El cambio climático es una realidad que cada vez se hace más latente. Un ejemplo de ello son las intensas lluvias del pasado 28 de junio que dejaron una estela de dolor y muchas pérdidas en Puebla. Si bien fueron atípicas, también evidenciaron el descuido y la incapacidad para actuar por parte del gobierno en turno. Más allá de las calles anegadas, los vehículos varados y las imágenes que se difundieron por las redes sociales, hubo pérdidas humanas que hoy dejan un vacío irreparable.
Ante una tragedia de esta magnitud, lo primero debe ser el respeto a la dignidad humana y la solidaridad. Ninguna explicación técnica puede devolver una vida, ni reparar el vacío que deja una persona que no regresó a casa y tampoco podrán resarcir las pérdidas económicas que ahora enfrentan locatarios de la zona pues también es momento de reconocer la problemática de pequeños comerciantes, emprendedores y familias que vieron cómo, en cuestión de minutos, el esfuerzo de años quedó sepultado bajo el agua y el lodo.
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Para muchos de ellos, un negocio no representa únicamente una fuente de ingresos: es el patrimonio construido con sacrificio, largas jornadas y la esperanza de una vida mejor. Mientras algunos hacen cuentas para saber si podrán volver a abrir sus puertas, otros enfrentan la incertidumbre de empezar prácticamente desde cero.
Sin embargo, la solidaridad no debe convertirse en un pretexto para dejar de exigir responsabilidades a quienes en campaña prometieron todas las soluciones y en el ejercicio del poder presentan todas las excusas. Las familias poblanas están cansadas de escuchar las mismas explicaciones cada vez que ocurre una inundación: que la lluvia fue atípica, que la basura tapó las alcantarillas o que se trató de un fenómeno impredecible.
La realidad es que los poblanos no esperan milagros, esperan prevención, planeación y autoridades capaces de responder a los problemas que debieran conocer perfectamente desde que decidieron postularse como candidatos. Gobernar implica asumir responsabilidades, especialmente cuando las circunstancias son adversas y más si se vendieron como opciones con resultados. Los cargos públicos deben dar soluciones reales, las campañas quedaron atrás, se debe enfrentar las crisis con eficacia y rendir cuentas cuando las cosas salen mal, así con el mismo valor con el que pidieron el voto.
La sociedad tiene derecho a preguntar qué obras preventivas se realizaron, si el sistema pluvial recibió mantenimiento suficiente, si existieron protocolos adecuados de protección civil y qué acciones concretas se tomarán para evitar que esta historia vuelva a repetirse, lo que no se vale es echar la culpa a gobiernos anteriores y mucho menos cuando tienen más de un año ejerciendo el poder tanto en la capital como en todo el estado.
Por otra parte, es necesario reconocer que los problemas de infraestructura urbana tienen raíces profundas. Una de las decisiones que marcaron el desarrollo de la ciudad fue el embovedamiento del río realizado durante la administración de Aarón Merino Fernández en 1963 y no en 2012 como se mencionó por parte del coordinador de Gabinete pretendiendo adjudicar responsabilidades a obras de pavimentación ejecutadas hace más de una década, periodo donde ya han pasado dos gobernadores de la 4T.
En los sesenta, aquella obra respondió a una visión urbana propia de su época y transformó el comportamiento hidráulico de una parte importante de la ciudad, pero reconocer el origen histórico del problema no exime de responsabilidad a quienes hoy gobiernan.
Cada administración recibe una ciudad con desafíos heredados y precisamente por ello, tienen la obligación de dar la cara a los ciudadanos, planear, invertir y ejecutar soluciones acordes con las necesidades presentes. Gobernar no consiste en enumerar los errores del pasado, sino en evitar que sus consecuencias sigan cobrando vidas y destruyendo patrimonios.
Es preciso mencionar que actualmente se ha tenido una “política de superficie”, en la gestión de recursos priorizando lo que luce en medios y les es redituable para posicionarse, por encima de lo que realmente protege el patrimonio de las familias poblanas.
Durante las pasadas administraciones, a las que hoy el oficialismo busca responsabilizar de omisiones en el presente, se minimizaron los riesgos y efectos de inundaciones mediante monitoreo, mantenimiento preventivo constante y alertas por incremento en los niveles de agua; por eso el vaso regulador no se desbordó en los últimos doce años. ¿Qué ocurrió entonces en esta ocasión?
Las lluvias seguirán llegando cada temporada. Lo que no debería repetirse es la sensación de abandono que experimentan miles de ciudadanos cuando ven que las mismas zonas vuelven a inundarse año tras año. Puebla merece una política seria de infraestructura hidráulica, mantenimiento permanente, ordenamiento urbano y protección civil que privilegie la prevención sobre la reacción.
Después del agua quedará el luto, las pérdidas económicas de muchas otras y una pregunta que el gobierno no puede seguir esquivando: ¿qué se hará, de manera concreta, para que la próxima tormenta no vuelva a convertirse en una tragedia? La confianza de la ciudadanía ya no se recuperará con discursos ni mucho menos aventando culpas. Solo podrá reconstruirse con resultados tangibles.
En esta ocasión quiero agradecer el apoyo en la realización de esta columna a Alejandro León Pinzón.
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