Las medidas cada vez más espectaculares y restrictivas anunciadas por Donald Trump —que buscan endurecer la expulsión y limitar el ingreso de mexicanos a Estados Unidos— y la inseguridad en México, están produciendo la huida silenciosa de miles de mexicanos a Europa, particularmente a España, como destino de residencia y de resguardo patrimonial.
De acuerdo con información publicada ya por varios medios de comunicación internacionales, en lo que va del año unos 28 mil mexicanos obtuvieron residencia legal en España y más de 9 mil en Portugal. No se trata de migración laboral tradicional ni de flujos vulnerables. Se trata de personas que accedieron a estos permisos tras invertir al menos 500 mil euros en inmuebles o demostrar ingresos elevados y sostenidos.
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Las cifras reflejan un crecimiento de 41 por ciento respecto a años previos, colocando a México como la cuarta nación con más residencias otorgadas en España y la sexta en Portugal. Este fenómeno dista por completo de la imagen histórica del migrante mexicano que cruzaba la frontera para enviar remesas. Aquí el capital viaja primero y la familia después.
Más que migración, lo que ocurre es una evacuación selectiva. México se ha convertido en el principal país latinoamericano emisor de este tipo de visas en la península ibérica.
Este movimiento lo protagoniza el segmento más alto de la pirámide de ingresos: empresarios medianos y grandes, herederos de grupos industriales, fundadores de startups, médicos especializados, abogados corporativos y creadores de contenido que facturan en dólares. Es un grupo reducido —alrededor del 0.3 por ciento de la población— pero estratégico, responsable de una proporción significativa del empleo formal y de la recaudación fiscal.
Las razones detrás de esta salida no responden a un solo factor. Primero, la inseguridad, cada vez más especializada y dirigida hacia patrimonios visibles. Segundo, la percepción de que las universidades y el sistema de salud privados en México han dejado de competir con sus equivalentes internacionales.
Pero hay un tercer elemento, más reciente y más inquietante: la sensación de un Estado de derecho en deterioro, donde las reglas pueden cambiar súbitamente y el patrimonio deja de estar plenamente protegido.
El reporte Knight Frank Wealth de este año confirma una tendencia: el 38 por ciento de los mexicanos con patrimonios líquidos superiores a 30 millones de dólares planea emigrar antes de 2030, una proporción incluso mayor que la registrada en países con crisis políticas abiertas. A ello se suma una encuesta de De las Heras Demotecnia, que revela que 52 por ciento de los empresarios con patrimonios mayores a 10 millones de dólares considera seriamente sacar a su familia del país antes de la próxima elección presidencial.
Los indicadores financieros acompañan el movimiento. El Banco de España reporta un aumento de 68 por ciento en los depósitos de residentes mexicanos en los últimos dos años, mientras que en Lisboa las escuelas internacionales británicas y estadounidenses ya registran listas de espera de hasta dos años para alumnos mexicanos.
Cuando quienes generan inversión, empleo y recaudación deciden irse, no se trata de traición ni de castigo ideológico: es una decisión racional frente al riesgo. España y Portugal no regalan residencias; exigen inversión, impuestos y creación de valor. Cada familia que se va representa una doble pérdida para México: capital y talento.
En un contexto global cada vez más hostil, México no puede permitirse seguir acumulando razones para que los suyos —los que pueden elegir— elijan irse.
A este flujo se suma un fenómeno paralelo: la avalancha de solicitudes de nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. De acuerdo con datos difundidos por EFE, más de un millón de descendientes de españoles ya han solicitado la nacionalidad, de los cuales a la mitad se les ha concedido y apenas 2 por ciento ha sido rechazado. De esa cifra, 165 mil peticiones provienen de mexicanos.
Así las cosas, con el nuevo rostro de la migración mexicana. Felices fiestas.