Lo declarado por la Secretaria de Gobernación del gobierno federal el lunes 24 de noviembre en medio de la crisis generada por los bloqueos carreteros que tuvieron lugar en al menos 21 entidades federativas del país, nos recuerda aquella célebre frase que acuñó el vocero del expresidente Vicente Fox, Rubén Aguilar Valenzuela, para tratar de explicar lo que el jefe de Estado y de Gobierno quiso decir, pero no pudo articular y mucho menos expresar con claridad.
Sin embargo, a diferencia de aquel sexenio neoliberal, en esta ocasión no fue el vocero presidencial el que corrigió lo manifestado por la funcionaria, sino la propia Presidenta de la República.
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Peor aún, lo hizo durante la “conferencia del pueblo” del día siguiente y sin que la persona aludida pudiera patalear o defenderse, pese a estar sentada a su lado, algo que no abona a la credibilidad de la responsable de la política interior de la nación, ya que los regaños se deberían hacer en privado y solo los reconocimientos en público.
Este tipo de situaciones se podrían evitar si ante coyunturas como la de los bloqueos carreteros que aún prevalecen se dispusiera de áreas que generen productos de inteligencia para fines de Seguridad Nacional y equipos de manejo de crisis que brinden asesoría en tiempo real a los más altos funcionarios en el proceso de toma de decisiones.
Pero a cambio, desde hace siete años la instancia que elaboraba este tipo de documentos y que dependía de la Secretaría de Gobernación (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), fue desmantelada en su totalidad para dar paso a una institución que cada vez se parece más a la extinta Policía Federal (Centro Nacional de Inteligencia), cuyos integrantes están más preocupados por cómo poner a disposición del Ministerio Público a un detenido que en desarrollar productos estratégicos.
Estos productos permitirían al gobierno federal desactivar este tipo de afectaciones a la economía del país, de manera particular a la cadena de suministro, ya sea por medio de la negociación y en caso extremo a través de la aplicación de la ley, pero todo debidamente calculado, para no tener que salir a aclarar lo que se quiso decir y menos por parte de la jefa de Estado, que dicho sea de paso, no está para eso.
Quizá a eso se deba que hayan transcurrido casi cuatro días de “negociaciones” y que el conflicto no haya sido desactivado o que a la fecha no haya claridad de quiénes son los interlocutores y con quiénes sentarse a dialogar. Un indicador de la falta de puntería es que de las 316 reuniones del gobierno federal con líderes transportistas y más de 200 agricultores en las últimas tres semanas, no se hayan logrado acuerdos concretos que eventualmente hubieran evitado este tipo de interrupciones.
Pero lo más grave es que ante la falta de consensos, la propia Secretaria de Gobernación haya “amenazado” a sus interlocutores al recordarles que existen Carpetas de Investigación abiertas en contra de algunos de ellos por delitos relacionados con el ataque a las vías generales de comunicación, las cuales si bien no fueron abiertas durante la gestión del expresidente López Obrador o en la actual administración, éstas se pueden reactivar cuando el Ejecutivo Federal así lo decida y de muestra ahí está el caso del supuesto “segundo tirador” del homicidio de Luis Donaldo Colosio, quien ya duerme en el penal federal del Altiplano.
Que la Presidenta de la República haya salido al día siguiente a corregirle la plana a su Secretaria de Gobernación no exime a ésta última de haber dicho lo que dijo; ahí están los videos y audios que la desmienten, a menos que el extinto líder cetemista Fidel Velázquez haya regresado y autorizado utilizar su célebre frase “las grabadoras mienten”.
Mientras eso no suceda en medios de comunicación y redes sociales sigue vigente lo dicho por Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el intento de corrección por parte de la titular del Ejecutivo Federal.