La política migratoria de Donald Trump ya no sólo busca expulsar personas de Estados Unidos; ahora también pretende alejarlas lo más posible de la frontera estadounidense. Y Chiapas se erige en el principal receptor de esas expulsiones.
En mayo de 2026, de las 18 mil 009 deportaciones de personas mexicanas registradas, 12 mil 889 —el 71.5 por ciento— fueron trasladadas por vía aérea a Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. La estrategia es clara: enviar a los deportados al extremo sur de México, aun cuando ello implique mayores costos logísticos para el gobierno estadounidense.
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El contraste con la frontera norte resulta revelador. Apenas el 6.7 por ciento de las personas deportadas fueron devueltas por vía terrestre a los cruces fronterizos, mientras que otro 21.7 por ciento llegó a entidades del centro y occidente del país. Incluso Ciudad Juárez, históricamente el principal punto de repatriación, recibió únicamente 207 personas durante mayo, una cifra inédita en un cuarto de siglo. La deportación dejó de ocurrir en la frontera para convertirse en una operación de dispersión territorial.
La imagen acompaña el mensaje. Estados Unidos no sólo traslada a las personas a miles de kilómetros de sus lugares de origen; también exhibe las deportaciones como un espectáculo de fuerza. Los videos oficiales muestran a migrantes esposados, con cadenas en los tobillos y sujetados de la cintura a las muñecas mientras son abordados en aviones militares. El objetivo es disciplinar mediante la exhibición pública y enviar un mensaje disuasorio tanto a quienes intentan migrar como a la opinión pública estadounidense.
Pero la factura humanitaria la paga México. Miles de personas deportadas llegan al sur del país sin vínculos familiares, sin recursos para regresar a sus comunidades y sin una estrategia gubernamental que facilite su traslado o reintegración. Chiapas, particularmente Tapachula, acumula desde hace años la presión derivada de las políticas de contención migratoria; ahora también comienza a absorber una parte importante de las deportaciones de connacionales. Sin embargo, el gobierno mexicano evita reconocer que esta concentración está generando una nueva crisis humanitaria en la frontera sur.
Lo que ocurre en México tampoco es una excepción. Europa avanza por una ruta similar mediante acuerdos para trasladar fuera de su territorio la gestión de solicitantes de asilo y personas migrantes, delegando en terceros países el alojamiento, procesamiento o contención de estas poblaciones. La lógica es la misma: mantener el fenómeno migratorio lejos de las fronteras políticas del Norte global y trasladar los costos económicos, sociales y humanitarios hacia otros Estados.
Hace apenas unos años México era presentado como un país de tránsito. Hoy se consolida como un territorio donde las grandes potencias descargan parte de la gestión de la movilidad humana. La diferencia es que mientras Estados Unidos y Europa diseñan estrategias para alejar la migración de sus fronteras, México sigue reaccionando como si se tratara de episodios aislados.
Los aviones que aterrizan todos los días en el sur del país son la evidencia de que la geografía de las deportaciones cambió, aunque el discurso oficial todavía no quiera admitirlo.