Es Mes del Orgullo y el mundo está cambiando. Pareciera que estamos frente a una nueva forma de mirar la realidad, pero en muchos sentidos, es un regreso peligroso al pasado. Lejos de consolidar los avances alcanzados, vivimos un momento donde se cuestiona, se estigmatiza y se pretende revertir lo ganado en derechos y libertades.
El orden internacional que emergió tras la Segunda Guerra Mundial, aquel que colocó a los derechos humanos como el pilar del desarrollo de los Estados, muestra hoy señales claras de desgaste. Y no solo se tambalean los principios democráticos o los compromisos globales, también se erosionan las garantías más elementales: el derecho al trabajo digno, a la salud, a la vivienda, a una vejez con seguridad, a la educación de calidad.
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Este vacío ha sido aprovechado por discursos radicales y reaccionarios que, en lugar de buscar soluciones reales a las crisis actuales, optan por construir enemigos imaginarios. Así, los avances en derechos sexuales y reproductivos, la libertad de las mujeres y las conquistas de la comunidad LGBTIQ+ son presentados como amenazas, como si fueran responsables de un sistema que ya venía fallando por otras causas más profundas.
No. No es la diversidad la que fractura a las sociedades, es la desigualdad.
No es la libertad sexual la que debilita a los estados, es la falta de justicia, de oportunidades y de acceso equitativo a lo básico.
No es el amor entre personas del mismo sexo lo que resquebraja a las familias, sino los sistemas que las precarizan: jornadas laborales extenuantes, pobreza estructural, falta de tiempo, de cuidados y de condiciones para una vida digna.
Y sin embargo, en este contexto de desgaste global, es más fácil culpar a quienes alzan la voz. Hoy se criminaliza la protesta, se caricaturiza la exigencia legítima y se deslegitima el reclamo de derechos. Se señala como responsables del “declive” a jubilados que piden pensiones justas, a trabajadoras que exigen salario y horarios dignos, a jóvenes que ya no aceptan la explotación como destino. A todas las personas que ya no toleran el silencio como moneda de cambio.
Y junto con eso, peligros que creíamos superados vuelven a colarse por las grietas: discursos supremacistas, nacionalismos radicales, el blanqueamiento del fascismo, el resurgimiento de ideas autoritarias, la imposición de modelos únicos de vida, de familia y de amor. Una narrativa que vuelve a decirnos que solo hay una forma “correcta” de existir.
Por eso, hoy más que nunca, la comunidad LGBTIQ+ debe ocupar todos los espacios. No solo alzar la voz, sino asegurarse de que esa voz esté presente en todos los ámbitos: en la política, en la economía, en la cultura, en los medios, en la educación. No podemos permitir que ningún espacio quede vacío, porque sabemos que en la ausencia se cuelan los discursos del odio.
En 62 países sigue siendo delito amar. Sí, amar. Por eso, quienes vivimos en países donde ya no lo es, tenemos el deber de defender cada derecho conquistado y trabajar para ampliarlos. Porque la lucha no termina al salir del clóset, ni al poder marchar con orgullo una vez al año. La lucha continúa mientras existan personas criminalizadas por ser quienes son.
Debemos construir alianzas con otras causas que defienden la dignidad humana. Entender que nuestras batallas están conectadas. Que la lucha por los derechos LGBTIQ+ también es una lucha por la justicia social, por la libertad, por un mundo donde nadie tenga que ocultarse para vivir.
Nuestra visibilidad no es negociable. No volveremos a ser invisibles.
Porque nuestra existencia no es privada ni debe serlo nunca más.
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