Para todas las personas que defienden desde sus trincheras
la libertad de expresión en estos tiempos de autoritarismo
La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad.
Liu Xiaobo. Defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 2010.
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Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te esté permitido decir.
Roger Wolfe. Poeta, narrador y ensayista inglés.
Decía Orwell que la libertad de expresión consiste en decir lo que la gente no quiere oír. Añadiría que es decir sobre todo lo que a quienes tienen el poder -en la familia, la empresa, las instituciones y sobre todo los gobiernos- no les agrada escuchar. Porque el padre o madre de familia, el docente, el director escolar, el supervisor, el gerente de la empresa, el alcalde, el legislador, el gobernador, presidente o presidenta, quieren siempre escuchar lo que refuerza su decir y hacer, lo que exalta todo lo bueno de su actuación, lo que les hace brillar y nunca lo que falta, lo equivocado o lo no pertinente.
Desde esta perspectiva, que coincide con lo que muchos otros autores y nuestro propio sentido común entienden por libertad de expresión, se trata de algo que de entrada es incómodo, mal visto, no aplaudido. De manera que históricamente esta libertad no ha sido un punto de partida o algo que se otorga de entrada a los ciudadanos y a todas las personas, sino que se ha ganado a partir de luchas y movimientos colectivos de resistencia y ha costado vidas en muchas partes del mundo y en nuestra propia patria.
Prueba de ello es el enorme número de asesinatos de periodistas y activistas sociales que se han perpetrado en México al menos en las últimas dos décadas, sin contar por supuesto con los casos emblemáticos de la historia nacional del siglo veinte. La enorme mayoría de estos casos, por cierto, siguen impunes y para como se ha ejercido y se perfila que se va a ejercer la justicia en el país, es altamente probable que nunca se sepa la verdad ni se detenga y procese a los responsables materiales y sobre todo, intelectuales de dichos crímenes.
Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos signada por la mayoría de los países del orbe en el marco de la ONU al finalizar la Segunda Guerra mundial y su evolución hasta la formulación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como compromisos de los distintos gobiernos, fueron un avance en el campo de la garantía para la libre expresión de las ideas que implican diversidad y disenso, el paso de las grandes declaraciones a los hechos cotidianos ha sido muy lento y deficiente y no se ha logrado concretar suficientemente en muchas naciones incluyendo la nuestra.
En los últimos tiempos la lucha se había concentrado precisamente en este terreno de la exigencia de cumplimiento de lo establecido en términos de libertad de expresión, la protección de las personas, grupos sociales, asociaciones e instituciones que por su naturaleza están más expuestas a las represalias por decir lo que a ciertos grupos de poder no les agrada y en la exigencia de justicia en los casos de asedio o asesinato contra quienes expresan opiniones disonantes y críticas.
Sin embargo, hoy parece que en lugar de avanzar estamos retrocediendo. En el ámbito internacional somos testigos de represiones desde los gobiernos hacia todas las personas que expresan opiniones que cuestionan las decisiones muchas veces arbitrarias e injustas de los poderosos y en los regímenes de talante autoritario derivados de los populismos de izquierda y derecha, desde los Estados Unidos -otrora emblema, al menos en el papel, de la libertad- hasta Rusia, Turquía, Venezuela, Nicaragua y muchos otros países se están llevando estas acciones represivas incluso al ámbito de la legislación.
En México hubo ya un intento a nivel nacional de legislar para restringir la libre expresión y tomar el control de los medios de comunicación masiva y las redes sociales, que después de una reacción muy fuerte en contra, se puso en pausa. Sin embargo, en estados como Puebla -tristemente ejemplo en los últimos tiempos de lo negativo a nivel nacional- y Campeche se han impuesto recientemente leyes que afectan la libertad de expresión con el pretexto del ciberasedio y de una demagógica buena intención para terminar con los insultos en los medios digitales.
“La humanidad progresa. Hoy solamente quema mis libros; siglos atrás me hubieran quemado a mí…” dijo alguna vez Sigmund Freud. Pues ahora parece que las leyes y las políticas públicas van en sentido opuesto a este irónico progreso y volveremos a ver que no solamente se queman libros o documentos, sino que se queman -análogamente, con penas de cárcel, por ejemplo- a quienes piensan distinto y se atreven a expresarlo.
¿No es cierto que en las redes sociales y en medios de comunicación amarillistas leemos y vemos cotidianamente noticias falsas o distorsionadas con intenciones de cancelación de ciertos personajes o grupos? ¿En verdad no existe diariamente una enorme cantidad de “abajo insultantes” debajo de los artículos de opinión y en respuesta a tuits o publicaciones en las redes sociales? ¿No deberíamos aspirar a un diálogo civilizado y argumentado para dirimir las diferencias, que no se sustente en el insulto?
Por supuesto que es deseable si aspiramos a tener una sociedad democrática y civilizada, luchar contra los insultos, las descalificaciones y la cultura de la cancelación en las redes y los medios. Sin embargo, el problema es pretender que con la censura, la represión o el castigo se acabará con este mal y se propiciará un debate argumentado y respetuoso.
Para resolver este grave problema del insulto y la cancelación, la respuesta no está en leyes represivas ni en castigos que eviten a los gobernantes leer y escuchar lo que no les gusta -porque con estas leyes queda a criterio de la autoridad lo que se considerará como insulto o violencia política- para recibir solamente elogios y aplausos a sus gestiones que siempre tendrán elementos cuestionables y en las que siempre habrá ideas o concepciones opuestas.
Tal vez suene a lugar común pero la respuesta está en la educación en su sentido amplio, es decir, no solamente escolarizada sino a través de todos los medios que inciden en la sociedad y en la cultura. La solución se dará a través de la promoción de un auténtico pensamiento crítico en las nuevas generaciones que están en la escuela o la universidad y en el cambio hacia una cultura del debate bien sustentado que nos lleve de la opinión pública a la razón pública como dice Adela Cortina.
Ojalá todos los ciudadanos y especialmente los que tenemos alguna incidencia en la formación de las nuevas generaciones y de la cultura colectiva, defendamos la libertad de expresión -con todo y sus excesos que son siempre preferibles a la censura- y trabajemos por el desarrollo de un auténtico pensamiento crítico autocorrectivo, sensible al contexto, referido a parámetros y sustentado en evidencias. De lo contrario podemos llegar a una situación en la que tengamos derecho a expresar libremente todo aquello que nos esté permitido decir.