Me parece que la mejor acción que puede tomar el nuevo gobernador Alejandro Armenta en cuanto proteste el cargo, es enviar una iniciativa al Congreso del Estado y extinguir la Secretaría de Cultura.
Todo hace ver que no cumple con los objetivos para los que fue creada. Ni protege el patrimonio material e inmaterial, ni difunde las culturas (en plural). Los creadores sobreviven en el desamparo. Las casas de cultura están en el abandono, y la participación social es una idea peregrina puesta en la ley como mero adorno.
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Más que proteger y difundir pareciera que se conspira en el sentido contrario, por incompetencia u omisión. La incompetencia, dicho por el presidente López Obrador, también es una forma de corrupción.
Recordemos que las obras de infraestructura al pie de la pirámide de Cholula y las obras del teleférico en el Centro Histórico se hicieron con la complacencia y colaboración de las dependencias de Cultura.
Queda claro que en la materia no se hace ni se hizo nada en esta administración que está por concluir, y tampoco se hizo en el pasado. Nada en ninguno de los temas que sustancian una verdadera política cultural, en consonancia con el entorno plural y diverso que es Puebla.
Un dilatado territorio en él coexiste hasta nueve naciones, con una visión e interpretación del mundo diferentes.
Hay un agravante: en materia de cultura este gobierno se caracteriza por uno de los desempeños de mayor incompetencia; para muchos supera incluso –y por mucho– a la del “profesor y licenciado” Eduardo Arroyo, quien a principios de los años noventa del siglo pasado encabezó la dependencia.
Sin el mayor bochorno, por ejemplo, la señora Nochebuena engaña al público con exposiciones y obras falsas, prende el escándalo en las planas nacionales, y aun así se promueve y dice lista para asumir el cargo de una titularidad que en términos estrictos no existe.
La promoción cultural en Puebla, que la hay y de muy buena calidad, no la hacen las dependencias de gobierno, creadas ex profeso para ello. La están haciendo, y solo por citar dos casos: el Museo Amparo, uno de los focos de imantación cultural más importantes del país, con una propuesta que compite con lo que se hace en las ciudades más importantes del mundo; y en otro nivel y dirigido a otro público, la librería y cafetería Profética.
Mucho me temo que la denominada “Secretaría de Cultura” es un acto de ilegalidad; y quien actualmente la encabeza y firma en su nombre puede estar cometiendo el delito de usurpación de funciones.
Me explico: la Ley de Cultura del Estado de Puebla, con reformas y adiciones del 26 de junio 2023, ya en el gobierno sustituto (así aparece en el cuerpo) encabezado por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sigue refiriendo como cabeza de sector al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, en base a la Reforma del 14 de febrero de 2011, fecha en que se suprimió la antigua Secretaría de Cultura para dar paso a un nuevo ente.
En ningún artículo o párrafo del cuerpo de la ley en mención se habla de secretaría. En el caso de ser como digo, el señor Enrique Gockner no sería el primer titular en encontrarse en falta administrativa grave.
Anterior a su persona hubo dos titulares más con esas funciones. Esto conlleva al desinterés o ignorancia (o una mezcla de ambas) por la cultura que históricamente ha manifestado el Congreso del Estado. A los diputados no les ha merecido la atención de elevarla a la categoría de Comisión.
En esta administración cultural, por ejemplo, sus funcionarios, en específico quien hace de secretario, violenta caprichosamente el derecho de petición de las personas, consagrado en el Artículo 8 de la Constitución (CPEUM).
Tampoco se respeta el Acuerdo del Ejecutivo del Estado, del 9 de agosto de 2019, por el cual se instruye a los titulares de la dependencias y entidades de la administración pública a dar cumplimiento al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y celebren audiencias públicas los días martes.
Acuerdo refrendado por el Congreso del Estado para municipios. Una violación de derechos no sólo contra personas comunes y corrientes, como yo, sino también de funcionarios electos, como son presidentes municipales.
Pero eso no parece ser todo. Tampoco se respetan los acuerdos debidamente firmados con anteriores titulares de esa misma dependencia con el manido recurso de mandar decir que no hay dinero. Y el poco, se colige, se utiliza para la manutención de la burocracia dorada.
No obstante, en la Ley de Egresos que emite el Congreso del Estado cada principio de año, se observan asignaciones millonarias. A eso súmele la transferencia de recursos del gobierno federal, cuya orientación y destino corre a cuenta del Estado.
