Hipótesis de trabajo: Aunque los efectos de la reforma al Poder Judicial todavía no se resienten, de ahora en adelante ya nada será como lo fue durante las últimas tres décadas. La breve primavera democrática de apenas tres sexenios pereció decapitada, infligida por la vía constitucional de los votos. Nada qué reclamar.
Nuestro arribo a la democracia fue la culminación de un largo y tortuoso camino que tuvo su momento apoteósico durante la alternancia de partido en el cargo de presidente de la República en el año 2000. Aquella hazaña llegó a su fin el domingo primero de junio con la argucia de elegir un nuevo Poder Judicial por la vía del voto popular.
Más artículos del autor
Los efectos del cambio de aquel año (hace un cuarto de siglo) se naturalizaron enseguida y se expandieron sobre los tres niveles de gobierno y en las cámaras del Poder Legislativo federales y estatales. Había una población ávida de participar en los asuntos públicos desde sus respectivas orientaciones ideológicas. En un breve periodo de apenas 18 años, el país experimentó una verdadera pluralidad política, en condiciones de relativa igualdad y estabilidad. La violencia político-electoral es más reciente, del sexenio pasado. La primavera democrática fue un acontecimiento inédito en la historia mexicana.
Desde 2000 la incertidumbre se instaló como el signo distintivo de las elecciones. Producto de aquel tránsito se gestó una importante infraestructura institucional con la creación de organismos constitucionales autónomas, independientes de los tres poderes, con un alto nivel técnico en sus funciones, encabezados por ejecutivos y consejeros con trayectorias académicas reconocidas. La presencia de los nuevos órganos introdujo confianza y seguridad en los actores políticos, económicos y sociales.
La transparencia y rendición de cuentas como valores importantes de la democracia fueron elevadas a nivel constitucional (una iniciativa que salió de los principales periódicos nacionales). Los gobernantes (esas figuras omnímodas) fueron metidos en un vitrina y obligados a rendir cuentas de sus actos y sometidos al escrutinio público. La medida no desterró el viejo y arraigado patrimonialismo de aprovechar los puestos del gobierno para volverse ricos, pero lo socavó, en mucho por libertad de expresión y la incidencia de la opinión pública.
El patrimonialismo es una de las herencias más nefasta de la Colonia, que persiste agazapado en prácticamente todos los niveles de gobierno. Es fuente de muchos males. Tiene su origen en la venta de cargos públicos en el gobierno virreinal. Una práctica que en dos siglos ha cambiado de nombre, pero no ha sido erradicada. Su vigencia renovada se observa en el financiamiento de particulares a partidos y candidaturas a puestos de elección, a cambio de favores y privilegios, de ganar el cargo.
¿Qué es el patrimonialismo? Es cuando el gobernante en turno no distingue entre patrimonio nacional y el patrimonio propio, lo que es suyo y lo que es de la población. Puesto bajo su resguardo por el tiempo que dura el encargo.
El gobernante que actúa con criterios patrimonialistas trata los asuntos públicos como si fueran suyos. Lo que hace y no hace esta en función de esas ventajas personales y de grupo. Un acto patrimonialista por excelencia es cuando el gobernante reclama que todas las personas que lo buscan son para pedirle favores; nadie pide verlo para llevarle regalos.
Para mi gusto y por mis intereses laborales, la institución más importante de la transición democrática fue el CONEVAL; con su métrica periódica revelaba el grado de competencia e ineficiencia de las políticas sociales y las buenas y malas acciones de los sucesivos gobiernos. Los gobernantes responsables corregían con base en sus estudios.
El desempeño de esa institución de inmediato se reveló contrario a la incontenible charlatanería del presidente López Obrador respecto de los usos que hizo de la pobreza y los pobres. “Primero los pobres” fue un acto de propaganda. La reducción de la pobreza en el sexenio pasado sigue siendo tema de debate entre especialistas. De acuerdo con el Banco Mundial 9.5 millones de personas habrían salido de la pobreza entre 2018 y 2023.
