El tema de la seguridad es de tal relevancia para los candidatos presidenciales que va a estar presente en los tres debates presidenciales previos a la jornada electoral del 2 de junio.
Pese a que como tal solo estaba programado discutirse en el tercero de ellos (a efectuarse el próximo 19 de mayo) este fue abordado en el primero al analizar la violencia contra las mujeres en razón de género, mientras que en el segundo salió a relucir por la supuesta disminución de homicidios dolosos en la Ciudad de México, donde para evitar que se mantuviera la tendencia de la última década, en los cinco años más recientes, la mitad de los ellos fueron enviados a una nueva categoría conocida como defunciones “por eventos de intención no determinada”, a la cual fueron remitidos incluso asesinatos cometidos con arma de fuego y por estrangulamiento.
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Si bien la candidata por Morena-PT-PVEM ha intentado sacudirse el lastre que significan 185 mil 700 homicidios dolosos acumulados del 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2024, argumentando que en los últimos cinco años en la Ciudad de México los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto disminuyeron, la realidad es que jamás en la historia moderna de México se habían cometido tantos asesinatos intencionales en tan poco tiempo. Además, los delitos totales no han mostrado reducción significativa alguna excepto en 2020 con motivo de la pandemia del COVID-19, tanto a nivel nacional como en la ciudad de México.
Por su parte la candidata del frente conformado por el PAN-PRI y PRD, tampoco ha podido deslindarse de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por Felipe Calderón, a tal grado que después de doce años de haber concluido dicha administración, aún es señalada como culpable de todos los males del país, pese a que el exgobernador que solicitó dichas acciones (Lázaro Cárdenas Batel) despachó por casi cinco años en Palacio Nacional como coordinador de asesores del presidente de la República, confirmándose que una mentira dicha miles de veces termina convirtiéndose en verdad.
En cuanto al candidato de Movimiento Ciudadano, los señalamientos en materia de seguridad en su contra han sido marginales y sin impacto alguno pese a que Jalisco y Nuevo León, donde gobierna su partido, son dos de las entidades donde más violencia se ha registrado en términos de homicidios dolosos.
Sin duda que para el tercer debate la seguridad será el platillo más esperado, ya que en dicha coyuntura convergerán dos variables por demás candentes, la primera es el más reciente libro de Anabel Hernández, a quien en el inicio del actual sexenio el titular del Ejecutivo federal calificó como “una profesional del periodismo y valiente, es una mujer excepcional; ha hecho trabajos de investigación de primer orden”, todo ello mientras hablaba se sus villanos favoritos, pero ahora que el “chicote” se ha volteado, no será lo mismo, como ya lo adelantó en la conferencia mañanera del lunes 29 de abril.
La segunda variable será la eventual extradición del general Eduardo León Trauwitz (para ser juzgado solo por los delitos que Canadá considere sustentados en la solicitud) a quien este gobierno acusó de ser el responsable del robo de combustible y desabasto registrado en enero de 2019; pero cosa extraña, su detención no frenó las tomas clandestinas ni la sustracción ilícita de sus terminales de almacenamiento, que siguieron incrementándose hasta que mejor fueron cambiados los indicadores de medición. Total que habrá que investigar porqué si la medicina que recibió el enfermo (PEMEX) no lo curó, entonces el problema no era la medicina, mucho menos el paciente, sino el médico “matasanos” que lo atendió.
Pero volviendo al debate presidencial pendiente, si el formato no cambia sustancialmente, estaremos ante un escenario de mayor confrontación con datos cada vez más sustentados y proyectos más acabados, ya que por parte de la candidata oficialista la oferta es seguir por la misma ruta de la violencia exacerbada y seguir apostando únicamente a la atención de las causas, mientras que la del PAN-PRI-PRD será recuperar el estado de derecho que no es otra cosa que la aplicación de la ley (por eso se escribe con “e” minúscula y no con “E” mayúscula como si se tratara de un nuevo Estado nación), ante un México teñido de rojo y no el mundo color de rosa que esta administración nos quiere vender.
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