Con la aprobación de la Ley en materia de extorsión, que ahora permitirá perseguir de oficio este delito y sancionar hasta con 15 años de prisión a quien lo cometa, así como bloquear cuentas bancarias y señales de telefonía celular en el interior de los penales federales y estatales, ya no habrá pretextos para no revertir el crecimiento de este ilícito que tiene una cifra negra de prácticamente 100%, pues solo se denuncian 2 de cada mil casos que se cometen.
Sin embargo, lo difícil será aplicarla y dar resultados inmediatos ya que antes de que ello suceda tendrán que pasar por lo menos tres años, partiendo de la premisa de que ya hay mucho camino andado en los rubros de capital humano especializado en Manejo de crisis y negociación, Análisis de gabinete e Investigación de campo, además de Protocolos de atención de llamadas al 089 (denuncia anónima), recopilación de evidencia en la escena del crimen y cadena de custodia.
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De no contar con estos avances conceptuales y operativos, así como una rigurosa metodología para el desarrollo de labores de inteligencia e investigación policial, los resultados tardarían en llegar hasta doce años, como sucedió con el delito de secuestro, que comenzó con 1,162 casos denunciados en 2009 y alcanzó su mejor record en 2022 con únicamente 724 víctimas.
Pero más allá de la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en materia de Extorsión, uno de los retos más difíciles que se avecinan es acabar con las llamadas de extorsión que se originan desde el interior de los penales, ya que mientras las autoridades, estatales principalmente, no dispongan de la infraestructura tecnológica que garantice que las personas privadas de la libertad puedan ejercer su derecho a estar comunicados con sus familiares y abogados, el problema persistirá y los teléfonos celulares continuarán entrando a los centros de reclusión, con el consecuente uso para cuestiones ilícitas.
Sí a lo anterior se agregan otros problemas por los que atraviesa el sistema penitenciario, tales como insuficiencia presupuestal y de personal capacitado, prevalencia de prácticas de cobro en cada etapa del proceso de ingreso de familiares que los visitan, la solución de este problema estará cada vez más lejana y ni la voluntad política de los gobernadores y la presidenta de la República serán suficientes para resolverlo en el corto plazo.
Antes de que sea elaborado el Reglamento de dicha ley, habrá que advertir que al poderse iniciar una Carpeta de Investigación con el solo hecho de que el Ministerio Público de la Federación y del fuero común tengan conocimiento de una noticia criminal por cualquier medio, incluyendo las denuncias anónimas recibidas a través del teléfono 089, el riesgo de que quien intente ejercer cierto tipo de presión para cobrar una deuda por pequeña que sea o que le paguen la tanda de la semana, pueda ser detenido y privado de la libertad de manera oficiosa mientras dura el proceso, es muy alta y habrá que preocuparse.
Si bien la denuncia anónima por sí sola no basta para lograr una sentencia condenatoria, al ser la extorsión un delito que se persigue de oficio, el hecho de que alguien sea denunciado de manera anónima sin ser un extorsionador presencial o cobrador de piso, lo pueden dejar “guardado” en un penal por lo menos dos años, en tanto concluye el proceso penal.
En razón de lo anterior habrá que estar atentos para cuando entre en vigor la multicitada Ley, ya que a la distancia sigue siendo válido el dicho de que “un vaso de agua y una orden de aprehensión no se le niega a nadie”, y con mayor razón si lo que requiere el gobierno federal es dar resultados pronto y llenar los penales de presuntos extorsionadores, más allá de que la cifra negra siga gozando de cabal salud.
En síntesis, la nueva Ley en materia de extorsión es útil y hasta cierto punto oportuna pero no es suficiente para resolver un problema que no ha dejado de crecer desde 2020 cuando la pandemia paralizó momentáneamente la actividad económica del país.
El hecho de que cada año se cometan más de 5 millones 500 extorsiones, entre telefónicas y presenciales (cobro de piso) y solo se denuncien ante el MP alrededor de 10 mil, nos da una idea de la titánica labor que el gobierno federal tiene que realizar para que realidad y narrativa estén más cercanas que nunca y la percepción de inseguridad haya mejorado.