UNO. Aún no está claro el derrotero del movimiento que mantiene en paro a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), por lo que conviene no confundir dos posibles fuentes de la controversia. Por un lado, las demandas estudiantiles —legítimas y justas en su mayoría— y, por otro, intereses políticos que estarían tratando de marcar el terreno que conducirá a la elección de quien deberá ocupar la rectoría durante los próximos cuatro años. Sobre este segundo asunto, varios analistas han expuesto con bastante claridad las complejidades institucionales —derivadas de prácticas organizacionales de diversos actores con intereses políticos varios— que estarían haciendo crisis en la actual coyuntura política del país.
Si bien es cierto que las demandas estudiantiles podrían ser no completamente independientes de las maniobras de unos u otros grupos, se debe reconocer que tocan asuntos muy sensibles de la educación superior, algunos de los cuales no son exclusivos de la BUAP. Refieren los diferentes grupos estudiantiles, a través de los pliegos petitorios que han hecho públicos, la necesidad de mejorar la infraestructura escolar. Las instalaciones actuales, su mobiliario y su conectividad, alegan, dejan mucho que desear. Tienen peticiones, también de orden pedagógico.
Más artículos del autor
Reclaman, los estudiantes de Medicina, no contar con espacios para realizar sus prácticas profesionales; demandan, todos, recuperar por completo la presencialidad, la actualización de los planes de estudio y la necesidad de mejorar la calidad de los instrumentos de evaluación de sus profesores, así como otorgarle un valor relevante con el ánimo de mejorar la excelencia académica. Exigen, además, la recuperación de la cultura del respeto. Urge, argumentan, poner un alto al acoso. En pocas palabras, los estudiantes universitarios señalan no estar satisfechos con la educación que reciben, no encuentran un entorno cómodo y estimulante, ni la seguridad necesaria para desenvolverse, especialmente las mujeres.
Por el bien de la institución y, sobre todo, de su comunidad, es deseable que las mesas de diálogo que han sido acordadas por las partes resulten ser eso exactamente, mesas para el diálogo. El intercambio no será fácil, sobre todo si los funcionarios de la administración universitaria no acuden a ellas con toda la disposición de escuchar con atención y suspendiendo prejuicios sobre las posturas estudiantiles. Puebla necesita jóvenes profesionistas con sólida formación, visión social crítica y convicción ética para enfrentar los múltiples retos complejos que la coyuntura internacional empieza a delinear. Eso reclama instituciones de educación superior comprometidas y enfocadas en la producción, difusión y aplicación del conocimiento. De ahí que los acuerdos que de estas mesas resulten y los compromisos para concretarlos y darles seguimiento serán de vital importancia.
DOS. El problema es complejo, pero la asignación de recursos a las instituciones públicas de educación superior en México, cuya historia es lamentablemente crítica, es uno de los factores que hoy sientan las bases para esta crisis coyuntural que, en el futuro, podría complicarse más aún. Otras razones merecen análisis posteriores.
Aun cuando la Secretaría de Educación Pública registra que en los últimos años la preferencia por instituciones privadas marca una tendencia al alza, las universidades públicas del país siguen estando mayoritariamente a cargo de la formación profesional de los jóvenes mexicanos. En el ciclo escolar 2023-2024, la matrícula de las instituciones de educación superior en México fue de poco más de 5 millones 300 mil estudiantes, de los cuales, el 62 por ciento, esto es, 3 millones 320 mil estudiantes se registraron en universidades públicas. En 2024, el gobierno federal destinó 158 mil millones de pesos a poco más de mil universidades públicas, lo que equivalió a poco más del 0.5 por ciento del PIB. Eso significó una reducción significativa respecto de años anteriores. En 2023, las universidades públicas recibieron 0.63 por ciento del PIB, proporción aún menor que la de 2015, cuando se les destinó el 0.67 por ciento del producto interno bruto. Así, mientras la matrícula creció entre 2015 y 2024 en un 28 por ciento, el presupuesto se incrementó solamente en un 23 por ciento.
Así, la coyuntura por la que atraviesa la BUAP es resultado de un largo proceso de desatención a la educación superior. Las condiciones actuales sugieren que, por más interés que las autoridades pongan en ocuparse de las fallas que los estudiantes identifican plenamente, los problemas estructurales no podrán resolverse.
La economía mexicana podría entrar en recesión este año como resultado de la agresiva política de Trump; algunos analistas sostienen que, de hecho, la economía mexicana ha entrado ya en recesión desde el último trimestre del año pasado. En este contexto sombrío, el gobierno federal ha programado un gasto para todo el ramo educativo de 1.05 billones de pesos, el 2.9 por ciento del PIB. Una asignación pobre, si se toma en cuenta que en 2015 fue del 3.5 por ciento, y lejos de la recomendación de la UNESCO de invertir entre el cuatro y el seis por ciento. El promedio latinoamericano es de 4.9 por ciento. La perspectiva se torna más gris por el hecho de que a lo largo de la gestión de la presidenta Sheinbaum se crearán 330 mil nuevas plazas para estudiantes en el circuito de universidades públicas, en tres de las cuales —Universidad Nacional Rosario Castellanos, Universidad de la Salud y Universidad para el Bienestar Benito Juárez— nuevos planteles serán agregados; sumados serán noventa.
La falta de recursos financieros es especialmente grave en las circunstancias actuales, en los que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta imprescindible en los procesos educativos que persiguen la excelencia. Mientras universidades privadas están incorporando la tecnología tanto en sus instalaciones, en la actividad docente como en la programación académica, lo que incluye renovación de planes de estudio que la incorporan, en las universidades públicas esto ocurre a otra velocidad, entre otras razones por los altos costos de equipos, plataformas y programas.
La brecha digital contribuirá a hacer más grande la brecha cultural y fortalecer el mito de que la educación privada es mejor que la pública. Sabemos que sólo unas cuantas instituciones privadas —de larga trayectoria y compromiso con la educación— cuentan con algunos programas de excelencia. Por esa razón, las universidades públicas deben fortalecerse y buscar la manera de otorgar a sus estudiantes conocimientos y capacidades de alto nivel, de manera que los mercados laborales no opten por decantarse, con sesgos y prejuicios, por los egresados de las instituciones privadas.
Los reclamos de la comunidad estudiantil de BUAP deben entenderse, así, no solamente de manera coyuntural. Son el reclamo, legítimo, válido, de generaciones de jóvenes que quieren forjar un México distinto pero que no encuentran suficientes ni alentadoras las estructuras en las que transcurre su formación. No hay de otra: las universidades públicas deben ingresar dos o tres veces los recursos con los que tradicionalmente han venido funcionando.
Es urgente prestarle mayor atención a la educación universitaria pública en México.
callesantillana215@gmail.com
X: @JCallesS
FB: Jorge Alberto Calles Santillana
Tik-Tok: @jorgecallessantillana