En medio de las crecientes tensiones políticas, el gobierno de Estados Unidos enfrenta otra crisis presupuestaria que recuerda el cierre más largo en la historia reciente el de 2025, que duró desde el 1 de octubre hasta el 14 de noviembre, afectando servicios esenciales como el transporte aéreo y dejando a miles sin salario.
Esta situación combinada con la reciente revelación el 30 de enero de 2026 de millones de páginas de documentos del caso Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia, exponiendo conexiones de figuras como Donald Trump, Elon Musk y Bill Gates, entre otros, ha debilitado la posición del presidente Trump de cara a las elecciones intermedias de noviembre. Estos escándalos y disputas presupuestarias disminuyen el apoyo republicano.
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El actual impasse, que resultó en un cierre parcial del gobierno a partir de la medianoche del 31 de enero de 2026, se centra en el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Trump ha negociado con los demócratas para evitar un colapso total, logrando un acuerdo temporal que financia la mayoría de las agencias hasta septiembre, pero extiende el presupuesto de DHS solo por dos semanas.
Sin embargo, los demócratas insisten en reformas drásticas a ICE, impulsadas por incidentes recientes como los tiroteos en Minneapolis donde agentes de ICE mataron al enfermero Alex Pretti y a Renee Good, generando repulsión pública por "operaciones descontroladas" que afectan a inocentes.
Este enfoque demócrata parece un castigo directo a ICE, exigiendo cámaras corporales para agentes, fin de patrullas itinerantes, coordinación con autoridades locales y órdenes judiciales más estrictas, además de investigaciones independientes y despidos de altos funcionarios como la secretaria Kristi Noem y Stephen Miller.
Los republicanos resisten, argumentando que tales medidas debilitan la aplicación de la ley migratoria, pero los demócratas usan el shutdown como palanca para forzar la responsabilidad a servidores públicos por abusos.
El impacto más severo recae en los trabajadores federales, particularmente los 85,000 empleados de DHS, incluidos agentes de ICE, quienes son clasificados como "exentos" y deben trabajar sin pago durante el cierre. Estos agentes, que dependen exclusivamente de sus salarios para cubrir hipotecas, alimentos y educación de sus familias, enfrentan retrasos en cheques de pago, similar al cierre de 2025 que dejó a muchos en la pobreza temporal.
Este cierre parcial amenaza la agenda migratoria de Trump y con las elecciones intermedias de noviembre acercándose, deberá buscar una rápida solución.