La revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, iniciada formalmente en julio de 2026, ha colocado en el centro del debate el impacto de los incrementos al salario mínimo en México.
Lejos de ser solo una política interna, estos ajustes se han convertido en un elemento en las negociaciones comerciales, con potencial para influir no solo en el salario mínimo, sino en los salarios generales del país.
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Desde 2019, el Gobierno de México ha impulsado aumentos significativos al salario mínimo. Para 2026, el salario mínimo subió 13 %, pasando de $278.80 a $315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte el incremento fue del 5 %, alcanzando $440.87 pesos diarios. Esto representa una recuperación acumulada del poder adquisitivo superior al 154 % en los gobiernos de la Cuarta Transformación, beneficiando directamente a más de 8.5 millones de trabajadores. El objetivo es llegar en 2030 a un salario mínimo equivalente a 2.5 veces la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana.
Estos incrementos responden en parte a compromisos laborales del Capítulo 23 del T-MEC, que promueve condiciones aceptables de trabajo, incluyendo salarios mínimos. Durante la renegociación original, Estados Unidos criticó las brechas salariales como fuente de competencia desleal y pérdida de empleos manufactureros. México ha utilizado los aumentos al mínimo como argumento para demostrar avances.
La revisión del T-MEC podría ampliar el enfoque hacia salarios generales, impulsando mejores condiciones laborales y negociaciones colectivas. Estados Unidos busca reducir la brecha para proteger su industria, mientras México ve una oportunidad para elevar ingresos y productividad.
Mayores salarios podrían estimular el consumo interno y atraer inversión en sectores de mayor valor agregado, fortaleciendo el nearshoring de manera sostenible. Según análisis, esto alinearía intereses: México reduce pobreza e inequidad, y EE.UU. mitiga déficits y relocalización de empleos.
Sin embargo, revisiones anuales generan prima de riesgo para nuevas inversiones, especialmente en el sector automotriz, donde se discuten reglas de origen más estrictas. Empresas podrían enfrentar costos laborales más altos sin mejoras equivalentes en productividad, afectando competitividad exportadora y posible contención en creación de empleos formales.
En conclusión, la negociación del T-MEC no solo evalúa el tratado comercial, sino que puede impulsar una agenda salarial más integral en México. Si las conversaciones avanzan positivamente, podrían traducirse en mayor certidumbre, mejores ingresos para los trabajadores y una integración norteamericana más equilibrada.