, homicidio calificado, falsificación de documento, violación y asociación delictuosa.

Cabe mencionar que estas son cifras oficiales proporcionadas por la misma PGJ a través de solicitudes de transparencia. No obstante, la institución respondió que no cuenta con información sobre los arraigados que fueron liberados y/o consignados ante la autoridad.

Según cifras no oficiales, basadas en archivos periodísticos, en 2013, al menos 93 sujetos fueron arraigados en su mayoría por homicidios. Después, los ilícitos que más se han investigado mediante esta medida son el robo, robo a cuentahabiente, privación de la libertad y secuestro. Además, existen dos casos por asociación delictuosa, dos de fraude y uno de evasión de reo.

En lo que va de 2014, se tiene el registró de aproximadamente 21 personas arraigadas y al menos la mitad ya fue consignada ante a un juez.

La Procuraduría ha argumentado que el arraigo se aplica solamente a los detenidos cuya participación en ilícitos no es muy clara para el Ministerio Público que los tiene a su disposición.

Los sujetos bajo investigación en Puebla son arraigados en moteles como La Herradura, situado sobre el bulevar Forjadores, a la altura de Plaza San Diego; Jacarandas, ubicado en las cercanías de la CAPU; Kyoto, en las inmediaciones del Parque Ecológico, y el Motel Avía en la colonia El Cristo.

Acusados de asesinato y secuestro, arraigados hoy en Puebla

Sometido a arraigo actualmente se encuentra Manuel Forcelledo Nader, quien es señalado de asesinar a su ex pareja, Karla López Albert, misma que tras desaparecer el 31 de enero fue localizada sin vida el 2 de febrero en el Distrito Federal.

Manuel es acusado de ser el principal sospechoso del crimen, toda vez que –de acuerdo con los allegados de la occisa- no quería hacerse cargo del bebé que Karla esperaba y porque además fue la última persona que estuvo con ella el día de la desaparición, aunque él lo niega.

Al igual se encuentran los seis policías municipales de San Andrés Cholula: José Jesús Ramírez González, José Ángel Salamanca Carrillo, Yazmani Velázquez Hernández, Miguel Cantor Alcaide, Osvaldo Ulises Porras Vélez y Édgar Villegas Miguel, señalados del secuestro y homicidio de un trailero, cometidos el pasado mes de enero.

A finales de ese mes, la PGJ también arraigó a Ulises Paredes Bañuelos, de 21 años de edad, quien dijo ser originario de Mazatlán, Sinaloa. Él fue detenido en el municipio de Atlixco por supuestamente cobrar derecho de piso al propietario de un gimnasio.

Según versiones de policías, la Procuraduría decidió aplicarle esa medida cautelar debido a que en sus primeras declaraciones el sujeto dijo pertenecer a un grupo del crimen organizado, además de que habría dado santo y seña de todas las actividades ilícitas que cometió y a las que se dedica su célula.

Arraigos en proceso pueden quedar sin efecto

Para el doctor en Derecho Rubén Alberto Curiel Tejeda, la resolución de la SCJN acarrea riesgos para los estados, debido que los arraigos que tengan en proceso podrían quedar sin efecto, y los delincuentes que sean condenados a través de esa figura podrían presentar un amparo y quedar en libertad.

El también maestro en Psicología Jurídica y Criminología del Cicse y el Instituto Universitario de Puebla explicó a e-consulta que quienes actualmente estén bajo un arraigo podrían presentar un amparo en contra de la medida, pues la resolución de la Corte indica que esta lastima los derechos humanos.

Detalló que una vez que la nueva jurisprudencia cause efecto en un plazo de 15 días esta tendrá vigencia en la entidad.

Así por ejemplo, si la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ejecutó un arraigo la semana pasada en contra de un presunto delincuente, este podría ampararse y quedar en completa libertad aun cuando la dependencia no haya terminado de concluir la investigación correspondiente.

Asimismo, si un delincuente es declarado culpable en este periodo y durante la indagatoria fue arraigado, tendría la opción de presentar un amparo y echar abajo la condena, pues puede argumentar que el arraigo fue violatorio de sus garantías individuales.

Lo anterior tiene su base en el artículo 14 constitucional que cita que ninguna ley puede causar perjuicio de persona alguna, por lo que en este caso sí hay retroactividad en la nueva jurisprudencia, ya que esta es se considera un daño a las garantías individuales de las personas.

En el mismo sentido coincidió la abogada Ana María Estela Ramírez Santibáñez, quien es coordinadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana (Ibero), pues explicó que el principal objetivo de la SCJN fue evitar que el arraigo trasgreda los derechos humanos de algún acusado.

En este sentido, Curiel Tejeda recomendó a las autoridades estatales apresurar sus indagatorias a fin de que estas permitan emitir una sentencia sin la necesidad de recurrir al arraigo.

Los académicos señalaron que las autoridades estatales no podrán ejecutar amparos ni en delitos federales ni en locales, aunque anteriormente sí podían arraigar una persona por un delito del fuero común.

En contraste, los jueces federales sí podrán establecer un arraigo en cualquier tipo de delito federal siempre que consideren que la gravedad de este lo amerite.

Asimismo, comentaron que la nueva jurisprudencia no entorpecerá el trabajo entre jueces locales y federales, pues por el contrario, esta permitirá a los segundos realizar de manera más óptima su trabajo.