Hace más de una semana que arrancaron las campañas al Poder Judicial, un proceso sumamente peculiar que despierta muchas interrogantes; pero la pregunta que más ha pasado por mi mente es ¿qué proponen los aspirantes al Poder Judicial? Porque cualquiera de las respuestas que me he planteado parece más una obligación al cumplimiento de los principios del derecho, o bien, una amenaza a la imparcialidad democrática, que una promesa que debe ser cumplida.
Y es que este tema ha sido ampliamente debatido, someter al Poder Judicial al escrutinio de las urnas, convertirlo en un actor político-electoral que debe agradar a las masas, resulta una amenaza a la imparcialidad, ¿elegir por voto popular a jueces y ministros? implica dejar a un lado la relevancia de la impartición de justicia como un ejercicio de técnica jurídica y, transformarlo en una cuestión de popularidad o carisma, y no de conocimiento técnico, independencia y compromiso constitucional.
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Y es que, aunque estás campañas se estén tomando a la ligera, los cargos que se eligen no son menores:
A nivel federal son nueve personas ministras de la Suprema Corte; cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; dos magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral; 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral; 464 personas magistradas en Tribunales Colegiados de Circuito y de Tribunales Colegiados de Apelación; y 386 jueces y juezas de distrito. En total, 881 altas responsabilidades judiciales federales, más las responsabilidades de las 19 entidades donde también habrá elecciones.
Y entre los diversos cargos, competencias y todas las candidaturas, la ciudadanía está sumamente desinformada. Según una encuesta de El Financiero, el 56 por ciento de las personas encuestadas sabe poco o nada de las primeras elecciones judiciales; el 34 por ciento aún no sabe cómo votará y el 39 por ciento parece inclinarse por los perfiles que están actualmente en funciones y no por los propuestos por alguno de los Comités de los tres poderes.
Me parece preocupante ver a las personas candidatas a jueces, magistrados y ministros como influencers buscando likes; aún más preocupante es que sus narrativas se basen en lealtades partidistas, alianzas, compadrazgo y clientelismo; nunca se han necesitado jueces populares, siempre se han necesitado jueces justos.
El trabajo de un juez no es hacer campaña ni caerle bien al pueblo, sino aplicar la ley e impartir justicia, incluso cuando eso incomoda al poder o va contra lo que opina la mayoría.
Muchos serán los aprendizajes que tendremos de esta elección única en su género; habrá aciertos y desaciertos, nuevas estrategias y, en algún momento, una mejor narrativa. Pero con lo que veo hasta hoy, me pregunto: ¿Cómo vamos a confiar en una jueza que llegó al cargo por quedar bien con un partido o un grupo de poder? ¿O en un ministro que hizo campaña con promesas que después podrían influir en sus sentencias?
Piénsenlo y me cuentan si tienen la respuesta.