El lunes 8 de septiembre concluyó la campaña electoral para la rectoría de la BUAP, período 2025-2029, con la presentación ante el Consejo Universitario de los planes de trabajo de los tres candidatos registrados.
El primero en exponer su programa de trabajo fue el Dr. César Cansino Ortiz, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien propuso reformar, refundar y reconciliar a la universidad mediante la realización de un Congreso Universitario con carácter resolutivo, pues señaló que “a grandes males, grandes remedios”.
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En su intervención señaló un conjunto muy amplio de deficiencias, carencias y necesidades de la comunidad universitaria sufridas por estudiantes, docentes y personal administrativo derivadas del modelo empresarial instaurado en la universidad hace más de treinta años.
Enfatizó especialmente las prácticas antidemocráticas propias de este modelo, debido a las cuales pueden ganar todos los comicios, y el repudio generalizado que pone en riesgo la gobernabilidad, pues carecen de legitimidad.
Finalizó su presentación planteando al Consejo Universitario una disyuntiva: O convalidan un proceso impositivo y preservan al grupo en el poder, o refundan a la Universidad.
A continuación expuso la Dra. Lilia Cedillo Ramírez, quien presentó una adaptación del Plan de Desarrollo Institucional de hace cuatro años.
En tercer término presentó su programa el Dr. Ricardo Paredes Solorio de la Facultad de Administración.
Cada candidato contaba con 30 minutos para exponer su plan de trabajo y después tenía 15 minutos para responder a las preguntas de las y los consejeros. Obviamente no había tiempo más que para responder algunas.
Esta limitación en los tiempos fue cuestionada por las consejeras estudiantes que pidieron la palabra para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado en la mesa sobre Democracia, llevada a efecto, junto con otras, como compromiso de la administración para atender las demandas surgidas del paro estudiantil.
Al respecto la consejera estudiante informó que habían entregado a la Comisión Electoral, encargada del proceso, un documento con 4028 firmas que demandaba un debate público y abierto entre los candidatos(as) a la rectoría. Un acuerdo que debía respetarse, pues fue tomado con meses de anticipación al proceso electoral.
Además señaló que la Comisión Electoral había aprobado la participación en esta sesión de 17 compañeros(as), que se encontraban en el recinto, y estaban esperando les dieran la palabra.
Asimismo, la consejera estudiante de la Facultad de Arquitectura pidió la palabra en el tiempo de las preguntas al Dr. Paredes, señalando que no había otro momento para hablar. Tiempo que le fue restituido al candidato para contestar a las preguntas.
Me permito parafrasear su intervención. Inició preguntando: ¿Cómo elegir si la comunidad no es escuchada? Un documento con 4000 y tantas firmas, 15 minutos para preguntas, a los estudiantes ni siquiera los dejan hablar. ¿Dónde está el debate? La Comisión Electoral les pidió que fueran el 5 de septiembre y no pasó nada. Traigo 114 preguntas, ¿cómo las hago llegar?
Las preguntas de las consejeras no recibieron ninguna respuesta. La mesa sólo les dijo a ellas, y a todos(as) los (as) consejeros(as) que no pudieron hacer sus preguntas, que las enviaran a la Comisión Electoral, lo cual es un absurdo, puesto que las preguntas van dirigidas a los(as) candidatos y las votaciones son el miércoles 10 de septiembre, o sea, mañana.
Las intervenciones de las consejeras estudiantes, “arrebatadas” a la mesa, no hacen sino confirmar el apuro por hacer de la sucesión rectoral un mero “trámite”: una campaña de siete días hábiles, cuando podía ser de veinte, con todo el aparato movilizado al servicio de una reelección que omitió la anunciada autocrítica al inicio de su presentación.
A pesar de todos estos esfuerzos por acallar las protestas estudiantiles, en la sesión afloraron preguntas que revelan los graves problemas que aquejan a nuestra universidad.
A los tres candidatos les preguntaron cómo resolverían la situación de los profesores hora clase, dados sus bajos salarios y su inestabilidad laboral.
Como sabemos, la proporción de este profesorado alcanza el 61 % en toda la universidad, y el 67 % en el nivel medio superior, y a este sector se le paga exclusivamente su hora frente a grupo. Todo lo que realizan fuera de esto no se les paga. Es obvio que el ausentismo y la baja calidad académica están en proporción directa a esta falta de profesionalización de las y los docentes. Una profesionalización que no se alcanza con simples cursos de actualización o de capacitación, que la administración los obliga a tomar.
La solución a este problema nodal es impostergable y no se va a resolver ni con bonos ni con definitividades tempranas. Habría que asignar una parte sustancial del presupuesto universitario para atender la función central de la universidad: la docencia.
Después de escuchar las presentaciones de los tres candidatos, uno puede concluir que, a diferencia de quienes no han ocupado la rectoría, quien sí lo ha hecho enfrenta una revisión mucho más acuciosa y detallada de lo realizado en la gestión anterior, y el juicio de la comunidad universitaria se expresa en las urnas cuando las votaciones son limpias y transparentes.