"No se puede usar la justicia como vendetta política", es la cita textual de la presidenta Claudia Shenibaum Pardo.
La sentencia presidencial es relevante justo en este mes de celebración de 109 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Sheinbaum se refirió al uso de la justicia por venganza política, al referirse a la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Alberto Abud Flores, ordenada por la gobernadora morenista Layda Sansores San Román.
Un caso similar ocurre en Puebla con la detención de los tres hermanos exalcaldes de MC que les revocaron del cargo, Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra.
Los ediles respectivos en los ayuntamientos de Ciudad Serdán, Tlachichuca y Buenos Aires fueron detenidos por orden de la Fiscalía General del Estado el 7 de marzo, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Sedena, Marina y la SSP estatal.
En esa fecha realizaron un cateo y la detención de dos de los tres alcaldes, incluido el padre, acusados de los presuntos delitos de narcomenudeo, huachicol y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Con esa presunción de delitos, sin haberse iniciado un juicio y sin sentencia condenatoria judicial de responsabilidad, el Congreso del Estado con mayoría de Morena les revocó el mandato popular a los ediles.
Los diputados liderados por la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política -ahora secretaria del Bienestar estatal- Laura Artemisa García Chávez, dio por buena la supuesta renuncia de síndicos y regidores, pese a que constitucionalmente son cargos de elección popular irrenunciables.
El origen de las violaciones a las leyes y procedimientos fueron ejecutadas por la Secretaría de Gobernación de Samuel Aguilar Pala, que en teoría está obligado a fomentar la gobernabilidad, pero, por el contrario, atropelló el Estado de derecho y la Carta Magna.
A través de los subsecretarios de Gobernación impulsó la ilegalidad al obligar, mediante amenazas de auditorías y cárcel, a la “renuncia” colectiva de los respectivos síndicos y regidores de esos tres ayuntamientos.
Como en el caso de la gobernadora campechana, la fiscal Idamis Pastor y el encargado de la política interna, Aguilar Pala, utilizan la justicia torciendo las leyes y procedimientos para perseguir y encarcelar a representantes de elección popular.
El caso más grave, para la Fiscalía General autónoma y para la Secretaría de Gobernación, es la utilización de jueces locales para cumplir vendettas políticas, es decir, el uso de la justicia.
Usan a juzgadores locales que quedan en ridículo ante el Poder Judicial federal al enmendarles la plana con severos reveses, como en el caso de dos de los tres exalcaldes de quienes ordenó su inmediata libertad por falta de pruebas.
Con el recurso de amparo para obtener su libertad, al echar abajo todas las acusaciones de la FGE, los presuntos delitos se extinguieron, y con esa presunción el Poder Legislativo local les revocó el mandato popular, dicho coloquialmente, acciones propias de un país bananero.
Pero no solo eso, a pesar de la determinación federal de la sentencia de libertad inmediata, la FGE reaprehendió a los dos exediles y les atribuye otros presuntos delitos, con persistente uso del Poder Judicial del Estado, con jueces de consigna, sin que la FGE acredite pruebas de las acusaciones de los ministerios públicos.
De los Morales Flores a los González Vieyra, el poder en el Valle de Serdán
Los hermanos González Vieyra, bajo el dominio del patriarcado, no se equivocaron en su carrera política. Son de cuna priista que inició con el padre, Ramiro González Navarro, se les conoce como la santísima trinidad en el ejercicio del poder político: dios padre, dios hijo y dios espíritu santo.
Se subieron al tren del marinismo en el sexenio del góber precioso, hicieron alianzas con el morenovallismo y se mudaron a Movimiento Ciudadano (MC) donde formaron la triada para gobernar los municipios más importantes del Valle de Serdán.
En las elecciones extraordinarias de gobernador, a la muerte de la efímera gobernadora Martha Érika Alonso, acompañaron en los temples durante la elección extraordinaria de 2018 al nuevamente candidato Luis Miguel Barbosa, por Morena.
Pero para las elecciones de 2024 no había alianza con el candidato de Morena a la gubernatura, y hasta donde se sabe, los González Vieyra coquetearon con la candidatura del panista Eduardo Rivera Pérez.
El empoderamiento regional de los González Vieyra retó el tradicional polo de poder en el Valle de Serdán dominado por la familia Morales Flores, el exgobernador Melquiades, su hermano Jesús, y heredado al cachorro de la revolución mexicana: Fernando Morales Martínez.
