Mientras la atención pública se concentra en la migración internacional, una crisis silenciosa avanza dentro de México. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para finales de 2025 existían alrededor de 390 mil personas desplazadas internamente por violencia y conflictos.
Los estados más afectados por este fenómeno son: Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, territorios marcados por la presencia del crimen organizado, la pobreza histórica y la ausencia de condiciones mínimas de seguridad.
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El desplazamiento interno ocurre cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, pero permanecen dentro de las fronteras nacionales. Son familias enteras que huyen para salvar la vida, que dejan atrás sus viviendas, sus tierras, sus escuelas y sus redes comunitarias. Sin embargo, a diferencia de quienes cruzan una frontera internacional, suelen permanecer invisibles para las estadísticas oficiales y para las políticas públicas.
La Estrategia Nacional de la OIM en México 2026-2029 advierte que estas movilidades internas están asociadas a dinámicas complejas de violencia, presencia del crimen organizado y afectaciones climáticas recurrentes. La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) identificó movimientos provenientes de entidades como Michoacán, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Baja California y Oaxaca, donde convergen altos niveles de violencia y vulnerabilidad social.
Los datos más recientes muestran además un deterioro acelerado. Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), durante 2024 se documentaron 28 mil 900 personas desplazadas, frente a 12 mil 623 registradas en 2023. El incremento fue de 129 por ciento en apenas un año.
Detrás de estas cifras existe una realidad brutal.
El principal detonante de los desplazamientos es la violencia ejercida por grupos del crimen organizado mediante enfrentamientos armados, amenazas, asesinatos, secuestros, extorsiones y, cada vez más, el uso de nuevas tecnologías como drones cargados con explosivos.
Durante 2024, Chiapas concentró el 61.8 por ciento de los desplazamientos documentados a nivel nacional, seguido por Sinaloa con 15.5 por ciento, Michoacán y Chihuahua con 5.4 por ciento cada uno, y Guerrero con 4.8 por ciento.
No se trata únicamente de violencia. En muchos casos, el desplazamiento funciona como un mecanismo de control territorial. Las comunidades abandonan sus hogares porque permanecer significa exponerse a la muerte, al reclutamiento forzado o al cobro de extorsiones. El resultado es el vaciamiento de regiones enteras y la ruptura del tejido social. Allí donde antes existían comunidades, escuelas y formas de vida colectiva, quedan territorios sometidos a nuevas disputas económicas y criminales.
Resulta imposible ignorar que buena parte de estos desplazamientos ocurren en regiones estratégicas para economías legales e ilegales. Municipios ubicados en corredores comerciales, zonas mineras, territorios agrícolas o rutas de trasiego se han convertido en escenarios de expulsión de población. El crimen organizado no solo ejerce violencia; también reconfigura el uso del territorio mediante el miedo.
La tragedia se agrava porque el fenómeno continúa sin recibir el reconocimiento institucional que merece. La ausencia de una política nacional integral ha dejado a miles de personas en un limbo jurídico y social. Aunque algunas entidades como Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa han impulsado mecanismos de atención, los esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
México discute con frecuencia sobre migración, deportaciones y control fronterizo. Sin embargo, mucho menos se habla de quienes son expulsados de sus hogares sin cruzar una sola frontera. Son desplazados internos que pierden todo sin abandonar el país. Son víctimas de una guerra no declarada que se libra en amplias regiones del territorio nacional.
La otra crisis que no se ve está ahí: en las familias que abandonan sus casas de madrugada, en los pueblos que se vacían y en las comunidades que desaparecen lentamente. Mientras no exista una respuesta integral del Estado, el desplazamiento interno seguirá creciendo en silencio, convirtiéndose en una de las expresiones más dolorosas de la desigualdad, la violencia y el abandono que atraviesan al México contemporáneo.