Y si eso no es suficiente, Morena tiene un decálogo de principios éticos para funcionarios designados y electos emanados de ese partido, que tampoco cumplen. Como puede verse, la arbitrariedad señorea en la cultura oficial. Su titular no está regido por el principio de rendición de cuentas y de máxima transparencia. Seguro de que en su caso es de excepción: no hay mecanismos legales que lo obliguen.
Gabriel Zaid afirma que administrar la cultura desde las oficinas de gobierno es como decretar la primavera: un delirio narcisista del poder. También dice que el gigantismo cultural responde a los intereses y prejuicios del gigantismo burocrático. No habla de otro país, habla de los vicios del gremio mexicano.
Pero volvamos al punto inicial. En caso de prosperar la derogación, tendrá que ejecutarse no sobre un ente inexiste legalmente, aunque sí en los hechos, sino de un conjunto de organismos fundados durante los faustos del gobierno panistas de Rafael Moreno Valle Rosas. Esto es, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla. Y la desincorporación de los museos de la estructura gubernamental y su colocación en un fideicomiso.
El exgobernador, en materia de cultura, es recordado por el presunto daño infligido al patrimonio cultural, del que nada ha sido aclarado. Al parecer el daño cultural y patrimonial (a la hacienda pública) se mantiene en el limbo. El pico más alto lo representa el capricho llamado Museo Internacional del Barroco (MIB), uno de los elefantes blancos más vistosos y onerosos.
El gobierno del Estado sigue pagando mensualmente una millonada por unos locales que tienen un uso muy disminuido.
Por ese capricho los museos e iglesias fueron desmontados sin seguir los procedimientos y protocolos técnicos; los bienes fueron llevados para cubrir las paredes desnudas del MIB (sólo a los burócratas necios se les ocurre hacer un museo histórico sin disponer de colecciones para su funcionamiento), y luego dispersados. El caso más emblemático es el del Museo José Luis Bello y González.
¿Que hacer entonces en materia de cultura? La cultura está en la base de la vida y de la organización social. Sin ella seremos como zombis en mitad de la noche. La cultura también es imaginación crítica. El motor que dinamiza los cambios y el progreso. La invención metate hace varios miles de años es equivalente a la del internet en el siglo XX.
Por lo pronto, está el escozor ardiente entre la burocracia cultural por la persona en quien puede recaer el nombramiento para encabezar la dependencia encargada de ejecutar las acciones que caen dentro del rubro de cultura institucional.
Aclaremos en el acto que no se trata de las comunidades creadoras y hacedoras dispersas sobre el territorio. Las que otorgan sentido y caracterizan la peculiaridad de los pueblos. Las que vigorizan la identidad.
Los artistas, escritores, teatreros, artesanos, pintores, editores, chamanes, curanderos, incluso los que se aventuran en el cine, como personas y como grupos están metidos en lo suyo. En la casa, el taller, el centro ceremonial o en el café de la esquina.
El caso es que hasta ahora el gobernador electo no ha emitido ninguna comunicación que indique por dónde va su propuesta, su idea y concepto sobre qué piensa en materia de cultura. Tratándose del sector más crítico, arisco y con acceso a medios de comunicación.
Aclaremos, por si hiciera falta, que la cultura no se mueve bajo los mismos parámetros del resto de las dependencias, digamos salud o seguridad. Su naturaleza es la independencia y autonomía.
Octavio Paz lo dijo muy claramente hace exactamente 49 años. El entonces presidente Luis Echeverría hizo unas declaraciones con motivo de la inauguración de una exposición nacional dedicada a David Alfaro Siqueiros. El mandatario lamentó el individualismo de los artistas y los excitó a volver a la tradición del arte popular y social y de paso fustigó el mercantilismo artístico.
Las aseveraciones eran una declarada intromisión en unos terrenos en los que como presidente tenía vedado el ingreso.
Paz escribió un comentario que denominó Sobre la libertad del arte. Escribió que “las autoridades no tienen por qué expresar ideas de orden estético ni deben apoyar esta o aquella tendencia artística. Esta función le corresponde a la crítica, al público y a los artistas creadores”.
Al Estado toca, siguiendo a Paz, solamente subvencionar la creación. La evaluación de su desempeño toca a sus pares, al público y la crítica especializada.
@ocielmora