Desde el gobierno, Morales Martínez, excandidato a gobernador por MC, pactaron bajar del pedestal a la familia González Vieyra, en una especie de balcanización étnica: borrarlos desde los cimientos del ejercicio del poder político que amenazaba con expandirse más allá del ámbito regional.
El primer choque del entonces candidato a gobernador con el entonces alcalde de Ciudad Serdán Uruviel González Vieyra, fue negarse a ceder un predio y recursos del ayuntamiento para el proyecto del Ecoparque a las faldas del volcán, en el Parque Nacional Citlaltépetl.
El enviado del entonces candidato fue Atanacio Luna, quien fue encargado de los proyectos hídricos, quien salió como entró de la oficina de Uruviel, rápido, al grito del alcalde: “No soy empleado del senador”. Algo así, sin las palabrotas.
Sin aliado para el Ecoparque ni para la gubernatura, el entonces abanderado hizo candidato de Morena al priista del grupo de Marín a la alcaldía de Ciudad Serdán, al exedil Juan Navarro Rodríguez, que en alianza con el panismo local intentaron reventar la campaña quemando vehículos y generando violencia al vandalizar la sede de la Presidencia Municipal.
Los hermanos candidatos a alcaldes de MC se alzaron con la victoria en las elecciones municipales, ya en el poder, siguieron los desencuentros con el gobierno estatal electo, hasta chocar nuevamente en las elecciones extraordinarias en Chignahuapan. En un gesto para distender y despresurizar el desencuentro, se deslindaron de apoyar al candidato de MC en ese municipio.
Sin embargo, fue el subsecretario de Gobernación -otro marinista- Francisco Ramos Montaño, quien le vendió la idea a su jefe que eran los “uruvieles” el problema.
En realidad, quien se había empecinado en sostener la candidatura Juan Lira “El Moco” fue la diputada y líder estatal de MC Fedrha Suriano Corrales, quien al final les puso el dedo a los González Vieyra, según los testimonios de personas cercanas a MC.
Vino entonces en marzo de 2025 el cateo policiaco militar y las órdenes de aprehensión de los tres hermanos alcaldes de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires.
Incrédulos, sin mayor cabildeo político, padres e hijos de la familia González Vieyra hicieron un mal cálculo político al creer que posterior a las elecciones extraordinarias en Chignahuapan, con el triunfo de Morena, obtendrían su libertad: ingenuidad política.
Engañados por la Secretaría de Gobernación estatal, conminaron a dos de los hermanos presos aceptar la revocación de mandato de sus cargos en el Congreso local, igual que los síndicos y respectivos regidores, y permitieran la designación de los consejos municipales, a cambio de obtener su libertad.
No solo accedieron, Ramiro González Navarro, padre de los hermanos alcaldes presos, con el tercero recién capturado, no solo accedieron, sino que él mismo entre sollozos rogó a la población permitieran la instalación de los concejos municipales, principalmente en Tlachichuca.
Con las propiedades incautadas por la FGE por presuntos delitos que la justicia federal echó abajo, a la fecha los bienes siguen en resguardo de la autoridad judicial, sin ninguna justificación jurídica, pero el objetivo es reventarlos.
Del Movimiento del Sombrero a la resistencia pacífica por la libertad de presos
En la cabecera municipal de Tlachichuca, cientos de habitantes de los municipios gobernados por los exalcaldes presos, acudieron a una asamblea informativa pacífica para enterarse de la situación legal de sus exalcaldes.
En la asamblea informativa de la situación legal de los hermanos González Vieyra, privados de la libertad mediante un cateo a sus domicilios el 7 de marzo 2025, denunciaron la manipulación mediática para señalarlos sin pruebas de los delitos de crimen organizado, huachicol y portación de armas de fuego.
La Fiscalía General –denuncian-, ha hecho de todo para reingresarlos a las cárceles a los dos ex munícipes de Ciudad Serdán y Tlachichuca, luego de reaprehenderlos al salir del penal de Tepexi de Rodríguez, demostrando así el uso de la justicia para una vendetta política.
La demanda para la libertad de los hermanos González Vieyra crece y empieza a convertirse en un movimiento como el del sombrero en Uruapan, Michoacán, en demanda de la libertad inmediata de los exalcaldes, mismos a los que han declarado presos políticos de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
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