Hace unos días hubo un robo a un inmueble comercial en la madrugada, cometido por el mismo vigilante contratado para seguridad del lugar y detenido en flagrancia, hecho común, cotidiano como muchos más que suceden en el municipio de Puebla, herencia del candidato a gobernador del PRI y PAN, Eduardo Rivera Pérez.
El calvario para las personas afectadas inicia cuando el policía (elemento perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla) que detuvo en flagrancia a la persona que estaba adentro del inmueble e intentando robar, decidió que no detendría al ladrón (quien era el guardia de seguridad privada) pues no era un delincuente, sino que se trataba de una víctima, porque lo encontró en una video llamada por celular con otra persona quien le indicaba que siguiera golpeando la caja fuerte para abrirla. Ante esta escena, el policía captor imaginó que se trataba de una extorsión en contra del vigilante, y de ahí la condición de víctima del guardia de seguridad privada. En ese momento, el policía, olvidó que la acción que estaba desarrollando el ladrón, motivó un agravio a la sociedad por ese hecho ilícito, aunado a que estaba dañando el patrimonio de otras personas y los dueños del negocio que habían contratado a ese guardia de seguridad, para precisamente, evitar este tipo de delitos en su contra.
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Para el elemento de seguridad pública, “su creencia” fue suficiente para no detener a la persona y mucho menos que se remitiera bajo la hipótesis de “flagrancia” del hecho, causando un obstáculo casi infranqueable en el proceso y en contra de los dueños del negocio, para lograr el desarrollo idóneo de la investigación para determinar la responsabilidad del probable ladrón (lo grave es que el policía argumentó que era parte de los “protocolos” que hacían, cuando detectaban esos casos) haciendo sistemática la revictimización en automático cuando se trataba de situaciones similares. Esta simple percepción y actuar unilateral, sin mayores bases y totalmente fuera de la competencia y atribuciones del policía, dio nacimiento a la revictimización de los dueños del inmueble y reales víctimas. El policía en cuestión al ser el primer respondiente al hecho, adquiere un papel fundamental con su dicho para sentar las primeras líneas de investigación.
Al insistir en que no podía detener al ladrón en flagrancia, bajo su unilateral y arbitraria opinión, no tomó en consideración a las verdaderas víctimas, quienes además de esta afectación patrimonial, comenzaron a enfrentarse a la estructura deficiente, indolente, lenta, apática e inoperante de todo un sistema de seguridad pública viciado de origen y agravado por la falta de capacitación, escuchar hablar al candidato Eduardo Rivera que está generando muchos policías en poco tiempo, frente a lo que se vive en realidad, es un peligro para todas las personas que viven o transitan por Puebla capital, sacar policías sin una verdadera capacitación que debe llevar su tiempo, solo motiva la revictimización y afectación al pueblo, no se trata de cantidad sino de calidad del personal que está dedicándose a esta labor tan necesaria para toda la sociedad.
Desde ahí la afectación directa a las víctimas se potenció imparablemente. El policía, tuvo que llamar a su supervisor para que se presentara y se le explicara qué fue lo que sucedió, posterior se decidió remitir al ladrón por la flagrancia del hecho a Rancho Colorado; de ahí mandarlo al C5 para que finalmente interviniera el Ministerio Público, a quien sí le compete elaborar una hipótesis formal de la situación jurídica de la persona detenida y las condiciones de hecho.
Esta historia comenzó su primera etapa un domingo en la noche hasta las 8:00 de la mañana del lunes siguiente, tiempo en cual se ingresó al inmueble, se discutió con el policía, se llamó al supervisor, el traslado a Rancho Colorado, seguido del trayecto a C5, inicio de trámites administrativos y de investigación ante el agente del ministerio público entre los encuentran la declaración del representante legal del inmueble, todo esto bajo una situación de desconcierto, sin información y privación de derechos fundamentales para las verdaderas víctimas como lo son la comunicación y portación de objetos personales como los teléfonos celulares (ya que toda persona que ingresa a las instalaciones de C5 en estas desafortunadas circunstancias no puede ingresar con este tipo de dispositivos, aunado a que no existen instalaciones adecuadas para su permanencia), sin dejar de mencionar la poca o nula practicidad e idoneidad de las instalaciones para la atención a las personas en general, mucho menos existe atención focalizada para las víctimas, dejándolas a su suerte en todos los procedimientos que no tendrían la obligación de saberlo las víctimas, esto termina motivando la no denuncia, el abandono de las causas jurídicas, la puerta giratoria y finalmente la impunidad de los delitos que se cometen, la siguiente etapa, la de la judicialización de la carpeta de investigación es otra carga delicada que la víctima tiene que enfrentar, pero eso es materia de otro artículo.
Todo esto ha sucedido en un caso de bajo impacto de un delito que no fue consumado, donde no hubo sangre, pérdida de vidas humanas, lesiones lamentables e irreparables. Todo esto les sucedió a víctimas que pueden hablar, que pueden trasladarse, que tienen acceso a medios de comunicación como estos, que cuentan con recursos y medios que les permita atender con limitaciones esta situación.
Mi pregunta es: ¿Viven lo mismo aquellos familiares de personas desaparecidas, asesinadas, secuestradas, víctimas de robo con violencia, violencia de género, feminicidios, violencia por discriminación?, porque si eso es así, lo que sucede en todo el sistema de seguridad y justicia en el estado es un área de oportunidad que de manera urgente tiene que cambiar favoreciendo el principio pro persona, respetando el control de convencionalidad y enfocarse en que primero es la víctima y después el arcaico sistema y protocolos que solo victimizan a la sociedad, porque las personas se ven involucradas de manera involuntaria en sus procedimientos internos, en los cuales, no solo no se logra atención, protección y mucho menos reparación y justicia, sino por el contrario, se corre el riesgo de pasar de ser víctima a inculpado por la mala costumbre que tienen los primeros respondientes para ajustar sus declaraciones a su conveniencia, presionando a las víctimas a firmar declaraciones que no siempre se acercan a la realidad poniendo en posición de riesgo a la víctima por entrar en supuestos de falsedad de declaraciones que a modo hizo la policía para liberar al responsable o cubrir su ineptitud.
Es claro que la cantidad no siempre va de la mano de la calidad por lo que le pedimos a Eduardo Rivera candidato del PAN no presuma a sus nuevos policías porque no hay algunos que salen son muchas carencias para realizar su actividad, motivando la revictimización de las verdaderas víctimas.
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