No es extraño que una de sus primeras decisiones de AMLO como presidente haya sido la remoción de Gonzalo Hernández Licona del cargo de Secretario Ejecutivo de CONEVAL. Más que remoción, se trató de un acto deliberado de censura a su derecho de opinar. Hernández, un economista eminente, tuvo la osadía de escribir que la política de austeridad auspiciada por el presidente debía analizar los recortes anunciados de manera “más cuidadosa” y hacerlo “con fundamento”, punto. Esas palabras, que no tenían más finalidad que advertir y ayudar, embravecieron al monarca, y lo echó.
Hay que recordar que fueron los organismos de tercera generación (por ejemplo: había un organismos encargado de medir el desempeño de la educación, el INEE, algo tan elemental como comer tres veces al día, si el objetivo es el bienestar; estaba el INAI, garante de la transparencia y rendición de cuentas y protección de datos personales; el CONEVAL, que media el desempeño de la política social y la dimensión de la pobreza; la CRE, reguladora del mercado de las energías; el COFECE vigilaba la libre competencia y la concurrencia en el mercado mexicano; IFT brindaba seguridad en materia de telecomunicaciones; CNH, el organismos encargado de revisar la exploración de hidrocarburos) los que anunciaron la modernidad política y económica que trajo la transición. Todas esas instituciones fueron despojadas de autonomía en el sexenio pasado y concentradas sus funciones en dependencias bajo la égida presidencial.
Como dice la literatura francesa: la democracia se caracteriza por la mayor distribución del poder en el mayor número de personas. La concentración es autocracia, y mucho de eso anuncian las reformas aprobadas en la administración pasada y en lo que va de la actual.
Hay que decir también, de la mano de los expertos, que en la breve primavera democrática no se logró abatir la pobreza (porque no es su función), no se generaron las condiciones para un crecimiento sostenido e incluyente, no hubo buena seguridad ni políticas efectivas a favor del medio ambiente.
Sin embargo, y pese a todas esas iniquidades, se desarrolló la infraestructura para un Estado liberal, democrático, y tal vez lo más importante: se favoreció el desarrollo de una economía de mercado, competitiva y estable, en mucho empujado por los tratados comerciales internacionales. En esa tesitura la COFECE (Comisión de Competencia Federal Económica) jugó un papel de confianza cardinal, el mayor insumo para atraer inversión extranjera.
Chayo News
Honor a quien honor merece. Es la primera vez que un gobernador sale en defensa de los indios de la ciudad de Puebla. Es un hecho inusitado, y por lo tanto histórico. Incluso que el pronunciamiento haya sido hecho en público.
En referencia a unas declaraciones vía IA del alcalde capitalino, en una reunión que concentró a la llamada “Alta Sociedad Poblana”. Un núcleo que se sigue considerando evocación de la Colonia.
Son las familias que impusieron el nombre del representante del Imperio español en letras de otro en las paredes del Congreso del Estado, don Juan de Palafox y Mendoza. Ignoro si se mantiene en la nueva sede.
“La inclusión sin los pueblos indígenas no es inclusión, es demagogia”, aclaró el mandatario Alejandro Armenta Mier.
Poco saben que Puebla es el municipio del estado que concentra el mayor número de población indígena, incluso en el sur de la ciudad hay colonias fundadas por indígenas totonacos, que se reconocen como tales y cultivan sus instituciones.
Hay una vieja narrativa colonial interesada que hace creer que la ciudad de Puebla fue construida por españoles, al margen de los indios. Mentira. La ciudad fue edificada por la fuerza de los indios, igual que la Catedral. Palafox dirigió, pero no cargó. Los materiales de construcción no se trasladaron en camiones de volteo, ni se levantaron con grúa. Lo hicieron a hombro los indios.
Los españoles cabilderos inventaron una supuesta superioridad en base al color de la piel, para legitimar la explotación blanca sobre los prietos.
La ciudad de Puebla es producto de un despojo de tierras. Los terrenos elegidos por la nueva ciudad pertenecían a la nobleza indígena de Cholula, a una de sus principales caciques (ver Códice).
Llevó ocho años tratando de montar una exposición sobre cómo sobreviven los indígenas en la ciudad de Puebla, y no he podido, porque resulta fea y hasta una falta de respeto. Espero que con un gobernador declaradamente indigenista ahora sí se pueda.
@ocielmora