En dos publicaciones anteriores abordé la exclusión racial que opera bajo discursos de inclusión cultural y la privatización del agua como herramienta de despojo territorial en Cholula. En esta última entrega mencionaré las estrategias de control social que sostienen estos procesos en Puebla y algunas de las alternativas de resistencia de los miembros del colectivo "San Matías Cocoyotla en Defensa del Agua Cholulteca".
En donde llegan grandes inversiones extractivistas aparecen simultáneamente dos elementos: militarización y narcotráfico. El Estado en su acepción más amplia, no ha perdido el control del territorio, sino que lo ejerce de manera distinta, pues usa tanto la violencia legal de las fuerzas armadas formales como la ilegal de grupos criminales para controlar poblaciones que podrían oponerse al extractivismo. Este doble sistema le permite mantener una imagen democrática mientras disciplina territorios, tercerizando la represión a través de grupos criminales que hacen el trabajo sucio que las instituciones oficiales no pueden hacer abiertamente.
Más artículos del autor
La contrainsurgencia actual no pretende eliminar físicamente a los opositores como en las décadas anteriores, sino quebrar su capacidad organizativa antes de que se conviertan en una amenaza real. Opera mediante tres estrategias principales, que incluyen una matriz informativa que confunde a la población, acoso económico que obliga a las familias a concentrarse en la supervivencia inmediata y fragmentación social que impide la construcción de la solidaridad comunitaria. En Cholula esta lógica se adapta al contexto turístico con violencia selectiva dirigida principalmente contra quienes defienden recursos naturales o se oponen a proyectos inmobiliarios.
Violencia criminal y represión oficial
El incremento de la violencia criminal en zonas de interés extractivista es un mecanismo deliberado de disciplinamiento social que funciona mediante el miedo, pánico o terror que genera la “violencia”. Las familias dedican más energía y recursos a protegerse de la delincuencia y no pueden organizarse políticamente contra el despojo. En Cholula, este mecanismo opera de manera sutil pero efectiva, y se observa que el aumento de robos, asaltos, violencia callejera y cobro de piso coinciden con los períodos de mayor conflictividad por el agua y los proyectos inmobiliarios. Esta violencia no es indiscriminada, sino que coincide y se concentra en zonas donde hay resistencia organizada y afecta particularmente a familias de activistas y defensores territoriales.
Esta coordinación permite mantener la ficción del Estado de derecho mientras se ejerce control territorial mediante violencia criminal. La represión directa opera de manera complementaria, de modo que cuando la delincuencia resulta insuficiente para quebrar la organización comunitaria, se utilizan recursos oficiales como carpetas de investigación fabricadas, detenciones arbitrarias, y mediáticamente se criminaliza a la protesta social.
En el caso específico de la lucha por el agua, la represión ha incluido amenazas directas a dirigentes, seguimientos intimidatorios y carpetas de investigación, acciones que intentan generar miedo sin llegar al asesinato, salvo que sea necesario, pues esto podría provocar solidaridad nacional y un escándalo mediático.
La criminalización discursiva acompaña estas prácticas. Defensores territoriales son caracterizados como obstáculos al desarrollo y enemigos del progreso, esto prepara a la opinión pública para aceptar la represión como necesaria, se naturaliza la violencia contra quienes defienden los bienes comunes. Esta violencia dosificada mantiene a las poblaciones en estado de alerta constante sin llegar a niveles que provoquen una insurrección abierta. Es una forma de necrogobierno que gestiona la vida mediante la amenaza permanente de muerte.
Alternativas comunitarias
Pero estos mecanismos de control también generan respuestas organizativas que van construyendo alternativas al modelo extractivista. En San Matías Cocoyotla han desarrollado formas de resistencia que trascienden la protesta para plantear modelos alternativos de gestión territorial. La investigación popular constituye una herramienta fundamental de esta resistencia, pues han documentado cómo opera realmente el despojo del agua, identificando nombres específicos, empresas involucradas y mecanismos de las concesiones.
Su trabajo ha revelado que, con concesiones aparentemente legales de 4,000 metros cúbicos anuales, en realidad se extraen cantidades cinco o diez veces superiores mediante pipas que operan las 24 horas, esto es únicamente un ejemplo. Esta información no se queda en la denuncia, sino que se convierte en herramienta estratégica. Les permite desmontar los argumentos oficiales con datos precisos y desarrollar respuestas específicas a cada mecanismo de despojo, la investigación popular se vuelve así una forma de construcción de poder comunitario.
Su método organizativo reconoce las contradicciones materiales de la participación en contextos de precarización. No exigen que las familias abandonen sus empleos para dedicarse a la lucha, sino que adaptan las formas de participación a las condiciones reales de cada uno. Así, organizan reuniones en horarios accesibles, rotan responsabilidades, combinan actividades de resistencia con necesidades comunitarias concretas.
La gestión comunitaria del agua que han mantenido representa una alternativa concreta al modelo privatizador, pues han conservado pozos noria resistiendo la imposición del sistema municipal de una red de agua potable controlada por el ayuntamiento. La autonomía territorial que han construido no se limita únicamente al agua, a evitar que el agua sucia que sale del drenaje contamine sus viviendas, sino que abarca formas más amplias de autodeterminación comunitaria. Han desarrollado capacidades legales para enfrentar autoridades, estrategias comunicativas para articular apoyos. Su resistencia combina saberes tradicionales con herramientas contemporáneas.
Esta experiencia demuestra que la autonomía comunitaria no es una utopía sino una práctica concreta que puede expandirse. Su propuesta se conecta con luchas más amplias contra el extractivismo, no únicamente defendiendo recursos específicos sino formas de vida que el capitalismo considera obsoletas. Las alternativas comunitarias que emergen en Cholula evidencian que las estrategias de control del Estado pueden generar paradójicamente formas de politización más profundas. Las comunidades comprenden cómo operan los mecanismos de despojo, desarrollan capacidades organizativas que cuestionan no únicamente políticas específicas sino el modelo completo de desarrollo impuesto.
La resistencia demuestra que es posible enfrentar dispositivos sofisticados de control social construyendo alternativas reales que articulen información crítica y organización para que emerjan desde abajo formas de autodeterminación que plantean modelos alternativos de organización social.