La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó en agosto de 2026 una iniciativa de reforma constitucional para exigir que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México renuncien a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidatos. La propuesta, elaborada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo con apoyo de Arturo Zaldívar, busca cerrar un vacío interpretativo y garantizar que el interés nacional prevalezca sobre cualquier otro.
Actualmente, la Constitución exige ser mexicano por nacimiento para estos cargos y el artículo 32 reserva su ejercicio a quienes no adquieran otra nacionalidad. Sin embargo, según el gobierno, la redacción ha generado confusiones que permitieron casos de gobernadores con doble ciudadanía. La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122. Establece que el aspirante debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo o hija de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad (o renunciar a ella previo al registro) y haber residido en el país al menos 20 años. Quien ejerza el cargo no podrá adquirir otra nacionalidad, usar pasaporte o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos en otro país ni acogerse a protección diplomática. También se plantea reformar la Ley de Nacionalidad para regular el procedimiento de renuncia ante autoridades mexicanas y del otro Estado.
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Sheinbaum justificó la medida con claridad: un gobernante con doble nacionalidad tiene “dos intereses” y no queda claro que el supremo sea el de México. En un contexto de defensa de la soberanía ante posibles injerencias extranjeras, la iniciativa busca que quien dirija el Ejecutivo federal o local represente únicamente a la nación.
El anuncio ha generado un intenso debate público. Quienes la respaldan argumentan que es un blindaje necesario contra conflictos de lealtad y una forma de reforzar la soberanía. Consideran legítimo exigir dedicación exclusiva a cargos de máxima responsabilidad y ven en ella una respuesta a vacíos legales que podrían facilitar influencias externas. Figuras de Morena han minimizado su alcance, señalando que afectaría a un número reducido de posibles aspirantes y no a los millones de mexicanos con doble nacionalidad que no buscan esos puestos.
En el bando contrario, el PRI la rechazó de manera categórica. La calificó de discriminatoria y de retroceso en derechos humanos, al considerar que la doble nacionalidad es un derecho legítimo y que los mexicanos con otra ciudadanía “son tan mexicanos como todos”. Expertos en derecho electoral y politólogos advierten un trasfondo político: la iniciativa coincidiría con aspiraciones de figuras como el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca (con nacionalidad estadounidense) o interpretaciones del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien insinuó que podría afectarlo de cara a 2030. Algunos juristas sostienen que la restricción ya existe en los artículos 32 y 82, por lo que la reforma resultaría innecesaria o redundante.
El proyecto, recibido ya por la Comisión Permanente, requerirá mayoría calificada en el Congreso y la aprobación de al menos 17 legislaturas locales. Más allá de su eventual aprobación, la discusión abre un espacio valioso: ¿hasta dónde debe llegar la exigencia de lealtad exclusiva en una sociedad cada vez más globalizada y con una diáspora numerosa? El debate público sobre soberanía, derechos políticos y representación nacional apenas comienza, y su desarrollo enriquecerá la conversación democrática sobre quién puede y debe dirigir el país.