Una de las implicaciones más polémicas dentro de la reforma judicial que ha sido aprobada en el Poder Legislativo es la incorporación de los jueces sin rostro con la finalidad de proteger a las personas juzgadoras en el contexto de crimen organizado para evitar presiones para fallar a favor o en contra de los acusados.
Se espera que esta iniciativa se presente todavía en este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, a pesar de tener la presión de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, las iniciativas que tengan que ver con la reforma judicial podrían ser incluidas.
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La polémica parte de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, por ejemplo, la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó que la figura de jueces sin rostro “impide conocer la identidad de la persona que juzga, así como valorar su idoneidad y competencia”. También señaló que los procesos con jueces sin rostro “suelen adolecer no solo del problema de que el acusado desconoce la identidad y la condición de los jueces, sino también de otras irregularidades como la exclusión del público, o incluso del acusado o sus representantes, de las actuaciones”.
Así también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó que este mecanismo judicial infringe el artículo 8.1 de la Convención Americana porque “impide a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y de valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se consideraban causales de recusación, de manera de poder ejercer su defensa ante un tribunal independiente e imparcial”.
Pero en el contexto que existe en México, con la violencia que se desató desde el sexenio de Felipe Calderón en 2006, se debe valorar la incorporación de esta figura juzgadora para evitar precisamente lo que la oposición ha manifestado en contra de la reforma judicial, que el crimen organizado se infiltre en el Poder Judicial, así como en presionar a los jueces que tienen a su cargo carpetas de investigación sobre actividades ilícitas.
Se espera que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sea enviada a la Cámara de Diputados en esta semana para efectuar las modificaciones a la Ley de Amparo y al Código Penal y de Procedimientos Penales para regular esta figura que dotará de protección, así como imparcialidad a las personas juzgadoras y que se eviten los clásicos “sabadazos” en los que se ponen en libertad a personas que han sido acusadas por delitos contra la salud y crimen organizado.
Confiemos que esta estrategia contribuya a construir la paz social que el país necesita y fortalecer la estrategia de seguridad nacional que la presidenta ha comenzado a instrumentar en todo el territorio mexicano.