En términos matemáticos el cero significa la falta absoluta de cantidad, es decir el valor es nulo; sin embargo, para el Ejecutivo Federal es parte del título de un ambicioso programa denominado “Cero Impunidad”, mediante el cual trata de presionar a jueces federales y locales para que resuelvan a favor de quienes cree que son culpables, aunque carezca de capacidades y atribuciones para hacerlo, basándose únicamente en juicios de valor.
Aunque mediáticamente el título del programa es atractivo y aspiracional, en realidad es una forma de fortalecer su narrativa de que en materia de seguridad las cosas van bien y los únicos que han fallado son los jueces, magistrados y obviamente ministros, con quienes sostiene una lucha soterrada que más bien borda los linderos de la venganza. De hecho, es parte de los argumentos que finalmente dieron pie a la reforma judicial.
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Tan visceral es el tono con que ataca a los jueces que tácitamente se abroga el papel de “juez de jueces” y por lo tanto se olvida de evaluar la labor de los Ministerios Públicos y de las Fiscalías Generales de Justicia de los estados y General de la República, a las cuales ha llegado a defender o justificar con tal de tener elementos para atacar a los jueces que no comulgan con su ideología o no se alinean a sus dictados en materia de impartición de justicia.
Dicho en otras palabras, si un juez deja en libertad a un presunto delincuente detenido en lo que va del sexenio, es corrupto y merece ser exhibido desde Palacio Nacional durante las conferencias mañaneras, pero si ese mismo juez libera a alguien cercano al grupo en el poder, entonces actuó correctamente.
Se le olvida que en el proceso penal la carga de la prueba recae en el Ministerio Público y consiste en acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado, luego entonces el juez valora las pruebas y si estas no son suficientes o no cumplen con los requisitos de objetivas, unívocas y singulares tiene que poner en libertad al detenido por más reclamos y recuerdos del 10 de mayo que reciba.
Por lo pronto en el informe de avance de “Cero impunidad” del día de ayer, cuatro jueces fueron señalados de favorecer a presuntos delincuentes”, tres del orden federal y uno de la Ciudad de México; sin embargo hasta ahora no hemos visto aparecer en las pantallas de Palacio Nacional a un Ministerio Público o un policía investigador que no haya logrado recabar las pruebas en contra de un imputado y también sean “quemados en leña verde”.
Pero vayamos al grano. En ningún país del mundo existe lo que aquí se hace llamar “Cero impunidad”, siempre hay una cantidad de delitos que no se denuncian e integran la famosa “cifra negra”, otra cantidad en la que pese a ser denunciados no se identifica y tampoco se detiene a nadie. Una tercera categoría es aquella en la que habiendo detenido al probable responsable no se le puede iniciar una Carpeta de Investigación o un proceso penal por falta de pruebas, y una última es aquella que siendo sujetos a proceso al final la policía investigadora y el Ministerio Público no logran reunir las pruebas suficientes o simplemente no las hay y las personas privadas de su libertad tienen que ser liberadas mediante sentencia fue absolutoria.
La suma de lo que no se denuncia, lo que se denuncia pero no inicia una Carpeta de Investigación, lo que inicia proceso penal pero al final no se le puede comprobar responsabilidad penal alguna y mucho menos sentenciar en forma condenatoria, da como resultado lo que se conoce como impunidad y en el caso de México no es ni ha sido nunca de cero, por lo que como discurso se puede repetir hasta el cansancio para convencer a los votantes o formar parte medular de una narrativa como la del actual gobierno, pero ésta se acercará cada vez más al cien por ciento antes de aproximarse al cero.
Cifras proporcionadas por las organizaciones no gubernamentales ‘Impunidad cero’ y ‘México Evalúa’ a finales de marzo del año en curso indican que en promedio la impunidad en homicidios dolosos en México es del 90%, es decir que solo se detiene, procesa y se obtiene sentencia condenatoria en uno de cada diez casos de homicidio calificado.
Con información recabada en Fiscalías y Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, ‘México Evalúa’ señala que en 2022 la impunidad en materia de homicidio doloso fue del 95.7%, es decir que solo en el 4.3% los presuntos responsables de este tipo de delito fueron detenidos, procesados y sentenciados. Nada que ver con la “Cero impunidad”, más bien 4.3% de efectividad.
Si de algo sirven las cifras anualizadas de ‘México Evalúa’ en materia de asesinatos, aquí se las comparto: en 2016 la impunidad en México fue del 86.6%; en 2017 fue del 89.5%; en 2018 fue del 89%; en 2019 fue del 89.6%; en 2020 fue del 94.4%; en 2021 fue del 91.4% y en 2022 fue del 95.7%
Pero si asociamos la “cifra negra” con la impunidad, ésta se va hasta el 99.98% de las extorsiones, incluyendo el “cobro de piso”, mientras el secuestro se ubicó en 98.7%, ambas durante 2022, que es la cifra más reciente calculada a partir de los datos de INEGI (ENVIPE) y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Después de conocer estas cifras, alguien cree que el eslogan de “Cero impunidad” tenga que ver con la realidad o solamente vive en el mundo de los otros datos.