En años recientes, México ha vivido dos historias paralelas sobre la inseguridad. Por un lado, las cifras oficiales de homicidio muestran una tendencia a la baja; por otro, la percepción ciudadana de inseguridad se acrecienta.
Esta disonancia revela una brecha cada vez más amplia entre los indicadores cuantitativos que reporta el Estado y los cualitativos derivados de la experiencia cotidiana de millones de personas. Más allá de los porcentajes, el miedo continúa arraigado en la vida diaria.
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El Gobierno federal ha celebrado recientemente una reducción sostenida en los homicidios dolosos. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), enero de 2026 cerró con 1,468 víctimas, el nivel mensual más bajo desde finales de 2018, con un promedio de 47.3 asesinatos diarios. En comparación con 2024, las autoridades destacan una disminución cercana al 30 %. En el discurso oficial, estos números representan un punto de inflexión.
Sin embargo, la estadística no siempre coincide con la experiencia social. La aparente mejora en el indicador más visible —el homicidio— contrasta con una realidad marcada por balaceras en zonas urbanas, hallazgos de fosas clandestinas, desapariciones y el crecimiento de delitos que impactan directamente la vida económica y comunitaria, como la extorsión y el cobro de piso.
La más reciente medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta que 63.8 % de los adultos en zonas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad. Lejos de disminuir al ritmo de los homicidios, la percepción se mantiene alta e incluso ha aumentado en algunas localidades.
Este desfase no puede explicarse como una ilusión colectiva ni atribuirse únicamente a la polarización política. Responde a un fenómeno más complejo: aunque el homicidio disminuya, otros delitos se expanden y penetran con mayor intensidad en la vida cotidiana. La percepción se construye no solo a partir de cifras agregadas, sino de experiencias directas, cercanas y reiteradas.
Extorsión y cobro de piso
Mientras los homicidios muestran descensos, la extorsión se consolida como uno de los delitos más corrosivos para el tejido social. Las denuncias han registrado incrementos sostenidos en los últimos años, aunque especialistas advierten que existe un alto subregistro por miedo a represalias.
El impacto en la percepción es profundo por varias razones. Primero, es un delito cercano: no ocurre en una región lejana, sino en la esquina del barrio. Segundo, afecta la economía familiar, pues los costos se trasladan a precios más altos o al cierre de negocios. Tercero, normaliza la presencia criminal al convertir a los grupos delictivos en autoridades de facto que regulan actividades económicas.
Para quien vive bajo amenaza constante, la reducción del promedio nacional de homicidios resulta abstracta.
Violencia que rompe narrativas
Algunos episodios recientes han reforzado la sensación de fragilidad social. En Culiacán, Sinaloa, el asesinato de un adolescente de 15 años que salió a comprar leche para su gato conmocionó al país. No se trató de un enfrentamiento entre grupos rivales, sino de un acto de violencia que irrumpió en una actividad cotidiana. Ese tipo de hechos rompe cualquier narrativa optimista: si lo ordinario puede volverse mortal, la seguridad se percibe como inexistente.
En la misma entidad, el secuestro de trabajadores mineros en el municipio de Concordia, varios de ellos encontrados sin vida en fosas clandestinas, evidenció que el crimen organizado no solo disputa territorios, sino que somete actividades productivas. El mensaje implícito es que ninguna actividad económica está fuera de su alcance.
En Puebla, un ataque armado afuera de un bar en la zona de Angelópolis dejó tres jóvenes muertos el 14 de febrero. Casos como este, vinculados a células criminales, según las propias autoridades —aunque no han sido concluyentes—, refuerzan la idea de que la violencia no está confinada a regiones tradicionalmente asociadas con el narcotráfico, sino que se ha dispersado hacia centros urbanos considerados relativamente estables.
A ello se suman episodios que exhiben posibles vínculos entre actores políticos y criminales. Cuando surgen señalamientos públicos —incluso en forma de videos difundidos por grupos delictivos— que acusan a autoridades de recibir recursos ilícitos, el daño a la confianza institucional es inmediato. Quizá también sea un mensaje que desnudaría que el episodio en Angelópolis es más que un simple hecho aislado o producto de la confusión y que tiene raíces más profundas. Ambos episodios no pueden simplemente desligarse. Para colmo de males, en el Pueblo Mágico de Huauchinango, alguien vendió tamales con fentanilo que intoxicaron a siete menores, en una entidad en la que la cultura gastronómica tiene alto reconocimiento.
Factores externos y reconfiguración criminal
El entorno internacional también influye en la percepción. Las políticas más agresivas contra el narcotráfico impulsadas desde Estados Unidos, especialmente en materia de combate al fentanilo, pueden generar reacomodos en las organizaciones criminales mexicanas. Si ciertas rutas o mercados se vuelven menos rentables o más riesgosos, los grupos pueden intensificar actividades como la extorsión, el control territorial o la diversificación hacia otros mercados extracontinentales.
Los ataques letales a embarcaciones de presuntos narcotraficantes venezolanos, que todos pudimos atestiguar en diversos videos —cortesía de Washington— también pueden tener un efecto importante en la percepción de los mexicanos. Es una muestra del nivel que ha alcanzado el narcotráfico en el panorama regional del que México es el epicentro.
Narcopolítica y erosión institucional
Las detenciones de autoridades municipales por presuntos vínculos con el crimen organizado —como ha ocurrido en el municipio de Tequila— son acciones que deben reconocerse sin menoscabo. No obstante, también producen un efecto contraproducente en la percepción negativa.
Si quienes fueron electos para proteger a la población -como responsabilidad primigenia- resultan implicados en actividades ilícitas, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: la frontera entre autoridad y criminalidad se diluye. Aunque estas detenciones reflejen acciones de depuración, también revelan la profundidad de la infiltración. Para muchos, lo que se observa es apenas la punta del iceberg de un mal mayor.
Más allá de las cifras
El problema no radica en reconocer avances cuando los hay, sino en presentar las cifras como prueba concluyente de que la crisis está en vías de ser superada. Reducir homicidios es un objetivo crucial, pero insuficiente para transformar la experiencia cotidiana de la gente.
Mientras el miedo siga presente en la rutina de jóvenes, trabajadores, empresarios y familias enteras, será imposible convencernos de que la cosas han mejorado y eventos como los enunciados continuarán desmitificando la narrativa oficial.
La seguridad no solo debe registrarse en estadísticas, debe sentirse en las calles. En seguridad pública, la percepción no es un detalle menor, es a final de cuentas, la medida más tangible de la realidad.