En Puebla ya no estamos discutiendo si debe ser obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil para conducir. La ley ya lo exige y la Suprema Corte ya confirmó su constitucionalidad. El debate real es otro. La pregunta ahora es cómo incrementamos el número de vehículos asegurados para que las víctimas no sigan pagando los costos de los siniestros viales con su propio patrimonio y con su propia vida.
El camino que llevó a este punto comenzó en diciembre de 2023, cuando entró en vigor la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, empujada por la sociedad civil poblana y con un apoyo inequívoco de Silvia Tanús, en aquel entonces presidenta de la comisión de Transportes y Movilidad en el Congreso local y actual secretaria de Movilidad y Transporte del estado, a quien siempre habrá que reconocerle su liderazgo en este proceso que fue tan celebrado a nivel nacional por un enorme componente de participación y consulta pública para lograr una de las mejores leyes de movilidad del país.
Sin embargo, poco nos duró el gusto y grande fue la sorpresa cuando nos enteramos que los artículos vinculados al seguro obligatorio de responsabilidad civil, así como los relativos a sanciones por conducir en estado de ebriedad, fueron impugnados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en ese entonces presidida por Félix Cerezo Vélez, mediante la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024. Se cuestionaron seis artículos fundamentales para la protección de las personas usuarias de la vía.
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Afortunadamente, tras mucho trabajo, el pasado 6 de octubre de 2024 la nueva Suprema Corte resolvió que los artículos impugnados son constitucionales. Es decir que la Corte validó que el Estado puede exigir seguro, puede establecer sanciones más estrictas y puede regular la movilidad con base en la protección de la vida.
Esa resolución se fortaleció gracias al trabajo de organizaciones de víctimas y de la Coalición Movilidad Segura. Se elaboró un amicus curiae presentado por Víctimas de la Violencia Vial A. C., Manu Vive A. C., Céntrico S. C. y diversos ciudadanos, entre ellos quien escribe esta columna. Este documento reunió argumentos jurídicos, evidencia comparada y la voz de familias que han sufrido siniestros viales. Su aporte permitió que la Corte entendiera no solo la dimensión legal, sino también la dimensión humana del problema.
Además, desde la Coalición se sostuvieron reuniones con personal técnico de las ponencias de algunas ministras y se compartieron análisis adicionales que fortalecieron la discusión. El resultado reconoció lo que la evidencia demuestra desde hace décadas. El seguro obligatorio es una herramienta justa, proporcional y necesaria para proteger a quienes más pierden en un siniestro vial.
Superada la discusión jurídica, el reto ahora es práctico. Puebla es hoy el segundo estado del país con más vehículos asegurados de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Esta posición representa una ventaja comparativa importante. La ciudadanía reconoce el valor del aseguramiento y existe una base sólida para avanzar hacia una cobertura casi universal. Aun así, miles de vehículos aún circulan sin seguro y continúan generando costos que se reparten de manera profundamente injusta.
La pregunta central sigue vigente: ¿Quién paga hoy por los daños cuando hay un siniestro? Cuando no hay seguro, los costos recaen en la víctima que no hizo nada mal, en la familia que absorbe gastos catastróficos, en el Estado que destina recursos hospitalarios escasos a reparar daños prevenibles y también a los causantes, si es que tienen los recursos para responder.
En muchos países entre cinco y diez por ciento del gasto hospitalario en emergencias se utiliza para atender siniestros viales. Aunque no existe una cifra local específica para Puebla, la evidencia internacional es consistente. La sociedad termina subsidiando los daños generados por quienes circulan sin seguro. Y quienes circulan sin seguro y resultan responsables de un siniestro, se quedan sin su patrimonio.
El impacto de los costos de la inseguridad vial no se limita al presupuesto. Los siniestros viales empujan a miles de familias a la pobreza por la pérdida de ingresos, por los costos de la rehabilitación, por el tiempo dedicado al cuidado y por la ausencia de reparación económica. El seguro obligatorio no elimina el trauma, pero sí mitiga el daño y evita que la tragedia se convierta también en ruina.
La lógica de fondo es sencilla. Cada vehículo motorizado que circula introduce un riesgo potencial al sistema de movilidad. Ese riesgo no lo genera la persona atropellada ni el ciclista que iba en su carril ni la familia que cruzaba la calle. Lo genera el vehículo de motor que puede ir rápido y que puede causar daños graves a los cuerpos de las personas en caso de impactarlos. Quien decide conducirlo debe asumir la responsabilidad por los posibles daños que pueda causar. La responsabilidad civil opera bajo esa premisa en todo el mundo.
Por eso el seguro obligatorio no es un castigo ni una herramienta de recaudación. Es un mecanismo que evita que las víctimas sigan pagando por culpas ajenas. Evita que el presupuesto público se diluya en la reparación de daños provocados por privados. Y garantiza que quien causa un daño cuente con los medios para resarcirlo.
Después de la sentencia de la Corte, Puebla tiene una oportunidad que otros estados aún no han aprovechado. La ley existe, está vigente y ya fue validada. El siguiente paso es lograr que más vehículos cuenten con seguro. Se necesita información clara para la ciudadanía, fiscalización inteligente, incentivos adecuados y una nueva cultura de responsabilidad compartida.
En una entidad donde los siniestros viales siguen cobrando cientos de vidas cada año, llegó el momento de reconocer los costos que asumimos cuando decidimos manejar. Y de dejar de trasladarlos a quienes menos tienen, menos pueden y menos hicieron para merecerlos. Tenemos la oportunidad de hacer un modelo ejemplar que pueda ser replicado por otras entidades. Aprovechémosla con liderazgo y creatividad.
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@dobbyloca