Más allá de un evento público de marketing político, el informe de los primeros cien días de gobierno de Alejandro Armenta servirá para revisar los claroscuros en el arranque sexenal.
Uno de los principales distintivos de Ejecutivo estatal es la estrategia de propaganda colgada del plan de gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el manejo de imagen, Armenta es presentado como un gobernante del pueblo, activo en las faenas comunitarias, promotor del regionalismo, de programas sociales y gestor de inversiones.
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Armenta tomó con mucho entusiasmo un “consejo sabio” de un político experimentado que lo conminó a gobernar con la gente, con el pueblo; de ser necesario, hasta subirse al transporte público de pasajeros: baños y más baños de pueblo.
Se le ha construido una imagen de gobernador comprometido con el proyecto político del segundo piso de la 4T, con una proyección de capacidades para liderar el tercer piso cuatroté.
Con el slogan promocional institucional: “Con el pueblo, todo; sin pueblo, nada”, lo proyectan como jefe político de Morena en el estado, por donde pasan todas las decisiones, todas.
El único rival en la carrera por el lejano 2030 – amén de las aspiraciones de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, o algún otro gobernador- es el proyecto de “Los López” con Andrés “Andy” López Beltrán.
El gabinete estatal se ha convertido en el talón de Aquiles
Los principales saboteadores del trabajo del gabinete legal y ampliado son los mismos integrantes de mandos superiores, medios e inferiores, todos con militancia en Morena y de partidos aliados.
Cómo ha ocurrido en el estilo del régimen de la 4T desde que asumieron el poder en 2018, el principal valor para ocupar un cargo público es la “lealtad” y el pago de “cuotas políticas”, pero no necesariamente por trayectoria y capacidad probada.
Las oficinas públicas del gobierno del estado es un hervidero de grillas y politiquería, ocurrencias, producto de la improvisación, con una curva de aprendizaje prolongada y sin peralte, lo que provocará “despistes” de secretarios y subsecretarios del gabinete legal y ampliado.
Es desagradable para ciudadanos u organizaciones civiles o empresariales que acuden a las oficinas a entrevistarse con los secretarios del gabinete, porque los funcionarios de esas dependencias desalientan a los visitantes: “El (o la) secretario (a) está de paso, se irá pronto”.
Los mismos servidores públicos de las dependencias estatales son los promotores de la desestabilización del equipo de colaboradores del gobernador, haciendo correr todo tipo de rumores respecto al tiempo de permanencia de funcionarios del primer nivel.
Cuando el propio mandatario estatal expone a secretarias del gabinete como la de Turismo, Yadira Lira, a quien le pide resultados y justificar sus viajes al extranjero, alimentó esa incertidumbre y zozobra de la permanencia de secretarios y equipos en la administración.
Si ya conocían la trayectoria y la historia de la karateca con los excesos administrativos -nepotismo- y la opacidad con que se conduce, pues para qué la invitan, más allá del peso y apoyo del padrino.
Seguramente en la oficina del jefe del gabinete ya están las respectivas evaluaciones y el desempeño del equipo y la medición de resultados inmediatos de los colaboradores del mandatario estatal. Y se trata de lo básico, el día a día, nada especial.
Por supuesto que son varios los integrantes del equipo de colaboradores del gobernador, los más cercanos, del primer círculo, experimentados con muy buenos resultados.
Empero se nota la falta de definición de una política industrial, de crecimiento urbano, un plan económico integral, política cultural, de salud y educación, más allá de la infraestructura, especialmente ante la demanda de atención debido al fracaso del sistema federal IMSS-Bienestar.
Las expectativas y los compromisos electorales por cumplir
Erradicar la corrupción es una de las principales banderas de los gobiernos de la Cuarta Transformación, y a la vista de los poblanos hay cuentas financieras irregulares por aclarar.
El caso más evidente –conste que ya está desgastado el discurso del culpar a gobiernos del pasado– le dicen el ‘antiguo régimen’ (sic)- es al daño patrimonial por 600 millones de pesos “perdidos” en una irregular operación en una institución financiera en bancarrota (Accendo Banco).
Empero son más los casos de anomalías en el manejo de las finanzas públicas de personajes ligados a Morena en el gobierno del extinto Miguel Barbosa Huerta.
Si su “pecho no bodega”, como lo declaró Alejandro Armenta en una conferencia de prensa mañanera, es obligación de la Secretaría de la Función Pública transparentar los recursos destinados en la reconstrucción del Museo La Constancia.
La administración del gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes debe ser sujeta a una revisión exhaustiva en el ejercicio de los recursos, como una práctica sana, no como una “cacería de brujas”; igual hasta se justifica el “Honoris Causa” con el que lo distinguieron.
Es mucho pedir por la sociedad se transparente la inversión de la obra pública ordenada de “última hora” por Céspedes en vialidades e infraestructura como los paraderos del Sistema Ruta 4 del Periférico, que es un insulto a la ingeniería, a los usuarios y a la sociedad poblana. Es pregunta.
El tema nodal para el actual gobierno, este sí relacionado con el pasado, en la administración morenovallista, sobre la cancelación de la concesión del sistema de agua y drenaje en poder de una de las empresas de la familia Hank Rhon.
Con calificar al difunto Rafael Moreno Valle como “traidor a la patria” no mejorará el servicio de abasto de agua ni bajarán las tarifas. Si bien en un problema de solvencia de las finanzas públicas para pagar el costo del retiro de la concesión, sería tan encomiable como el esfuerzo del gobierno para disminuir los compromisos de pago del Museo Internacional del Barroco (MIB) y los CIS.
Retos en materia de seguridad pública y contra el crimen organizado
Puebla, como otras entidades, paga el alto costo de la política de “abrazos y no balazos” de AMLO para abatir los índices delictivos, principalmente por los generadores de la violencia identificados por el mismo gobierno con la delincuencia organizada.
Es preciso destacar que en los primeros dos meses del gobierno de Alejandro Armenta disminuyeron en aproximadamente el 50 por ciento de los homicidios dolosos, en relación a los meses de 2024 o del 2017 a la fecha, según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad.
El promedio es de 40 homicidios ocurridos respectivamente en enero y febrero, muy lejos de los 80 y hasta 100 al mes durante el gobierno de Céspedes Peregrina.
Sin embargo, el fenómeno criminal persiste, además de los asesinatos dolosos, con la revelación de la existencia en Puebla de laboratorios para producir drogas sintéticas, como el desmantelado por el gobierno federal en Puebla capital, atribuido al Cártel de Sinaloa.
El reconocimiento tácito de la presencia del crimen organizado en el estado -que siempre se había negado- es un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada.
En la entidad estos grupos criminales -según el gobierno federal- están ligados al narcomenudeo, robo de gasolinas y gas LP por huachicoleros, robo carretero, tráfico de migrantes, extorsiones, ciberdelitos y desapariciones.
Lo ocurrido en Bosques de San Sebastián con el doble asesinato de dos policías y la quema de una tienda Oxxo, solo demuestra que la capacidad de fuego y presencia de este tipo de grupos obliga al estado y a la federación avanzar en las estrategias, porque con la presidenta Sheinbaum se acabaron “los abrazos”.
En 100 días de gobierno hay claroscuros, y sin duda es un tiempo muy limitado para evaluar resultados, y necesariamente para los proyectos de Armenta este gabinete estatal no le sirve del todo, no está a la altura de los objetivos que ha propuesto el gobernador, y conste que las circunstancias locales, nacionales y mundiales van en un cambio muy acelerado.
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Face: Pablo Ruiz Meza
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