En días pasados vi alguna publicación donde se me denominaba como “el abogado del diablo”. Por ello, creo bastante prudente hablar al respecto. Para los que presumimos que sabemos un poco de latín: “advocatus diaboli” es una figura en el derecho canónico en los juicios que hace la Santa Sede para la canonización de una persona, es decir, para llevarla a los altares. La figura propiamente se denomina “Promotor de la fe”, la cual fue modificada en la reforma al Código de Derecho Canónico por el gran San Juan Pablo II en 1983.
¿Por qué se le conoce con ese nombre? ¿Cuál era su función? El nombre deriva a que era contra parte del Abogado de Dios, que propiamente es el promotor de la causa. La tarea del abogado del diablo era argumentar y cuestionar sobre la veracidad de las virtudes o milagros que se le adjudicaban a la persona que se pretendía llevar a los altares. Es decir, revisaba minuciosamente las evidencias para que quien fuera llevado a los altares, en verdad fuera un cristiano ejemplar.
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Comúnmente y en congruencia con la figura de origen, el abogado del diablo es efectivamente aquel que queriendo lo mejor para el asunto del que se trate, cuestiona y critica alguna posible acción o decisión. Sin duda, no se equivocan, y para hacer mi trabajo como Síndico Municipal, he tenido que jugar ese rol de abogado del diablo. Puedo presumir que conozco la situación legal y política del municipio como muy pocos lo pueden hacer.
Se han resuelto temas como el predio de San Damián o los predios que ocupa hoy el Tianguis de San Martín. Otro de los temas en los que he participado y quizá jugado el rol de abogado del diablo, es en la reglamentación del servicio de grúas. San Martín es de los únicos municipios que cuenta con una “Norma Técnica” que regula el servicio de grúas que presta el Ayuntamiento por sí mismo o a través de terceros, impulsada por quien esto escribe y aprobada en Cabildo, en la administración anterior. En esta gestión se reguló su cobro desde la Ley de Ingresos. La única vía para combatir los abusos es por medio de las instituciones; espero que la siguiente administración lo continúe haciendo.
Pero, ¿cuál es el problema del servicio de grúas? Cuando las unidades son robadas y después recuperadas, la fiscalía libera la unidad y se la entrega a la víctima del delito (que ha acreditado la propiedad del mismo), para lo cual el sujeto deberá de pagar los gastos del servicio de arrastre y depósito de la unidad. Este costo sin duda revictimiza a las personas que sufrieron de un robo en días anteriores, y por cierto queda fuera de la esfera municipal.
¿Cómo solucionar el problema? Sugiero que por medio de las instituciones, una buena propuesta podría ser que los gastos sean absorbidos por el estado. Al fin y al cabo, la principal razón del estado es la seguridad y el no haberla brindado causa gastos a los particulares. Ojalá en la siguiente legislatura algún diputado o diputada pueda proponer algún mecanismo para evitar revictimizar a la sociedad y no solamente se queden en el envío constante de exhortos estériles.
En el que se antoja que es el final del capítulo de las que parecían candidaturas fallidas. El independiente, que ha sido bastante prudente, como se los adelanté (y después de la resolución del Instituto Nacional Electoral que tuvo como consecuencia que el Instituto Electoral del Estado de Puebla le diera su registro como candidato), ha podido salir a hacer campaña. Con esto los texmeluquenses tendremos seis opciones. Habrá que estar pendiente de las propuestas y sus contrastes. Hasta entonces.
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