Cada vez que ocurre un siniestro vial grave, la reacción de los medios de comunicación y por consiguiente de la opinión pública, es prácticamente automática. Lo primero que sucede es la pregunta: ¿Quién tuvo la culpa? Se busca a un responsable individual, se enfatiza el error humano y dependiendo de cuál sea la respuesta que mejor les satisfaga, se promete más vigilancia o castigos más severos.
Esta respuesta parte de una premisa equivocada: que la seguridad vial depende exclusivamente de que las personas se comporten de manera perfecta en un sistema que está diseñado para el error.
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La inseguridad vial es un problema grave que cobra más de 1.2 millones de vidas cada año en calles y carreteras de todo el mundo, pero afortunadamente hay países que han logrado tener resultados positivos en su lucha contra este problema de salud pública y se ha contribuido con mucho conocimiento científico disponible para quien quiera aprender de este.
Entre los esfuerzos más exitosos, se encuentra la adopción del enfoque de Sistema Seguro, reconocido en el Segundo Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030, y en la Declaración de Estocolmo, tras la tercera conferencia ministerial global por la seguridad vial, en 2020.
En 2025, gracias a la Alianza Global de ONG por la Seguridad Vial, tuve la oportunidad de tomar un breve programa de introducción al Enfoque de Sistema Seguro en la Universidad de Hasselt, en Bélgica; una de las pocas universidades del mundo con una Maestría en Ciencias del Transporte que cuenta con un área de especialización en seguridad vial. Además, alberga un instituto de investigación para el transporte que trabaja de la mano con muchas organizaciones de cooperación internacional y de la sociedad civil. En las próximas entregas haré una revisión puntual de cada elemento de este enfoque, con el fin de ofrecer una síntesis sencilla.
El enfoque de Sistema Seguro propone una alternativa al tradicional pensamiento lineal que nos dice que los accidentes fueron “culpa” de alguien. Por el contrario, este enfoque reconoce que las personas se van a equivocar, que cometen errores, más no por esos dichos errores deben costarle la vida a nadie.
La pregunta central deja de ser quién se equivocó y pasa a ser qué elemento del sistema permitió que un error derivara en una muerte o una lesión grave. En esencia se trata de un abordaje ético sobre las decisiones que hay alrededor de todos los componentes del sistema de movilidad y no sólo de los usuarios.
Si nuestra prioridad es la integridad física de las personas, debemos partir de una premisa muy clara: el cuerpo humano tiene límites evidentes de tolerancia a la fuerza de los impactos. A partir de ahí, todo el sistema debe diseñarse para que las consecuencias no sean fatales cuando el error humano aparezca.
Límites de velocidad compatibles con la vida, infraestructura amigable que mitigue riesgos y perdone el error, vehículos más seguros que aprovechen toda la tecnología disponible, procesos de educación y formación de conductores para la examinación rigurosa en la emisión de licencias, y autoridades que hagan cumplir la ley de manera consistente. Ningún elemento por sí solo es suficiente, sino que todos interactúan entre sí.
En México y en muchas otras partes del mundo, seguimos atrapados en una narrativa que individualiza la tragedia. “Iba rápido”, “cruzó mal”, “no se fijó”. Es cierto, esas conductas existen. Pero sobre todo existen calles que incentivan la velocidad, cruces sin condiciones mínimas de seguridad, calles sin banquetas o ciclovías, transporte público precario y un modelo financiero que incentiva la conducción peligrosa. Culpar exclusivamente a quien comete el error es cómodo para quien tiene que ofrecer alguna explicación ante las exigencias de la opinión pública, pero no resuelve el problema de fondo ni impide que se repita.
El enfoque de Sistema Seguro exige mirar las decisiones públicas. Obliga a preguntarse por qué una vía urbana permite circular a velocidades propias de una carretera, por qué se eliminan pasos peatonales en zonas de alta demanda de cruce peatonal, por qué se tolera que miles de personas se trasladen todos los días sin alternativas seguras, por qué se permite que vehículos de carga entren a colonias por calles locales donde niñas y niños tienen derecho a jugar. Obliga, también, a reconocer que las omisiones de las autoridades pueden tener consecuencias fatales.
Adoptar este enfoque implica un cambio cultural, no en el comportamiento de los usuarios, sino en la forma en la que nos aproximamos a los problemas. Significa dejar atrás la idea de que las muertes viales son inevitables o el precio del progreso.
Países y ciudades que han asumido seriamente el Sistema Seguro han demostrado que las muertes pueden reducirse de manera sostenida, o incluso ser erradicadas. No por el buen comportamiento de quienes usan la calle, sino por las decisiones consistentes en el tiempo de las personas responsables de diseñar y gestionar la movilidad.
En el contexto actual, donde el discurso público empieza a reconocer la gravedad de la violencia vial, el reto es no quedarse en la superficie. Reconocer el problema no basta si no se transforma el modelo. El Sistema Seguro es una hoja de ruta para cumplir con la obligación más básica del Estado: proteger la vida. Nuestras leyes de movilidad general y estatal ya lo adoptan de forma explícita. El reto ahora está en traducir esa obligación en una transformación de la administración pública.
Mientras sigamos discutiendo cada tragedia como un caso aislado y no como una falla sistémica, seguiremos repitiendo las mismas tragedias. Cambiar el enfoque no devolverá a quienes ya no están, pero puede evitar que más familias experimenten ese dolor. Diseñar para la vida no debería ser una concesión. Debería ser el punto de partida.
@dobbyloca
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