La primera semana del nuevo periodo del presidente Donald Trump en el poder ha sacudido hasta los cimientos del sistema migratorio mexicano. Ahora, ante la imposibilidad de obtener citas a través de la aplicación CBP One y el temor a ser deportados, numerosos migrantes han comenzado a reconfigurar sus proyectos migratorios, optando por establecerse en México.
Esta tendencia, que refleja un cambio significativo en los patrones de movilidad, se ha intensificado en los últimos años.
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De acuerdo con el comisionado Francisco Garduño, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más de seis millones de personas permanecieron en territorio mexicano, y las proyecciones sugieren que esta cifra seguirá en aumento.
Prueba de ello es la saturación de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). En Naucalpan, Estado de México, se vive una crisis: hasta 3 mil migrantes han abarrotado el centro de atención, aunque su capacidad máxima diaria es de solo 300 personas. Para garantizar ser atendidos, muchos han decidido dormir en los alrededores. La mayoría busca regularizar su estancia en México, aspirando a una vida legal y al acceso a un empleo formal.
Los migrantes que saturan estas oficinas provienen principalmente de Haití, Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras, pero también hay personas de Colombia, Ecuador, Nicaragua y Chile. Esta diversidad refleja una realidad regional marcada por el éxodo masivo. Durante 2024, la COMAR registró 78 mil 975 solicitudes de protección, siendo las oficinas de Tapachula, Chiapas, las más demandadas, con 50 mil 742 solicitudes. Les siguen la Ciudad de México (14 mil 367) y Tabasco (4 mil 537).
En cuanto a nacionalidades, los hondureños encabezaron las solicitudes (27 mil 888), seguidos por cubanos (17 mil 884), haitianos (10 mil 853), salvadoreños (5 mil 479), venezolanos (5 mil 419) y guatemaltecos (3 mil 725). Estas cifras evidencian cómo México se ha convertido en un refugio para quienes no logran llegar a Estados Unidos.
Pero, ¿qué está ocasionando estas marejadas humanas?
Es innegable que nuestros vecinos del norte han contribuido a exacerbar las condiciones de desigualdad en Centro y Sudamérica.
Hay que decirlo con todas sus letras, Estados Unidos y Canadá han tenido un papel significativo en la configuración de las realidades políticas y económicas de varias naciones latinoamericanas, contribuyendo a la corrupción gubernamental y al establecimiento de industrias extractivas que han generado daños ambientales y sociales.
En países como Honduras, Guatemala y El Salvador, la intervención estadounidense ha influido en la consolidación de gobiernos que, en ocasiones, han priorizado intereses extranjeros sobre las necesidades de sus poblaciones. Esta dinámica ha facilitado la entrada de empresas transnacionales dedicadas a la minería y al fracking, prácticas que han provocado la degradación del medio ambiente y la desposesión de comunidades locales. Más de la mitad de la inversión minera canadiense en el exterior se concentra en América Latina con ochenta grandes proyectos en la región.
Estas actividades extractivas no solo deterioran el entorno natural, sino que también afectan la salud de las personas y limitan las oportunidades económicas locales. Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el fracking se está expandiendo rápidamente en América Latina, y si se desarrolla sin control, podría causar daños irreparables al ambiente y a la salud humana.
La presencia de estas industrias ha contribuido a la escasez de fuentes de empleo sostenibles y a la inseguridad alimentaria, obligando a muchas personas a abandonar sus tierras en busca de mejores condiciones de vida. La corrupción asociada a estos proyectos y la violencia generada por disputas territoriales y ambientales incrementan la vulnerabilidad de las comunidades, forzando a sus habitantes a migrar. Un estudio del Vance Center destaca que la falta de transparencia y la impunidad en estos contextos agravan las violaciones de derechos humanos.
La injerencia de Estados Unidos y Canadá en América Latina, a través del apoyo a gobiernos corruptos y la promoción de industrias extractivas, ha contribuido significativamente a las crisis que obligan a miles de personas a desplazarse. Al no encontrar condiciones de vida dignas en sus países de origen, muchos migrantes ven en México una alternativa para reconstruir sus vidas, a pesar de los desafíos que ello implica.
Urgen reuniones multilaterales donde se aborde la migración desde una perspectiva integral. Se requiere cuestionar y reformar estas dinámicas de poder que perpetúan la desigualdad y la injusticia en América Latina.